La vulnerabilidad de las microempresas y las pequeñas empresas es harto reconocida a nivel mundial, sobre todo aquellas que se desempeñan en el ámbito rural, básicamente en el sector agrícola. Para este tipo de empresas, que se destacan por el alto número de personas que emplean, su contribución a la formación del producto interno bruto y por ser un colchón de las demandas sociales, los gobiernos crean, comúnmente, mecanismos e instrumentos para facilitar su expansión y desarrollo.
Así, en tiempos de la aparición de fenómenos meteorológicos como los ciclones y huracanes, los países desarrollados destinan fondos especiales que van en la vía de socorrer a este tipo de empresas de menor tamaño relativo. Algunos de estos fondos tienen la característica de ser no reembolsables, mientras otros apuntan a la recuperación de Pymes que fueron seriamente dañadas por los efectos de los mencionados fenómenos, y otros que toman la forma de représtamos de largo plazo para facilitar su repago.
Para poner un ejemplo, la Small Business Administration (SBA) de los Estados Unidos, está apoyando el proceso de reincorporación a la actividad productiva de miles de pequeños negocios que fueron devastados por el huracán Harvey, y lo propio ha manifestado para aquellas Pymes que se encuentran en el estado de la Florida y que también sufrieron pérdidas cuantiosas debido al paso del huracán Irma. En principio, el fondo para otorgar créditos blandos a las Pymes de la zona devastada por Harvey fue de 450 millones de dólares, lo que representa cerca de 21,600 millones de pesos, casi la misma cantidad que liberó el Banco Central para dinamizar a toda la economía dominicana.
Obviamente, hay que entender la diferencia entre un país desarrollado como USA, y uno subdesarrollado como República Dominicana. Y también hay que separar el concepto de apoyo a las Mipymes que se tiene en un país del primero mundo, al que se practica en los países del tercer mundo, muchos de los cuales aún ni siquiera han consolidado su democracia.
Por demás, conviene diferenciar las prioridades que se establecen en los países ricos, de aquellas que se definen en naciones que no tienen sistema de consecuencias, y en donde la mayoría de los funcionarios que administran fondos públicos, deciden qué hacer y dónde invertir los pocos recursos que se tienen. Es decir, que establecen sus propias prioridades, independientemente de que estas coincidan o no con las de los contribuyentes.
