El Gobierno anda detrás de más recursos para responder a las demandas sociales y económicas de la población. El hecho de haber previsto un presupuesto por más de RD$814,000 millones para el próximo año es una muestra fehaciente de la necesidad de mejorar las recaudaciones. Todo apunta a que no habrá una reforma fiscal –por lo menos por ahora–, lo que supone que otras fuentes, además del financiamiento, serán el soporte para los gastos corrientes y de capital de 2018.
Quizá hay leyes impositivas suficientes para que las entidades recaudadoras del Estado, como las direcciones de Impuestos Internos y de Aduanas, así como la Tesorería, logren mejorar la cantidad de recursos que requiere el Gobierno para cumplir el Presupuesto.
Claramente ha habido falta de voluntad política para hacer que el ordenamiento jurídico se cumpla al pie de la letra. Una combinación mortal en contra de la eficiencia recaudadora obligada del Estado: las tasas de agradecimiento y compromisos de doble vía que se asumen para llegar a la administración pública.
Con una deuda que pasa del 38%, en el caso del sector público no financiero (SPNF), resulta fundamental que el Estado busque otras vías para financiar el Presupuesto, que no sea sólo con las proyecciones actuales de ingresos y vía la emisión de bonos. Emitir deuda tiene (o debe tener) un límite. La capacidad de pago de un país, aunque es un referente internacional, no sólo debe verse respecto al producto interno bruto (PIB). Cuando se analiza el porcentaje de los ingresos destinados al pago de los compromisos de deuda es que se sabe qué está sucediendo con las finanzas. No hay que ser un mago para darse cuenta de que se gasta más de lo ingresa.
Hay dos variables claramente identificables que impiden al Estado ser más eficiente en su meta de mejorar los ingresos: el incumplimiento de parte de los contribuyentes (evasión) y el entramado tributario que se vuelve complicado para su administración. Por supuesto, lo difícil de su aplicación también abre brechas para que los evasores hagan de las suyas, a veces con el consentimiento de algunos servidores públicos que toman ventaja a partir de estas debilidades. Y hay que repetirlo: la falta de voluntad política de quienes tienen el poder de decisión es la causal principal.
Sin embargo, si República Dominicana tuviera un sistema tributario simple, que todo el mundo entendiera y pudiera aplicar de manera menos complicada; sin brechas para quienes son evasores patológicos, probablemente ni se hablaría de un Pacto Fiscal. El aumento de las recaudaciones del Estado no debería depender sólo de algunas reformas o parches, también debería ser el resultado de la dinamización de la economía. Cuando los ciudadanos tienen mayor capacidad de consumo se refleja en los ingresos.
Para simplificarles el camino a los contribuyentes, sin excepciones, bastaría, quizá, con revisar algunas exenciones, como lo propuso el Fondo Monetario Internacional (FMI), y con ampliar la base gravable. Estas medidas, al mismo tiempo, deberán estar acompañadas de una reducción de tasas y de la eliminación de otras cuya administración sale más costosa que su impacto al fisco. Cuando hay voluntad se puede.
