Las motocicletas se han consolidado como uno de los principales medios de movilidad y sustento económico para miles de familias dominicanas, especialmente en sectores de menores ingresos. Sin embargo, el crecimiento acelerado del motoconcho y la débil aplicación de las normas de tránsito han convertido la seguridad vial en una de las problemáticas urbanas más críticas del país.
Al cierre de 2024, unas 213,450 familias dependían económicamente de actividades realizadas con o en motocicletas, que generó 185,151 empleos, impulsados principalmente por el crecimiento del motoconcho (84.4%) y de los servicios de mensajería y delivery, de acuerdo con datos de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Motocicletas (Afamoto).
En paralelo, aumenta la percepción de inseguridad entre conductores y peatones. Un estudio reciente de la Fundación Movilidad Vial Dominicana (Movido) revela que el 96% de los capitaleños siente miedo, inseguridad o temor a represalias por parte de motoristas debido a incidentes registrados en las vías públicas. Además, el 86% aseguró sentirse intimidado o vulnerable al desplazarse por las calles.
Para Hernán Paredes, presidente del Sistema Inteligente de Transporte Dominicano (ITS-Dominicano) y exdirector del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi) del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la raíz del problema no está únicamente en la infraestructura vial, sino en la ausencia de voluntad política para aplicar las normas existentes.
“La crisis de seguridad vial responde principalmente a la falta de recursos económicos y voluntad política para implementar medidas efectivas de prevención y fiscalización”, afirmó Paredes durante una entrevista concedida al periódico elDinero.
Paredes explicó que, aunque desde 2017 el país cuenta con la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como con más de 20 reglamentos derivados de esa legislación, la mayoría de las disposiciones continúan sin ejecutarse.
“Menos del 50% de lo que establece la Ley 63-17 se ha implementado”, sostuvo, al advertir que en 2025 las motocicletas representarían más del 70% de las muertes por accidentes de tránsito en República Dominicana.
Componente político
Más allá del problema vial, el presidente del ITS-Dominicano considera que existe un componente político que dificulta la regulación del sector. “Las guerras se ganan con dinero, pero también existe un tema de voluntad política, porque los motoconchos son vistos como votos electorales”, afirmó.
Según el especialista, ningún Gobierno ha querido asumir el costo político de aplicar controles más estrictos sobre el sector motociclista, pese al impacto que tiene en la seguridad vial y en la percepción de orden ciudadano.
Paredes advirtió, además, que la problemática afecta incluso al turismo, uno de los pilares de la economía dominicana. Recordó que el fundador del Grupo Puntacana, Frank Rainieri, ha señalado que aumentar el gasto promedio de los turistas requiere incentivar su desplazamiento dentro del país, algo que se dificulta cuando moverse por las vías representa un riesgo.
“Para que el turista gaste más tiene que desplazarse, pero hoy trasladarse por las carreteras dominicanas implica un peligro por los niveles de inseguridad vial”, puntualizó. De hecho, la siniestralidad vial en el país es tan elevada que llegó a superar las muertes provocadas por la pandemia del covid-19. De acuerdo con estadísticas del Opsevi, entre 2020 y 2022 la pandemia dejó 4,384 fallecidos, mientras que los accidentes de tránsito cobraron 8,599 vidas, un 96% más.
Una legislación con poca ejecución
El ingeniero civil lamentó que la seguridad vial nunca haya ocupado un lugar prioritario dentro del Presupuesto General del Estado. “Uno de los mayores intentos por abordar esta problemática de manera integral y científica fue la aprobación de la Ley 63-17, pero si se analiza su aplicación en los nueve años que lleva vigente, ni siquiera un 50% de lo que contempla se está ejecutando”, recalcó el experto en movilidad.
A su juicio, el país continúa gestionando el tránsito de forma improvisada y con escaso apoyo tecnológico. “Todavía estamos manejando el tránsito de una urbe tan compleja de manera artesanal, mientras agentes de la Digesett permanecen debajo de los semáforos dirigiendo vehículos”, señaló.
Paredes consideró necesario retomar el proyecto de modernización de la red semafórica, incorporando sistemas inteligentes capaces de monitorear en tiempo real el flujo vehicular mediante cámaras, sensores y software de inteligencia artificial.
“La ley establece explícitamente que debemos utilizar sistemas inteligentes de transporte. Sin tecnología es imposible enfrentar el nivel de congestionamiento y desorden que vivimos actualmente”, indicó.
Comportamiento agresivo
Aunque reconoció que podría existir deficiencias en señalización, iluminación y mantenimiento vial, Paredes insistió en que el principal factor de riesgo sigue siendo el comportamiento de los conductores.
De acuerdo con datos del Opsevi, entre las vías con mayor índice de siniestralidad figuran la autopista Duarte, la carretera Sánchez, la autopista Las Américas y la autopista 6 de Noviembre. “Muchas carreteras parecen casas de terror durante la noche por la falta de señalización y el comportamiento imprudente de los usuarios”, afirmó.
El estudio de Movido también refleja altos niveles de tensión entre motociclistas y conductores. El 78% de los encuestados aseguró haber vivido situaciones de conducción agresiva por parte de motociclistas, mientras que el 73% dijo sentirse inseguro cuando un motorista circula demasiado cerca de su vehículo.
Asimismo, el 58% considera que la falta de fiscalización ha contribuido al incremento de conductas temerarias. “Se está normalizando una cultura de salvajismo entre algunos motociclistas”, expresó Paredes.
Este tema forma parte de la serie de reportajes “Asfalto letal: El insostenible saldo hu-mano y económico de la inseguridad vial en RD”.
