“El presupuesto debe equilibrarse, la deuda pública debe reducirse y la arrogancia de la autoridad debe moderarse”.- Cicerón.
En la entrega anterior señalamos que la deuda pública alcanzó un nivel histórico. Al cierre de marzo de 2025 se situaba en US$73,084.9 millones (57.8% del PIB). En 2019, antes de la pandemia, era de US$42,000 millones. En apenas seis años, los compromisos del Estado casi se duplicaron.
¿Puede el país sostener esta trayectoria sin comprometer su estabilidad fiscal? El impacto sobre las cuentas públicas es inmediato. Solo en 2025, el Gobierno presupuestó RD$298,486 millones para intereses, unos US$5,000 millones. Para 2026 la proyección superará los RD$322,000 millones. Cada año, el servicio de la deuda absorbe más espacio fiscal, restando recursos que deberían destinarse a salud, educación, infraestructuras pendientes y programas sociales.
La dependencia del financiamiento externo agrava la vulnerabilidad. Tres cuartas partes de la deuda pública no financiera están en manos de acreedores internacionales. Una devaluación del peso aumentaría de forma automática su costo en dólares, mientras que el actual entorno de tasas elevadas encarece la refinanciación y limita la flexibilidad del país.
Los riesgos van más allá del presupuesto anual. Una deuda en ascenso reduce la capacidad de respuesta ante emergencias. Durante la pandemia, el Estado pudo endeudarse para sostener la economía. Hoy, ese margen es mucho menor. Una nueva crisis sanitaria, un desastre natural o un shock financiero internacional encontraría al país con menos recursos para reaccionar.
El problema se agrava por la estructura productiva. Según la Dirección General de Aduanas, entre enero y julio de 2025 las exportaciones nacionales ascendieron a US$3,003.6 millones, un crecimiento de 33% frente a 2024. Sin embargo, el 76.8% corresponde a materias primas, principalmente oro (39.7%) y cacao (8.4%).
El dinamismo exportador es positivo, pero la concentración en productos de bajo valor agregado expone a la economía a volatilidad internacional. El cacao es un ejemplo. Pese a su crecimiento en volumen, su precio cayó 28.5% desde enero. Exportar materias primas no es negativo, pero depender excesivamente de ellas limita el desarrollo y aumenta la fragilidad externa. Una economía más diversificada y con mayor valor agregado estaría en mejores condiciones para enfrentar la deuda y generar ingresos estables.
Aunque la deuda respecto al PIB aún está ligeramente por debajo del promedio regional, la tendencia ascendente no es sostenible. Si la economía se desacelera, el ratio deuda/PIB crecerá, incluso, sin nuevos préstamos.
De ahí que organismos internacionales y economistas locales insistan en una reforma fiscal integral. La carga tributaria ronda apenas el 14-15 % del PIB, muy por debajo del promedio latinoamericano de 18-20 %. La evasión, las exenciones y la debilidad de la administración tributaria reducen los ingresos. Sin una base fiscal más amplia, el peso del endeudamiento seguirá creciendo. La reforma parece inevitable, pero cuando procede del FMI debe evaluarse con cuidado, midiendo su costo social y su equidad.
El reto de la sostenibilidad no admite demoras. Se requieren decisiones firmes: generar más ingresos, gastar con mayor eficiencia y garantizar que cada peso de deuda fortalezca la economía. No estamos proponiendo renunciar al crédito externo, sino evitar que se convierta en la única estrategia para financiar el presupuesto.
Mantener el equilibrio es vital para que el país no comprometa su futuro con cargas que limiten su capacidad de desarrollo.
