No se sabe por qué todos los sectores representativos de la sociedad, incluyendo empresarios, industriales, comerciantes, líderes comunitarios y hasta sacerdotes le dieron el sí a la necesidad de hacer una reforma fiscal ante la necesidad del nuevo gobierno de disponer de los recursos necesarios para cumplir con sus promesas de campaña, entre las que está otorgar el 4% del producto interno bruto (PIB) a la educación y así cumplir, por primera vez, con la ley 66-97.
El presidente Danilo Medina, haciendo un uso de su vocación democrática, ha convocado a todos los sectores a discutir lo que en principio sería un pacto fiscal. El objetivo principal es lograr una reforma fiscal integral que incluya una reducción significativa del gasto público, pero al mismo tiempo eficiencia y equidad en la utilización de los recursos.
La tarea no es fácil para nadie. El país se ha acostumbrado a gastar por encima de sus posibilidades. Los déficits acumulados en los últimos años (más de RD$300,000 millones en los últimos siete años) son la prueba de que algo no andaba bien entre lo que entraba al fisco y lo que se gastaba.
Ahora el reto es ajustarnos a la realidad que tenemos sobre nuestros hombros y que olfateamos en cada esquina. En términos de infraestructura República Dominicana ha dado cátedras a las naciones vecinas, pero no así en la calidad de la educación.
La realidad es dura, como dijo el Presidente, pero se necesitan muchos recursos para mantener el estatus. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Educación ha elaborado un presupuesto de RD$99,648 millones para cumplir con el 4% del PIB para la educación preuniversitaria. Esta cantidad es más de un 70% respecto a los RD$58,000 millones que recibió este ministerio en 2012.
No hay que ser un erudito para saber que sólo con esta partida presupuestaria nos damos cuenta de que la necesidad de recursos es grande. Sumemos lo que debemos destinar en el pago de deuda y amortizaciones (más de RD$70,000 millones), subsidio al sector eléctrico (RD$40,000 millones) y por ahí seguimos. En resumen, en seis partidas se van RD$374,000 millones, sin incluir Obras Pública, Salud, Cultura, Agricultura, Ayuntamientos, Relaciones Exteriores y otros.
Lo que demanda el país en estos momentos es una carga profunda de sensatez de todos los sectores responsables de lograr una reforma fiscal profunda. Hay necesidad de recursos. Todos sabemos que el gobierno tiene por delante el reto de sacar a esta economía a flote, pues un déficit que terminaría este 2012 sobre los RD$184,000 millones choca de frente con cualquier deseo de desarrollo.
¿Qué es lo que no se sabe? ¿Cómo es posible que ahora todos los que apoyaron la propuesta de reforma fiscal le den la espalda a esta iniciativa? Vemos como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), que es la sombrilla del sector privado, rechaza el proyecto sometido por el gobierno. En principio había apoyo de todos, pero ahora nadie quiere poner su cuota. Suponemos que nadie quiere una reforma al revés.