La defraudación tributaria puede convertirse en un delito precedente del lavado de activos cuando los recursos obtenidos mediante el incumplimiento fiscal son incorporados al sistema financiero con apariencia de legalidad.
Así lo explicó Robert Mustafá, quien es encargado del Departamento de Prevención de Lavado de Activos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), durante un encuentro sobre cumplimiento normativo organizado por la World Compliance Association, capítulo República Dominicana.
Al abordar la relación entre el cumplimiento tributario y la prevención del lavado de activos, Mustafá señaló que los fondos generados a través de la evasión o el fraude fiscal constituyen recursos de origen ilícito que posteriormente pueden ser utilizados en esquemas de legitimación de capitales.
“Cuando esos recursos se introducen luego en el sistema financiero, cuando se mezclan, se transforman, se justifican con apariencia de legalidad, entonces estamos ante una operación de lavado de activos”, expresó.
Indicó que esta relación no es únicamente conceptual, sino también operativa, debido a que las autoridades tributarias y los organismos encargados de la persecución del lavado suelen identificar riesgos similares, entre ellos estructuras societarias opacas, mecanismos de ocultación y señales de alerta asociadas a posibles actividades ilícitas.
En ese contexto, afirmó que la coordinación entre la administración tributaria, el Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y los organismos supervisores resulta fundamental para fortalecer la capacidad de prevención y detección.
Mustafá explicó que una de las herramientas utilizadas por la administración tributaria para gestionar esos riesgos es el denominado “scoring tributario”, un sistema que permite clasificar a los contribuyentes según su perfil de riesgo y orientar las acciones de supervisión hacia los casos que presentan mayores señales de incumplimiento.
No obstante, consideró que la creciente complejidad de los esquemas ilícitos plantea desafíos que superan la capacidad de actuación aislada de las instituciones públicas, por lo que abogó por una mayor colaboración con el sector privado.
“El sector público no puede ejercer sus facultades de supervisión, prevención y persecución en solitario. La sofisticación de los esquemas ilícitos, la velocidad de las transacciones y la complejidad de las estructuras empresariales modernas desbordan cualquier capacidad institucional que pretenda operar de manera aislada”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que los sujetos obligados constituyen la primera línea de detección de operaciones inusuales, debido a su cercanía con las transacciones y actividades que podrían representar riesgos para el sistema.
Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer los canales de comunicación entre autoridades y sector privado, promoviendo el intercambio de información sobre riesgos, la elaboración de guías conjuntas de cumplimiento y espacios permanentes de retroalimentación.
Según indicó, la colaboración entre ambos sectores no debilita la función supervisora del Estado, sino que contribuye a ampliar su alcance y efectividad frente a los desafíos que plantea la prevención del lavado de activos y otros delitos financieros.
