Hay que evitar desajustes inmanejables en la economía. La reforma tributaria integral o profunda es una decisión que debe considerarse impostergable si se quieren mantener los niveles de crecimiento que ha exhibido la economía dominicana.
El déficit no debería ser la excusa para acudir a los mercados internacionales en busca de dinero fresco en un mercado ávido de emisores que, como República Dominicana, aún tiene buena reputación porque ha podido saldar a tiempo sus compromisos con los acreedores. Los cautos podrían preguntarse hasta cuándo durará este apetito por la deuda dominicana. Invertir en obras una cuota importante de retorno sí es buena razón para emitir deuda.
La precaución es la mejor medicina. Hace algunos años, quizá partiendo de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (1-12), que el país comenzó a pensar en éste y otros temas con la suficiente seriedad. Teóricamente andamos bien. La dificultad se presenta en la práctica.
Sin embargo, a la fecha sólo se ha podido implementar el Pacto Educativo, uno de los más importantes por lo que significa en términos de elevar el nivel de los recursos humanos dominicanos, pero al mismo tiempo el que representa una carga económica muy pesada para las finanzas públicas. Desde 2013, cuando se inicia la implementación de la Ley 66-9, que destina el 4% del producto interno bruto (PIB) a educación, se han erogado más de RD$900,000 millones. ¿Qué pasado? Más allá de la infraestructura y la comida con la tanda extendida, no se puede decir nada. Los resultados indican que la calidad, que debió ser el enfoque primario, es aún pésima.
El Pacto Eléctrico, por ejemplo, porque llegaría a resolver el problema fiscal que genera cada año, no se ha podido firmar. No se sabe cuántos recursos ha destinado el Estado a financiar la ineficiencia de las distribuidoras de electricidad y, probablemente, tampoco se podrá estimar cuánto más habrá que destinar a este hoyo sin fondo.
El Pacto Fiscal, que en sí incluye una reforma tributaria profunda, ni siquiera se ha comenzado a tratar en las mesas de quienes toman decisiones trascendentales. Hasta el momento sólo ha sido un tema mediatizado, del que sólo se habla para reconocer su importancia para mantener el crecimiento económico del país.
Este 2020, además de ser un año electoral y del que surgirán nuevas autoridades en todos los niveles, también está marcado para ser el punto de inflexión en todo este trajinar. La conciencia colectiva, y no los intereses particulares, debe jugar un papel preponderante para evitar que algún período de desajuste eche por la borda todo lo que se ha logrado en términos de crecimiento del valor agregado en la economía.
La sugerencia, luego de planteada esta realidad, es que las próximas autoridades, las que sean, tomen lo antes posible las medidas que generan fricción. ¿Por qué? Porque sale menos costoso que una debacle.
