La Superintendencia de Bancos (SB) dispuso nuevas reglas que limitarán la visibilidad de deudas en la Central de Riesgos, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito formal en República Dominicana.
A partir del 5 de mayo de 2026, la información negativa de créditos no cancelados dejará de mostrarse en la consulta crediticia luego de cuatro años desde su vencimiento o reporte, salvo en casos de deudores en proceso de reestructuración o liquidación judicial.
Sin embargo, la institución aclaró que esta disposición no implica la eliminación ni la prescripción de las deudas. En ese sentido, precisó que las obligaciones pendientes mantienen su validez, exigibilidad y ejecutoriedad conforme a la legislación vigente, y que los derechos de cobro de las entidades financieras permanecen intactos.
Detalla que la normativa no elimina las obligaciones pendientes ni afecta los derechos de cobro de las entidades financieras, pero reduce el impacto del historial negativo en la evaluación crediticia de los usuarios.
“Las entidades de intermediación financiera podrán mantener sus registros crediticios y reportes internos conforme se realizan a la fecha”, precisa el documento emitido por la entidad que dirige el superintendente Alejandro Fernández Whipple.
La disposición, contenida en la Circular SB-CSB-REG-2026000006, se fundamenta en principios constitucionales como el derecho a la intimidad, el honor personal y la autodeterminación informativa, así como en el marco legal vigente en materia de protección al usuario financiero y tratamiento de datos personales.
Asimismo, la circular establece que la normativa aplica exclusivamente a la visibilidad de la información en la Central de Riesgos administrada por la Superintendencia, sin afectar los registros internos ni los criterios de reporte de las entidades de intermediación financiera ni de las Sociedades de Información Crediticia.
La Central de Riesgos es una herramienta clave para la supervisión del sistema financiero, ya que permite consolidar y organizar la información sobre el comportamiento de pago de los usuarios, facilitando una evaluación objetiva del riesgo crediticio y contribuyendo a la estabilidad financiera del país.
La Superintendencia destacó que esta iniciativa busca equilibrar el uso de la información crediticia con la protección de los derechos de los usuarios, promoviendo al mismo tiempo una mayor inclusión financiera.
Asimismo, reiteró que continuará implementando medidas orientadas a fortalecer la transparencia, la confianza y el acceso equitativo a los servicios financieros en el país.
