Aquí no solo se está robando con un arma ni con una transferencia, ni adueñándose de propiedades del Estado; se está robando con un contrato, con disposición administrativa, dentro del marco aparente de la legalidad, utilizando los procedimientos del propio Estado para desangrarlo sin escándalos inmediatos. Es un saqueo revestido de legalidad.
Durante años hemos visto cómo instituciones públicas alquilan edificios con precios muy elevados, mientras poseen locales propios subutilizados. Se contratan “asesores” cuya función nadie puede explicar, con honorarios elevados del presupuesto nacional. Se multiplican consultorías sin resultados tangibles. Todo parece legal, pero el fondo es el mismo: apropiación indebida de recursos públicos.
La sobrevaluación de obras es otra práctica recurrente. Un proyecto inicia con un presupuesto razonable y termina duplicando o triplicando su costo mediante adendas. Las licitaciones, que deberían garantizar competencia y transparencia, muchas veces se diseñan con requisitos hechos a la medida de un oferente específico. Se fraccionan contratos para evitar procesos formales. Se crean nominillas fantasmas. Se canalizan subsidios hacia organizaciones sin trayectoria real.
Son muchos los ejemplos, sobre todo después de la llegada del PRM y Luis Abinader al gobierno, como son el número excesivo de asesores, los cientos de contratos de alquileres, los contratos de las empresas en educación, en Senasa, en las EDE, en el Servicio Nacional de Salud, etc., las decenas de directores y gerentes innecesarios en las empresas del Estado. Solo vean todas las denuncias de los periódicos.
Organismos como Transparencia Internacional han advertido que la corrupción moderna no siempre viola abiertamente la ley, la manipula. El Banco Mundial ha documentado cómo estas prácticas reducen la inversión social, deterioran los servicios públicos y profundizan la desigualdad. Cada peso desviado es una escuela que no se construye, un hospital que no se equipa, una carretera que se deteriora.
En la República Dominicana contamos con marcos normativos importantes, como la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y la Ley 41-08 de Función Pública. El problema no es la ausencia de leyes; es la ausencia de consecuencias, de aplicación. Cuando la supervisión es débil y la justicia lenta, la corrupción se abre paso.
Lo preocupante es que esta práctica está normalizada en el juego político, que no constituye delito mientras haya documentación que las respalde. Nuestra administración con argucia está sustituyendo la ética pública. Esa mentalidad es devastadora. El Estado está convertido en botín, y la democracia en un simulacro.
Enfrentar esta corrupción, no es solo de la oposición; es un deber ciudadano. El dinero público no pertenece a ningún funcionario ni a un partido, pertenece a la sociedad. Y cada mecanismo utilizado para enriquecer a unos pocos sin temor a ser enjuiciados, erosiona la confianza colectiva y profundiza los males.
El país necesita fortalecer sus órganos de control, profesionalizar la función pública, transparentar en tiempo real las contrataciones y establecer sanciones ejemplares. Pero, sobre todo, necesita recuperar la ética como principio rector del servicio público. Porque el mayor daño no es solo económico, es moral y espiritual.
