Un informe reciente de la Superintendencia de Bancos (SIB) de la República Dominicana revela un panorama auspicioso en cuanto al financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
En efecto, y según lo planteado en el informe de marras, al cierre de abril de 2026 se evidencia una aceleración crediticia, una reducción en los costos financieros y una relativa estabilidad en los indicadores de riesgo en cuanto a la cartera de préstamos que conforma este importante sector de la economía.
De hecho, se afirma que la cartera de crédito comercial destinada a las mipymes alcanzó un saldo adeudado de RD$576,837 millones, consolidándose como un actor clave al representar el 44.2% del saldo de la cartera comercial privada del sistema financiero nacional. Este monto equivale a un crecimiento interanual nominal del 9.1% (3.8% en términos reales), lo que refleja una notable aceleración respecto al dinamismo registrado en el mismo período del año anterior.
Sin embargo, el estudio de la SIB también destaca que el comportamiento interno de esta cartera muestra realidades heterogéneas. Por ejemplo, las medianas empresas lideraron sólidamente la expansión con un incremento real del 12.5%, seguidas por las microempresas que crecieron un 6.7%.
En contraste, las pequeñas empresas y la categoría “Otros Pyme” experimentaron contracciones reales de -5.6% y -5.8%, respectivamente. A pesar de esto, las pequeñas empresas muestran una clara tendencia de recuperación tras haber tocado fondo en meses previos, respaldadas por un incremento del 2.1% en su número de deudores únicos.
Geográficamente, el financiamiento refleja una marcada disparidad tanto en volumen como en ritmo de crecimiento. La región Metropolitana continúa concentrando la mayor parte de los recursos, con el 55% de la cartera total, seguida por la región Norte con un 25.7%, en tanto la región Este se posicionó a la vanguardia con una extraordinaria expansión del saldo adeudado del 66.9% interanual.
Una de las noticias más favorables es el descenso que ha ocurrido en la tasa de interés promedio ponderada para las mipymes, que se redujo al 13.5%, lo que representa una baja de 0.9 puntos porcentuales frente a abril de 2025.
Hasta ahí todo muy bonito y muy bien ubicado, pero ¿qué pasaría si, de repente, nos toca un fenómeno de la naturaleza, tipo los ocurridos en Venezuela la semana pasada? ¿Cuántas mipymes correrían el riesgo de desaparecer por no tener un seguro ante desastres naturales? ¿Cuánto dinero de esta cartera de crédito comercial se perdería y cuántos empleos dejarían de existir? Sé que estas preguntas son provocadoras y, hasta cierto punto, alarmistas, pero sucede que la nación dominicana está situada encima de fallas tectónicas activas, similares a las que provocaron los sismos del país vecino, y un fenómeno similar puede ocurrir en cualquier momento.
De ahí la necesidad de crear instrumentos de mitigación de riesgos ante desastres naturales de modo que se reduzca la vulnerabilidad del crédito.
Si un evento devastador afectara al país, la interrupción en el 98.5% del tejido empresarial provocaría una crisis de desempleo y desabastecimiento inmediata. Por tal razón, proteger a las mipymes con instrumentos de transferencia de riesgo no es un lujo, es una medida de seguridad nacional para evitar el colapso del 32% del PIB.
