República Dominicana acaba de abrir una nueva etapa en su apuesta por las alianzas público-privadas (APP). Una reforma que busca reducir a entre 10 y 18 meses procesos de evaluación, licitación y adjudicación que hoy pueden extenderse entre 24 y 76 meses. También crea un fondo especializado para preparar proyectos y fortalece la capacidad de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) para estructurarlos desde etapas tempranas.
Reducir esos tiempos puede ayudar. Meta RD 2036 requerirá más inversión y capacidad de ejecución que no puede descansar solo sobre el presupuesto público. Pero la experiencia regional muestra que una buena regulación, por sí sola, no garantiza buenos proyectos.
El Infrascope 2023/24, un índice comparativo elaborado por Economist Impact con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mide la capacidad de los países para desarrollar APP sostenibles y eficientes. República Dominicana ocupa la posición 13 de 26 países de la región, con un contraste importante: alcanza 86.8 puntos en regulación e institucionalidad, sexto lugar regional, frente a 34.2 en preparación y sostenibilidad de proyectos y 27.7 en evaluación de desempeño e impacto.
La medición deja una señal útil: hemos avanzado más en construir las reglas que en desarrollar toda la capacidad necesaria para convertirlas sistemáticamente en proyectos maduros. La reforma puede ayudar a cerrar parte de esa brecha si, además de acortar procesos, mejora la calidad de los proyectos con antelación.
Y ahí importa el orden. Primero hay que determinar si un proyecto responde a una prioridad nacional y genera suficiente valor económico y social. Solo entonces corresponde decidir si una APP es lo conveniente. El capital privado tiene un costo y los contratos pueden comprometer recursos y riesgos durante décadas. Su conveniencia debe demostrarse frente a las alternativas.
La capacidad pública tampoco termina con la firma. Una APP exige gestionar contratos durante años, supervisar niveles de servicio y administrar renegociaciones. La próxima etapa debería concentrarse en una cartera vinculada a las prioridades de 2036, mejores estudios antes de salir al mercado, transparencia sobre riesgos fiscales y seguimiento de resultados a lo largo del contrato. Las APP pueden movilizar capital hacia sectores estratégicos, pero su éxito no se demostrará por cuántas firmemos ni por cuánto tardemos en hacerlo, sino por el valor público que logremos generar con ellas.
La verdadera prueba vendrá después: que dentro de una o dos décadas esos proyectos sigan ofreciendo los niveles de servicio comprometidos, con riesgos fiscales manejables y resultados que justifiquen la decisión de haberlos estructurado como APP. Pasar de las reglas a los resultados supone, precisamente, construir esa capacidad.
