[dropcap]E[/dropcap]l acceso al crédito en República Dominicana sigue siendo constreñido por diversos factores, incluyendo las dificultades en la constitución y ejecución sobre las garantías mobiliarias (es decir, cualquier otra garantía que no se inscriba sobre un inmueble).
Por eso, entre los proyectos de ley prioritarios para este 2017 se debería incluir el de garantías mobiliarias, el cual representaría un importante avance en la materia y redundaría en un abaratamiento de los costos del crédito en el país.
El anteproyecto de ley prevé el establecimiento de un registro único de garantías mobiliarias, el cual será accesible por métodos electrónicos.
Dicho registro tendría dos funciones principales: en función de la fecha de la inscripción de la garantía, se establecería el orden de prelación de los acreedores sobre el bien otorgado en garantía, y funge como publicidad efectiva, para fines legales, de las garantías registradas, de tal forma que cualquier potencial acreedor esté informado sobre los gravámenes existentes en los bienes que podrían ser otorgados como garantías.
Por igual, este registro único sustituirá múltiples registros -principalmente administrados de forma física- existentes establecidos por distintas leyes. Será público, y se podrá acceder al mismo para consultas sin costo alguno (salvo casos limitados), aunque el mismo puede ser gestionado de manera privada (como, a modo de ejemplo, el Registro Mercantil).
Asimismo, no se exigirán formalismos exagerados para la constitución de las garantías, y podrán otorgarse a través de formularios electrónico que serán completados con los datos necesarios para el tipo de garantía que se trate.
Otro beneficio del anteproyecto de ley es que no limita el tipo de propiedad mobiliaria que podría otorgarse en garantía, ya que el mismo establece que se podrán constituir garantías sobre “cualquier bien o derecho al que se le atribuya un valor pecuniario”. Esto sería un gran avance respecto a la normativa actual, que más bien tiende a limitar esta posibilidad.
Por otra parte, el procedimiento que contempla el anteproyecto para la ejecución de las garantías mobiliarias da oportunidad a las partes de escoger métodos alternos de solución de disputas, e incluso establece la posibilidad de ejecuciones sin intervención judicial, manteniendo el deudor su derecho a invocar sus objeciones ante los tribunales.
Aún en los casos de ejecuciones judiciales, el anteproyecto contempla un proceso expedito y flexible, lo que constituiría una mejora al sistema actual.
