El clima de estabilidad política y la confianza que genera, influyó sobre los agentes económicos, inversionistas y consumidores, en la conducta certera de su accionar a lo largo de los últimos 15 años en el país, permitiendo una contribución positiva al desempeño de la economía. Sin embargo, su antónimo, la incertidumbre, en el año que transcurre, cada vez más se ha ido apoderando de manera negativa en el ánimo de los referidos agentes.
La duración de la incertidumbre política no acostumbrada que prevalece hoy día en el país suele incrementar el riesgo no controlado de los agentes económicos; aunque sí identificarlo y lo hace ser cauteloso en las decisiones de invertir y consumir. Por esta razón, es que tanto las asociaciones de industriales, como de comerciantes se han pronunciado en torno a la merma de sus actividades durante el primer semestre de 2019.
El éxito del crecimiento económico estable que ha disfrutado República Dominicana en el pasado reciente, en los primeros meses del año se ha visto comprometido, dando paso a niveles de contracción en la actividad comercial y productiva; la que podría agravarse para 2020, atendiendo a los cimientos negativos que se han sembrado y cosechado durante la actual etapa política, como preámbulo de la precampaña que se inicia a finales de agosto y culmina con la elección de los candidatos en octubre del corriente año.
Electos los distintos candidatos por los diferentes partidos políticos, se comenzará con una campaña fuerte, probablemente negativa entre ellos, que supere la de la etapa primaria de la precampaña y haga que la incertidumbre se fortalezca y continúe pesando sobre el desempeño de la economía, profundizando la contracción que ya se observa en el país.
De considerar trastornos políticos mayores en la presente coyuntura, derivados de cambios consecutivos de origen unipersonal en la Constitución, sobre los distintos agentes económicos podría apoderarse el miedo, conducta empeorada que podría terminar entorpeciendo el pensamiento, la razón y envenenando además la esperanza ciudadana.
El éxito económico alcanzado hasta el 2018, medido al menos por el producto interno bruto (PIB) -versión Indicador Mensual de la Actividad Económica (IMAE)- y algunas variables vinculantes, ha comenzado a ralentizarse en 2019. Veamos los fundamentos:
El PIB dominicano durante los primeros 5 meses de 2018 creció a una tasa acumulada de un 6.9%; en cambio, la de igual período en el 2019 ha sido de un 5.1%; equivalente a una diferencia de un 1.8% menor, evidenciando una contracción en el ritmo del crecimiento económico. Dada la agudización de los conflictos políticos y el aumento de la incertidumbre, es posible que el desempeño económico a junio se distancie mucho más del alcanzado en 2018, que fue de 7.1%.
Por el lado de la demanda agregada de la economía, a mayo del 2019 creció en un 10.0%; mientras que, durante los primeros 5 meses del 2018 se elevó aproximadamente a un 12.0%; para una disminución de un 2.0%. Para el 2017 la demanda agregada creció en un 10.5% en igual período de meses –muy similar a la del 2019- y el PIB/IMAE en un 4.7%, lo que da motivo para considerar que el PIB del 2019 puede terminar creciendo en forma similar al del 2017, cuando registró una expansión de un 4.7%.
Las cifras disponibles del crédito bancario al sector privado, publicadas por el Banco Central al 15 de julio del 2019, permiten cuantificar la tasa de crecimiento, situada en un 9.5% interanual; en contraposición a igual período del 2018 que aumentó en un 13.5%, para una caída de un 4.0% por diferencia aritmética. La caída del crédito bancario puede asociarse con pocos riesgos a la equivocación, con la ralentización de la economía.
Al Banco Central disponer recientemente la liberalización del encaje legal en dos partidas por un total de RD$34,364 millones y la disminución de la tasa de política monetaria de un 5.5% a un 5.0%, esas medidas pueden interpretarse como un esfuerzo del ámbito monetario para frenar la contracción en el ritmo del crecimiento económico que se ha registrado en lo que va de año, tanto medido a través del IMAE, como del crédito bancario al sector privado.
Continuando con el lado monetario, la base monetaria restringida estimada para julio del 2019 en el Programa Monetario del Banco Central, la ubica en un techo máximo de alrededor de RD$236,000 millones; mientras que el nivel observado a julio del presente año es de RD$247,328 millones, lo que podría sugerir que el desvío de la base monetaria sobre lo programado obedece al objetivo de dinamizar la economía nacional.
Con relación al sector externo, específicamente referente al comercio internacional, las exportaciones del país crecieron en un 4.6% para el primer trimestre del año en curso; en cambio, para iguales meses del año anterior, el aumento se colocó en un 7.7%, denotando una caída por diferencia aritmética del orden de un 3.1%. Este desempeño podría estar motivado tanto por factores internos, como por la contracción que se advierte en el comercio mundial, en ocasión de la tensión arancelaria internacional.
Respecto a las importaciones, hasta marzo del 2019 crecieron en un 4.4% y para igual tiempo en 2018 en un 9.7%, equivalente a una disminución de un 5.3%, indicativo de la contracción en el ritmo de crecimiento que ha habido en el sector productivo, en su componente insumo y en el de bienes para los consumidores finales.
Como se ha podido apreciar, el desempeño ralentizado de la economía dominicana durante los primeros meses del año en curso es evidente; lo que no resultaría descabellado pensar que los referidos resultados estén asociados al clima de incertidumbre política que padecieron los agentes económicos -que provocó la indefinición del Presidente de la República-, en cuanto a la posibilidad de repostularse mediante una segunda reforma constitucional consecutiva.
De manera que, República Dominicana de querer sostener el crecimiento económico estable que ha venido disfrutando durante los últimos 15 años, requerirá superar la indefinición de las causales políticas que han generado la incertidumbre, especialmente si esta se realiza en la dirección de una estabilidad en la normativa mayor que tiene la nación, la Constitución de la República.
