Todo parece indicar que la regulación de las cooperativas abiertas, aquellas que ofrecen diversos servicios financieros, está cada vez más cerca. ¡Y qué bueno! Sin embargo, es pertinente apuntar que este proceso es un reto para diversos protagonistas del sistema de intermediación financiera.
Por un lado está la definición de un mecanismo efectivo de supervisión y adaptación de las cooperativas que pasarán a ser reguladas, qué tiempo se definirá como transición y cuál será la actitud de la Superintendencia de Bancos (SIB), pues es harto conocido que tiene sus reservas en torno al tema.
Otro de los retos está del lado de las asociaciones de ahorros y préstamos (AAyP), que serían las entidades que pasarían a competir directamente si se toma en cuenta la definición del formato con que entrarían al mercado financiero.
Las AAyP, por cierto, llevan varios años esperando ser admitidas como bancos de servicios múltiples, pero aún no se concretiza. Las cooperativas, por la velocidad que lleva el proceso, lograrán primero su objetivo.
Y va rápido el proceso. El Banco Central recibió una solicitud del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, para obtener su opinión, como máxima autoridad regulatoria del sistema financiero nacional, sobre el proyecto de ley elaborado bajo la coordinación de ese ministerio, con la participación de otros entes del sector público vinculados con la aplicación de las normas de lavado de activos y administración pública.
Y sí que va de prisa y al parecer hay efectos directos de lo que han planteado organismos internacionales, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Tesoro de los Estados Unidos en foros públicos.
Lo que sí es de orden señalar es que las cooperativas, ante una nueva realidad más favorable para competir en el mercado financiero, amplían su capacidad de ofrecer productos financieros, entre los que se incluyen cuentas corriente, certificados, emisión de tarjetas de créditos y otros productos financieros. En la práctica serían bancos, pero sin llamarse bancos.
El Banco Central, de forma atinada, recuerda que la regulación de cooperativas es parte de las exigencias para el cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y uno de los requisitos del Grupo de Acción Financiera Latinoamericano (Gafilat).
Y cuando se trata de evitar acciones que pudieran interpretarse como turbias, entre las que estarían el lavado de activos, es de orden que el total de activos del sector cooperativo se estima en RD$117,000 millones a 2017, que representan alrededor del 7% de los activos del sistema financiero nacional, casi similar a la ponderación del 9.9% que representan las AAyP, superior al 3.7% de los bancos de ahorro y crédito y al 0.23% de las corporaciones de crédito. ¿Qué quiere decir? Que las cooperativas abiertas se convirtieron en un gigante que necesita regulación.
Sólo las que son miembro de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC) cuentan con activos por RD$55,000 millones correspondiente a 16 cooperativas y los restantes RD$61,000.00 millones a cooperativas no afiliadas, que superan las 800. Sin duda, es un sector que ya debe ser regulado, aunque siempre es pertinente tomar en cuenta sus particularidades.
Lo que se ha planteado en el seno de la Junta Monetaria es regular aquellas cooperativas de ahorro y crédito abiertas, que realizan intermediación financiera, o sea, que captan depósitos de terceros y prestan a afiliados y no afiliados. Es decir, el planteamiento de la Junta Monetaria implicaría que unas 30 cooperativas, incluyendo las 16 afiliadas a la AIRAC, sean reguladas y supervisadas por la Autoridad Monetaria y Financiera, lo que apenas representa en torno al 3% de las estimaciones de la cantidad de cooperativas que operan en el país.
