“La justicia consiste en dar a cada uno lo suyo”.- Ulpiano
En la entrega anterior establecimos que una auditoría y una investigación especial no son ejercicios equivalentes. La primera examina el cumplimiento normativo y la suficiencia de los soportes, mientras que la segunda procura esclarecer hechos específicos, reconstruir su contexto y determinar responsabilidades conforme a las atribuciones, decisiones y actuaciones de cada persona.
En una investigación especial no basta con identificar una deficiencia institucional ni cabe encerrarla dentro de un período administrativo. Mucho menos cuando se trata de una licitación diseñada, adjudicada -o, para decirlo con mayor propiedad, repartida- y conducida en su fase crítica por una dirección ejecutiva precedente, como ocurrió con el proceso Inabie-CCC-LPN-2021-0009.
Dicho lo anterior, no parece sensato presumir que las irregularidades vinculadas a ese proceso fueron creadas, autorizadas o toleradas por una gestión que apenas ejerció durante los últimos siete meses del período examinado, comprendido entre agosto de 2020 y junio de 2022. ¿Cuáles decisiones fueron adoptadas durante esos siete meses y cuáles provenían de la administración anterior, responsable del diseño, la adjudicación y la conducción del proceso?
Al recibir un proceso maltrecho y en plena ejecución, y para impedir la interrupción del servicio, la gestión de Víctor Castro, en coordinación con los órganos rectores, tuvo que recurrir a correcciones, pagos, adendas, actos aclaratorios, contratos posteriores, adjudicaciones provisionales, rectificación de documentos deficientes y otras medidas destinadas a preservar la alimentación escolar.
La obligación de garantizar la continuidad del Estado no convierte a quien corrige lo heredado en autor de las irregularidades que se vio obligado a subsanar. Lamentablemente, ese principio se utiliza a veces como pretexto para prolongar, mediante fórmulas nuevas y con frecuencia más ingeniosas, las mismas bellaquerías de ejecutorias pasadas. Lo afirmamos como testigos directos de los hechos y estamos en condiciones de sostenerlo en cualquier escenario.
La responsabilidad administrativa no se presume por jerarquía ni se transmite automáticamente con el cargo porque lo correcto es vincularla a competencias reales, decisiones comprobables y períodos determinados. De lo contrario, se castiga a quien recibió el problema y desplegó, junto a su equipo, un esfuerzo extraordinario de subsanación; se confunde la continuidad institucional con una continuidad ficticia de conductas, voluntades y responsabilidades.
Este principio resulta decisivo al valorar la gestión de Víctor Castro. Al asumir el INABIE, encontró una unidad de compras con archivos incompletos y desorganizados, personal con escaso o ningún dominio del marco regulatorio, actos administrativos defectuosos, procesos mal configurados en el Portal Transaccional, expedientes sin soportes suficientes y decisiones anteriores a su llegada. El diagnóstico interno, ordenado para la ocasión, describe una estructura que requería correcciones urgentes.
La documentación muestra una administración dedicada a enderezar lo recibido mediante rectificación de actas de adjudicación y actos notariales, enlace de adjudicaciones con los sistemas correspondientes, publicación de informaciones antes omitidas, organización de archivos y registro de contratos (2,400) y órdenes de compra para viabilizar pagos y recepción de insumos.
También se fortaleció el Comité de Compras, se incorporó al oficial de cumplimiento y se estableció una mesa técnica con la Dirección General de Contrataciones Públicas. Para las nuevas contrataciones del almuerzo escolar se organizaron 35 procesos territoriales, se introdujeron criterios objetivos, se mejoró la lotificación, se incorporó la compra plurianual y se sistematizó el peritaje de miles de oferentes.
Nada de esto elimina toda observación ni impide examinar decisiones concretas. Sí demuestra que aquella gestión no puede presentarse como continuadora pasiva de los desórdenes encontrados y que su papel consistió en reconstruir procedimientos y colocar la institución en los rieles de la normatividad, sin paralizar un programa del que dependían diariamente cientos de miles de estudiantes.
Una investigación especial gana legitimidad cuando distingue entre quien creó el problema, quien lo permitió y quien procuró resolverlo. La responsabilidad no puede dejar de ser justa ni convertirse en simple reparto de culpas.
