Prevención y concienciación. Necesitamos desarrollar un programa nacional permanente de concienciación sobre los riesgos climáticos y sus consecuencias económicas, dirigido a toda la población y con responsabilidades concretas para las instituciones públicas y privadas.
La ciudadanía debe aprender a identificar si su vivienda, negocio o comunidad está expuesta a inundaciones. Debe conocer las rutas de evacuación, las advertencias oficiales, las medidas para proteger documentos y equipos, y las precauciones necesarias para evitar desplazamientos por calles anegadas.
Los empresarios deben evaluar la ubicación de sus establecimientos, la protección de sus inventarios, la continuidad de sus operaciones y la disponibilidad de coberturas de seguros adecuadas.
También debemos incorporar la educación financiera. Muchas personas entienden el seguro como un gasto que pueden evitar cuando tienen dificultades económicas. Sin embargo, proteger los bienes esenciales contra riesgos de consecuencias potencialmente devastadoras debe formar parte de una administración responsable del patrimonio. La concienciación no puede limitarse a advertir que viene una tormenta. Debe explicar qué hacer antes, durante y después del fenómeno, cómo reducir la exposición y dónde encontrar información confiable.
El gobierno debe asumir la prevención. Ningún programa de concienciación será suficiente si el Gobierno no asume su responsabilidad en la planificación territorial, la construcción de infraestructuras resilientes y la aplicación de las leyes.
Las autoridades nacionales y municipales deben identificar y publicar mapas de riesgo de inundación, actualizar los criterios de ordenamiento territorial y evitar nuevas construcciones en zonas donde el peligro sea inaceptable. Allí donde existan comunidades vulnerables, deben establecerse soluciones que combinen obras de protección, mantenimiento, sistemas de alerta y, cuando sea necesario, programas de reubicación con garantías sociales.
La limpieza de cañadas y drenajes no puede ser una actividad improvisada cuando se aproxima un huracán. Debe responder a un calendario de mantenimiento, con responsables identificados, presupuesto suficiente y rendición pública de cuentas. Asimismo, las obras de carreteras, puentes, viviendas públicas, hospitales, escuelas y otras instalaciones esenciales deben diseñarse considerando los riesgos climáticos actuales y futuros.
Es necesario fortalecer la coordinación entre los organismos de protección civil, los ayuntamientos, las instituciones meteorológicas, las entidades responsables del agua y las autoridades de obras públicas y planificación.
La información debe compartirse oportunamente y traducirse en decisiones. No todas las inundaciones pueden evitarse, ni toda inversión preventiva resulta rentable en cualquier lugar. Pero precisamente la evaluación técnica permite establecer prioridades y utilizar mejor los recursos públicos, y entonces pensar en el seguro paramétrico, porque siempre habrá riesgo.
