[dropcap]E[/dropcap]n cuestiones de Estado y de política predomina la expresión de que “el poder no se cede”. Esa consigna es mucho más enfática en países con limitado nivel de desarrollo como República Dominicana. Por eso, ante la necesidad de disolver una institución del Estado o de fusionar una con otra, el proceso se torna prácticamente imposible si cada una de las entidades tiene un titular designado.
En el país existen actualmente diversas entidades públicas que hace tiempo debieron desaparecer como el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), el Instituto Agrario Dominicano (IAD), la Corporación de Empresas Estatales (Corde) y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), entre otras tantas.
El caso es que mientras cada una tenga un titular designado por el Poder Ejecutivo, a ninguno de esos funcionarios se les va a ocurrir plantear una disolución de la entidad con ellos al frente.
Sin embargo, para eso ha habido soluciones factibles. La más práctica es designar a un mismo funcionario al frente de las dos o tres instituciones que han de ser fusionadas en una sola.
Ejemplos efectivos pueden ser el de las direcciones de Rentas Internas y de Impuesto Sobre la Renta, cuando el presidente Leonel Fernández (1996-2000) designó a Juan Hernández al frente de las dos con el mandato de convertirlas en una sola institución denominada Dirección General de Impuestos Internos (DGII). El proceso de fusión fue exitoso porque una misma persona dirigía las dos instituciones en forma temporal.
Otro ejemplo, en un gobierno distinto, fue el de la Oficina de Promoción de las Inversiones (OPI) y el Centro Dominicano de Promoción de las Exportaciones (Cedopex). El presidente Hipólito Mejía (2000-2004) designó a Danilo del Rosario al frente de las dos entidades con el mandato de que se encargara de fusionarlas para convertirlas en lo que se conoce hoy como Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (CEI-RD). Una fusión exitosa.
Pero hay ocasiones en que no basta con colocar al frente de las dos entidades a fusionar a una misma persona, sino que se precisa que esa persona cuente, además de la capacidad profesional y gerencial, con suficiente poder político para dar paso al proceso y concluirlo exitosamente. Eso ocurre cuando se trata de instituciones de un tamaño extraordinario o de manejo de intereses económicos que sobrepasan la imaginación de cualquier mortal por mucho que sepa contar en pesos y en dólares.
Es el caso, por ejemplo, de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), que por mandato de la Ley 142-13, a más tardar en septiembre de 2018 debe pasar al control del Ministerio de Energía y Minas. Incluso, la CDEEE como CDEEE ha de desaparecer y todas las empresas bajo su espectro de influencia son las que han de pasar a la rectoría de Energía y Minas.
Ese proceso no solo requiere que se coloque a un mismo funcionario al frente de las dos instituciones, sino que ese funcionario debe contar con la suficiente autoridad política para proceder con una fusión exitosa.
Actualmente, un hombre con capacidad sobrada dirige el Ministerio de Energía y Minas: Antonio Isa Conde. En tanto que otra persona también con capacidad sobrada y probada está a cargo de la CDEEE: Rubén Jiménez Bichara.
La diferencia es que Isa Conde no cuenta con el poder político suficiente como para hacer que todos los involucrados en la CDEEE acepten y acojan el proceso de fusión.
Jiménez Bichara, en cambio, además de su capacidad, tiene las ventajas de que es miembro del poderoso e influyente Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y, además, es un hombre de la entera confianza del presidente Danilo Medina. De hecho, Jiménez Bichara, junto con Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Gustavo Montalvo, Carlos Pared Pérez, Carlos Amarante Baret y otros pocos, forman parte del círculo de colaboradores más cercanos en los que el presidente Medina deposita su confianza.
Por eso, todo parece indicar que la mejor forma de dar paso exitoso a la fusión legal de CDEEE en Energía y Minas a partir de los próximos dos años es colocando a Jiménez Bichara al frente de las dos instituciones para que proceda con esa delicada labor.
El Presidente tiene la última palabra.
