“No hay nada tan inútil como hacer eficientemente aquello que no debería hacerse”. –Peter Drucker
En la entrega anterior sostuvimos que la calidad educativa no puede medirse por cuánto se gasta o distribuye ni por cuántas mipymes participan en sus licitaciones. Lo mismo vale para la propia estructura del Inabie. Si convenimos en que el estudiante constituye el bien mayor, la nómina, al igual que los contratos, el presupuesto o la tecnología, solo puede justificarse por el aporte marginal y verificable que cada uno de esos recursos hace al cumplimiento de la misión institucional.
Los datos recientes merecen una explicación. En marzo de 2025 el propio Inabie informó que contaba con 1,404 colaboradores. Para agosto de 2026, el Sistema de Administración de Servidores Públicos del Ministerio de Administración Pública (MAP) registraba 2,183 servidores y salarios mensuales por aproximadamente RD$113.1 millones. En unos diecisiete meses aparecen 779 personas adicionales, una diferencia cercana al 55.5%. Anualizado, solamente el componente salarial ronda RD$1,357 millones, sin incorporar incentivos ni otras cargas laborales.
Conviene advertir que ambas cifras responden a cortes y denominaciones administrativas que no necesariamente constituyen una serie estadística perfectamente homogénea, lo cual, por la sola magnitud de la diferencia, obliga, cuando menos, a investigar. Con más razón cuando miramos la composición de esta nómina.
De los 2,183 servidores registrados en agosto, 1,038 eran fijos, 862 transitorios, 221 pertenecían a vigilancia, 61 eran eventuales y uno se encontraba en trámite de pensión. ¡Los transitorios representaban por sí solos alrededor del 39.5%! Llama la atención igualmente la cantidad de los empleados responsables de la vigilancia.
Obviamente, nada de esto demuestra automáticamente que exista una nómina injustificada. Tampoco permite convertir cada nombramiento en prueba de clientelismo.
No puede perderse de vista que el Inabie atiende más de dos millones de beneficiarios en más de siete mil centros y necesita nutricionistas, médicos, inspectores, tecnólogos, especialistas en calidad, personal territorial y capacidad administrativa. Sin embargo, es precisamente por la magnitud de esas responsabilidades por lo que debemos preguntar qué incremento verificable de capacidad produjo un crecimiento laboral tan acelerado.
Mi experiencia de casi tres décadas en el Estado me impide observar el fenómeno con ingenuidad. Todos sabemos que durante décadas el empleo público dominicano ha sido una moneda para pagar lealtades, compromisos y favores políticos. Por lo tanto, no resulta nada descabellado formular la hipótesis de que una parte de esta expansión pudiera responder a presiones del sistema clientelar; obviamente, no sería responsable convertir esa hipótesis en sentencia antes de someterla a prueba.
El ejercicio que entendemos acertado debería reconstruir la nómina 2021-2026, identificar puestos, salarios y modalidades de contratación; separar funciones técnicas, administrativas, directivas, de apoyo y vigilancia; y comparar su crecimiento con beneficiarios, raciones, inspecciones, servicios de salud, tiempos de respuesta y resultados. Pertinente también sería examinar posibles duplicidades entre direcciones, departamentos y divisiones.
Solo entonces podríamos responder la siguiente pregunta: ¿necesita realmente el Inabie más de dos mil servidores o podría cumplir mejor su misión con una estructura más pequeña, profesionalizada, tecnificada y productiva? Los ejecutivos del Inabie de esta y cualquier otra Administración deberían acelerar la transformación digital iniciada entre 2022 y 2023.
Es un hecho comprobado en todas partes que si se digitalizan expedientes, automatizan procedimientos, integran bases de datos y mejora la trazabilidad, parte del trabajo administrativo repetitivo sin duda disminuirá. ¿Pero no resulta paradójico modernizar los sistemas mientras la burocracia continúa creciendo sin una explicación funcional equivalente?
No se trata de defender un Estado pequeño por dogma, sino de exigir que cada recurso adicional -presupuesto, empleados, estructura o tecnología- produzca una capacidad adicional verificable. Recordamos que cada puesto innecesario tiene, además, un costo de oportunidad, es decir, recursos que dejan de destinarse a alimentación, salud, supervisión, tecnología o atención a estudiantes vulnerables.
El tamaño de la institución debe responder a su misión, no al revés, y ya hemos explicado cómo esta debería entenderse correctamente.
