A las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas se les ha reconocido su importancia en la economía, pero en la práctica el apoyo no se ha correspondido con las buenas intenciones de quienes tienen la responsabilidad de administrar al Estado.
A pesar de ser un sector económico con escasas posibilidades de acceso a fuentes de financiamiento barato, tecnología de punta y protección estatal ante cualquier eventualidad económica, los empresarios que hacen vida en este segmento de la vida económica han logrado ganarse su espacio.
Les ha costado mucho sacrificio. Han logrado avances importantes, pero nada de lo que se ha hecho se corresponde con su ponderación dentro del Producto Interno Bruto (PIB), cuya participación en la producción de bienes y servicios supera el 23% y aporta cerca del 30% de la Población Económicamente Activa (PEA).
El primer intento serio por mejorar la relación institucional de este sector con el Estado comenzó a fraguarse a mediados del año pasado, específicamente en agosto, cuando fue sometido un proyecto de ley que crea el Marco Regulatorio para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Dominicana (Mipyme). La iniciativa, desde que fue propuesta por el diputado Pablo Adón Guzmán, ha encontrado otros protagonistas que han llegado desde diferentes latitudes.
En esencia, el proyecto busca promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas, dado sus características de agentes de desarrollo y por sus capacidades de generar empleo productivo, de contribuir a la generación de riquezas, de posibilitar la estabilidad social de la nación y de reducir la pobreza.
Plantea promover la definición, la implementación y la evaluación de políticas públicas destinadas al establecimiento de un marco institucional público, favorable al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Además, establecer mecanismos interinstitucionales de acción gubernamental que posibiliten la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los planes, los programas y los proyectos contemplados en la ley.
El proyecto busca también promover la formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la creación y al desarrollo de una mayor cantidad de Mipymes. Busca fomentar una más efectiva y favorable dotación de factores (materias primas, insumos, bienes de capital y equipos), a nivel nacional e internacional, para las micro, las pequeñas y las medianas empresas, mediante el establecimiento de políticas claras y transparentes que permitan la formación del capital humano, la asistencia para el desarrollo tecnológico y el acceso a los mercados financieros.
Uno de sus objetivos principales es crear las bases de un sistema de incentivos para la capitalización de las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Plantea transformar el rol del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), como organismo autónomo del Estado, descentralizado, con personería jurídica y patrimonio propio, como ente administrador y ejecutor de dicha Ley. Crea, además, un Comité Consultivo Nacional, como órgano asesor del Consejo Nacional Promipyme.
En su capítulo tercero es abordado el tema del acceso de las Mipymes a servicios financieros y no financieros, ratifica la creación y el funcionamiento del Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fomipyme). Presenta y define un régimen de incentivos que incluye la identificación y la priorización de aquellos sectores productivos que tengan un alto potencial de generación de divisas, de creación de empleos y de generación de riquezas.
El proyecto de ley incluye la ejecución efectiva de la ventanilla única para las Mipymes con el propósito de reducir trámites ante el Estado. Otros artículos presentes en este proyecto de ley están relacionados a la implementación de programas y de proyectos para la oferta de un sistema ágil de información; la conservación del medio ambiente; la educación técnica y la formación empresarial desde un enfoque de género y de desarrollo local; y, el desarrollo y la innovación tecnológica de la Mipymes.
Este proyecto de ley propiciaría condiciones favorables u oportunidades para las pequeñas empresas dominicanas por la diversidad de servicios a ofrecer y el carácter integral de los mismas, al combinar acciones tales como: institucionalidad, incentivos, dotación de recursos, financiamiento, ventanilla única, formación empresarial, tecnología, además de la implementación de programas de información, capacitación técnica, conservación del medio ambiente y aspectos de índole social tales como género y desarrollo local.
