Si una economía no está en capacidad de generar empleos de calidad tampoco lo estará para ofrecer desarrollo humano. La generación de puestos de trabajo bien remunerados, sustentados en el conocimiento y menos en la fuerza física, independientemente del área de que se trate, es garantía de una sociedad más equitativa.
República Dominicana está entre los países latinoamericanos con una economía mayoritariamente informal, lo que se traduce en fuentes de trabajo que no ofrecen las condiciones básicas para el desarrollo del ser humano.
Aunque ha habido avances importantes en los últimos años, principalmente como efecto de la inversión extranjera y la expansión de empresas de capital local, lo cierto es que el trecho recorrido aún no es suficiente.
Hay una mano de obra que sólo aporta fuerza física, convirtiéndose en peones del desarrollo, pero no siendo parte de él.
Tal y como aparece en un trabajo publicado en esta edición, las condiciones del empleo en América Latina deja al descubierto los grandes retos que tiene la región para lograr que los niveles de desigualdad sean enfrentados con políticas eficientes y eficaces. Los países latinoamericanos están obligados salir del círculo de los más desiguales del mundo, incluso por encima de África en algunos casos.
Además de República Dominicana, hay casos como el de Guatemala que llaman la atención. Es una nación con la más baja tasa de desempleo de Centroamérica y al mismo tiempo, con una pobreza que se lleva por delante los sueños de millones de personas. Aquí hay un indicativo: no basta que haya baja tasa de desocupados si la calidad del empleo no es suficiente para garantizarle calidad de vida a las personas.
¿Dónde ha estado el fallo, entonces? La respuesta podría ser simple o complicada. La manera más corta de responder es que las políticas públicas implementadas en los países latinoamericanos no han sido lo suficientemente responsables, sino que han sido carentes de un sistema de seguimiento institucionalizado para obtener los mejores resultados.
Sin duda, es una materia en la que muchos gobiernos regionales han reprobado. República Dominicana, por supuesto, no es la excepción.
