Tanto dio la gota de agua en la piedra hasta que le hizo un hoyo. ¿Por qué insistir en juntar dos combustibles tan disímiles bajo un esquema que no sólo pone en riesgo la integridad física de los usuarios, sino que conllevaría una pérdida de confianza en un servicio tan vital y que ha funcionado correctamente por más de 60 años?
Nada, absolutamente nada, puede estar por encima, es decir, anteponerse, a la seguridad de los dominicanos que día a día entran y salen a abastecerse de los diversos combustibles. Además, más allá de los intereses empresariales, están los de los consumidores, quienes se merecen estar siempre en primer plano.
El Estado dominicano ha sido responsable con el manejo de este tema. Las autoridades han sabido cuidar el buen nombre y reputación del sector de los hidrocarburos. Eso, por supuesto, merece un reconocimiento de toda la sociedad, pues esto es un indicativo de que las leyes y el respeto por las instituciones tienen cabida en este país.
Un conjunto de organizaciones que protegen los derechos de los consumidores se han expresado a favor de la vida, de la integridad de los consumidores y para que siga la estabilidad y confianza en el sector. Lo han expresado a través de comunicaciones dirigidas al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Nelson Toca, quien ha sido un funcionario coherente. Su posición, que siempre ha estado a favor de garantizar la seguridad de los usuarios, es valiosa.
Si hay algo que no se puede entender es cómo hay sectores, a toda luz malintencionados y que anteponen todo a la seguridad de los usuarios, que insisten en convencer a toda una ciudadanía de que este país está listo para vender gas licuado de petróleo y gasolinas juntos en una misma estación. Parece que se les olvida que hay leyes establecidas que han sido lo suficientemente apoyadas por la población consciente.
Alrededor de 20 organizaciones se han pronunciado en contra de unificar el GLP y los demás combustibles bajo una misma estación, pues consideran que es altamente peligroso para la seguridad de los usuarios.
“La población está asustada y alerta ante la posibilidad de que se emita una resolución que pueda establecer este tipo de estaciones de combustibles, pues como todos sabemos están dentro de las ciudades, en avenidas de amplia circulación, dentro de conglomerados humanos, al lado de iglesias y escuelas que podrían poner en riesgo la vida y las propiedades de una manera innecesaria, lo que podría evitarse si se continua con este negocio de la manera que ha sido establecido por años”, sostuvo Sandino Bisonó, presidente del Consejo Nacional de Defensa al Consumidor (Conadeco), quien junto a otras organizaciones de la sociedad civil realizaban una manifestación frente a la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
Todo el mundo sabe, especialmente los entendidos en la materia, que en el país no están dadas las condiciones de seguridad para que esas estaciones operen de manera simultánea cumpliendo con las normas establecidas para el manejo de esos combustibles.
Por suerte, y por el bien de todos, ha prevalecido la seguridad de los usuarios ante los intereses de particulares.
