[dropcap]R[/dropcap]ecientemente se ventiló en la prensa una disputa entre uno de los más importantes grupos turísticos y empresariales del país y una persona que reclama la propiedad de una significativa porción de terreno. Resulta relevante que dicho grupo desarrolla una parte esencial de sus operaciones en la porción reclamada.
Este caso es notable pues el reclamante ha tomado la decisión de realizar una campaña pública para reclamar la titularidad de estos terrenos, y a la vez realizar imputaciones altamente cuestionables respecto al comportamiento y las actuaciones realizadas por el grupo empresarial.
En nuestra experiencia, cuando un reclamante recurre a los medios informativos sin previamente accionar ante la justicia, se debe a que su fundamento legal es débil, y recurre a los medios para, de alguna forma, ejercer presión en contra.
Efectivamente, el grupo empresarial de que se trata ha desmentido de manera enérgica las imputaciones realizadas por el reclamante, explicando que se trata de un chantaje por una persona que nunca ha ostentado la titularidad de los terrenos. Por el contrario, el grupo empresarial había firmado un acuerdo de transacción con el tercero desde hace años con la finalidad de desinteresarlo de cualquier derecho que pudiera –hipotéticamente– tener respecto al terreno.
Desafortunadamente, no se trata de la primera ocasión en la cual un reclamante de propiedad de terrenos acude a los medios de comunicación para hacer denuncias descabelladas y abusar de la buena fe de los comunicadores para realizar una campaña de presión mediática respecto a reclamos infundados. A pesar de que esta nefasta estrategia se puede observar en diversos contextos, no es menos cierto que en materia de tierra la misma ha sido utilizada de forma abusiva.
Hasta tanto no se concluya el saneamiento del sistema de titularidad de propiedades inmobiliarias en República Dominicana, este tipo de reclamo infundado será común en nuestro país. La Jurisdicción Inmobiliaria viene realizando una ardua labor de depuración de la propiedad de los terrenos; sin embargo, todavía no termina este proceso.
En este sentido, concluir el saneamiento de la Jurisdicción Inmobiliaria debe ser considerada como una prioridad nacional y a nivel del sistema judicial. Las campañas mediáticas infundadas y con fines de chantaje respecto a estos supuestos derechos sobre terrenos propiedad de importantes grupos nacionales en áreas productivas es una sustancial amenaza al clima de negocios y la competitividad de República Dominicana.
