Los dominicanos tienen derecho a la protesta pacífica, sin alterar el orden público ni afectar la propiedad ajena; sin impedir el libre tránsito y sin perturbar el normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas. Nuestra Constitución garantiza estas prerrogativas y otras que se relacionan, básicamente, con la libre expresión.
El artículo 7, que versa sobre el Estado social y democrático de derecho, establece que República Dominicana se fundamenta en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.
El artículo siguiente sostiene que es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.
El concepto de “derecho” se menciona alrededor de 90 veces en la Constitución dominicana, mientras que el de “deberes” sólo aparece en 17 ocasiones. Esto significa que este país está consciente de la necesidad de reconocer la razón a quien la tiene, pero al mismo tiempo recuerda que hay obligaciones.
Lo que sucedió a principios de semana, cuando los empresarios del transporte olvidaron que ante todo ofrecen un servicio público aunque son propietarios de los vehículos, es algo que marcará su decadente forma de protestar y hasta de lograr algunos objetivos con el Gobierno de turno.
El Estado debe seguir fortaleciendo su capacidad de ofrecer un transporte cómodo, seguro y eficiente para diezmar la capacidad de coacción que tienen los que ahora se consideran dueños y señores del país.
Sin dejar de pedir más fortaleza en el accionar, es de lugar ofrecer un apoyo moral a las autoridades para que no se dejen narigonear por quienes sólo buscan sus intereses particulares. Los usuarios, como siempre, son los más perjudicados y, por supuesto, la economía que deja de producir.
Las autoridades, que de manera diplomática han dicho que mantienen abiertas las puertas del diálogo a los diversos sectores para la búsqueda de soluciones adecuadas a los problemas nacionales, advirtieron a quienes promueven acciones que alteran el orden público y la libre circulación en las vías, que no tolerarán ese tipo de prácticas porque vulneran la Constitución de la República y leyes fundamentales.
Según el Gobierno, aunque no son todos los sindicatos de transportistas los que promueven esas acciones, sí existen algunos que buscan alterar el orden público en procura de obtener beneficios particulares mediante el chantaje.
Es momento de consenso, sí, pero no sobre la base del chantaje y presiones. La población ya conoce cuál es la forma en que actúan estos sindicatos de empresarios de transporte, los cuales no han sido capaces, a pesar de todo lo que históricamente han logrado sacarle al Estado, de ofrecer un servicio seguro, cómodo, eficiente y moderno a la población.
