[dropcap]H[/dropcap]ace casi 2,000 años que los fariseos intentaron sorprender a Jesucristo, pero se impuso la sabiduría del Maestro. Le preguntaron que si era lícito pagar tributo al César. Jesús pidió una moneda con la cual se pagaban los impuestos y les preguntó qué imagen veían en ella. Por supuesto, la del César. Jesús respondió: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios (Mt. 22,21).
A alguien se le ha ocurrido un proyecto de ley que busca financiar a las iglesias evangélicas con dinero del erario. Según el planteamiento, entre el 5% y 10% de los ingresos provenientes del Impuesto Sobre la Renta (ISR) iría a financiar las actividades religiosas de estas denominaciones cristianas.
Para la elaboración de esta propuesta se han tomado en cuenta las precarias condiciones económicas en que las iglesias dominicanas desempeñan su labor en beneficio del país. Además, porque estas instituciones contribuyen a la paz social y promueven la decencia y los valores por medio de la evangelización.
La justificación no tiene nada de validez y no sustenta en ninguna de sus partes que recursos públicos, que ya tienen marcado su destino, se desvíen hacia la financiación de las iglesias, sin importar su denominación.
Solo habría que imaginarse cuántas iglesias evangélicas surgirían una vez sea aprobada una propuesta tan descabellada y absurda como ésta. Nada se justifica. Los feligreses, armados de fe en su pastor y en su templo, deben ser los únicos sustentadores financieros de su iglesia. El diezmo no puede ser una carga generalizada.
Las estimaciones establecen que entre RD$1,379 millones y RD$2,758 millones serían repartidos o distribuidos entre las miles de iglesias protestantes. Habría que esperar cuál sería la reacción de los empresarios, los empleados públicos y privados, así como del Gobierno.
La propuesta de ley, impulsada por Data Crédito, fue discutida con representantes de las iglesias evangélicas, entre los que estuvieron Samuel Guzmán, director ejecutivo de la Confederación de Unidad Evangélica (Codue); Braulio Portes, del Ministerio de la Cristianización; Luis Alberto Reyes, de la Iglesia Jesucristo Fuente de Amor; y Genaro Pediet Suriel, de Batallón Comunitario, entre otros representantes.
Y nada se justifica. Ni siquiera el Concordato firmado entre el Estado dominicano y el Vaticano, que entre otras cosas incluye exenciones tributarias para todo lo relacionado con la Iglesia Católica.
Por todo lo anterior, la frase bíblica “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” debería ser emulada por quienes plantean el financiamiento de las iglesias con dinero que ya está presupuestado.
El ISR no ha sido concebido para financiar iglesias. Además, no hay un mecanismo que establezca cómo se distribuirían los recursos ni cómo hacer que un determinado ciudadano establezca que sus aportes vayan a una determinada iglesia o denominación.
Todas las iglesias, sean católicas o protestantes, reciben tratamientos especiales de parte del Estado.
Y si realmente se quiere destinar recursos del Estado para promover la fe, lo más idóneo es que puedan destinarse de los fondos que mensualmente reciben los legisladores. Tampoco hay que olvidar que hay países que, en vez de subsidiarlas, gravan los ingresos de las iglesias.
