El 21 de octubre, en un seminario de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), la titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros (DNIDF), Lewina Tavárez Gil, enumeró señales de alerta de las estafas que circulan en redes sociales, entre ellas la promesa de rentabilidades de hasta 300%.
Ese día, la tasa de política monetaria del Banco Central estaba en 5.50% anual. Aunque ese 300% se pagara en un año, sería más de 50 veces la tasa de referencia oficial, y estos esquemas suelen prometerlo en plazos muy cortos, según la observación de la SIMV.
A mi juicio, las advertencias no bastan. Hay que encarecerle al estafador el acceso a sus víctimas y rastrear el dinero más rápido, y en ambos frentes el país ya tiene con qué empezar.
En Estados Unidos, los consumidores reportaron a la Comisión Federal de Comercio (FTC) pérdidas récord de US$15,900 millones por fraudes en 2025, y las estafas de inversión explicaron US$7,900 millones, cerca de la mitad. En esas estafas, según la agencia, las redes sociales son el canal de primer contacto más reportado, y solo se denuncia una fracción de lo perdido.
No encontré una estadística dominicana equivalente, pero los casos se repiten. Tavárez Gil citó un caso con sentencia penal y más de 300 víctimas. En Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, según relataron vecinos a un periódico local en 2025, personas que ya habían perdido dinero en un presunto esquema volvieron a entregar efectivo a la misma persona, esta vez sin recibos.
Penas de hasta 20 años
Desde agosto rige el nuevo Código Penal, Ley 74-25. Castiga la estafa piramidal con cinco a 10 años de prisión y multas de una a 20 veces el monto involucrado, y con 10 a 20 años si se promueve por redes sociales.
También castiga con cinco a 10 años a quien, sin autorización de la SIMV o de la administración monetaria y financiera, capte de forma habitual fondos del público para cederlos a terceros. La SIMV publica advertencias sobre entidades no autorizadas y desde 2023 coopera con el Ministerio Público contra los llamados esquemas Ponzi y otros delitos.
La Superintendencia de Bancos (SB) lanzó ese año la campaña Misión Centinela, y en octubre la SIMV presentó “Operación Inversión”, una obra interactiva sobre estafas.
Diez meses de ganancias
Un ejemplo muestra como son esos esquemas. Si 1,000 personas entregan RD$100,000 cada una y el operador promete 10% mensual, debe pagar RD$10 millones al mes sin producir nada. Durante unos 10 meses puede hacerlo con el propio capital de los participantes, devolviéndoles su dinero como si fuera ganancia. Cuando ese capital se agota, solo puede seguir si entra dinero nuevo, y la cifra necesaria crece con cada participante. Si el reclutamiento se frena, los pagos se detienen y los últimos en entrar pierden.
Esos primeros pagos sostienen el engaño. La DNIDF describió plataformas de inversión falsas que permiten retiros iniciales y bloquean el capital cuando el cliente intenta sacar una suma mayor. Estimo que esos retiros funcionan como un gasto de mercadeo, porque la víctima que cobró una vez recomienda el negocio.
Para ganarse la confianza del ahorrista, el engaño recurre a figuras conocidas, marcas usadas sin autorización y testimonios fabricados con inteligencia artificial, según la SIMV. Verificar en el registro del regulador toma minutos, y las ofertas “exclusivas” buscan que el inversionista no los dedique.
En Sabana Grande de Boyá aparece otro mecanismo. Quien ya perdió dinero tiende a arriesgar más para recuperarlo, una conducta que los economistas asocian con la aversión a las pérdidas. Tavárez Gil advirtió sobre la práctica de hacer nuevos depósitos para recuperar lo perdido o pagar supuestas comisiones para liberar fondos, porque entregar más dinero puede aumentar las pérdidas.
Para el ahorrista, la regla práctica es comparar. Si una oferta garantiza varias veces lo que rinden los instrumentos regulados en pesos, esa diferencia la financia alguien, probablemente él mismo o quien entre después. La DNIDF aclaró que no toda inversión que termina en pérdidas es una estafa. A mi juicio, la señal de fraude está en prometer una ganancia alta sin riesgo. Y un registro mercantil no autoriza a captar dinero del público.
El rastro en las cuentas
Para bancos y puestos de bolsa, estos esquemas dejan rastro. La DNIDF señaló como alerta una cuenta que recibe transferencias de muchas personas “para invertir” y las mueve enseguida a otras cuentas. Recuperar el dinero depende de rastrearlo antes de que se gaste.
El Reglamento de Protección al Inversionista que entra en vigencia en enero regula la publicidad de los participantes autorizados y de quienes ellos contratan. Quien capta sin autorización queda fuera de ese marco y responde ante la justicia penal; si es una estafa piramidal, también sus promotores, con 3 a 5 años de prisión. Pero la sentencia suele llegar cuando el dinero ya se entregó.
Quién publica el anuncio
En España, en noviembre de 2025, la Comisión Nacional del Mercado de Valores multó a X con €5 millones por publicar anuncios de entidades financieras no autorizadas sin verificar su legalidad. No encontré constancia de que aquí se haya pedido a las plataformas verificar para quién publican anuncios financieros, y a mi juicio es lo que más falta.
Retirar anuncios tiene límites: las cuentas se reabren con otro nombre y muchas operan desde el exterior. Aun así, cada anuncio retirado le cuesta dinero al estafador y le resta alcance.
Estimo que hay medidas que no requieren leyes nuevas: un canal coordinado entre la SIMV, la Superintendencia de Bancos y la DNIDF que reciba denuncias y permita pedir en horas el congelamiento de cuentas, y un acuerdo con las plataformas digitales para retirar anuncios de entidades ya advertidas. El problema tenderá a crecer, porque imitar con inteligencia artificial la voz o el rostro de un banquero cuesta cada vez menos.
La promesa de 300% seguirá circulando mientras difundirla cueste tan poco. La educación financiera ayuda, pero el ahorrista decide en su teléfono, frente al anuncio.
Por eso creo que el siguiente paso es acordar con las plataformas el retiro de esos anuncios. Y cuando alguien denuncie, las autoridades deberían poder actuar mientras el dinero todavía está en una cuenta.
