[dropcap]L[/dropcap]os controles que establece la Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (155-17) han sido, desde su promulgación a principios de junio, una de las preocupaciones de los empresarios, porque entienden que podría afectar el clima de negocios en el país.
El sector empresarial teme que la normativa no se aplique de la manera correcta y tenga repercusiones negativas en las empresas, en la facilitación de los negocios y en la atracción de inversiones al país.
Esas son las razones por las que César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), considera que se debe contemplar un período de transición para que las empresas puedan adecuarse al nuevo marco regulatorio.
“El Estado tiene los mecanismos para hacer que se cumpla, pero no de manera abrupta. Debe producirse una transición en la que todos los actores entiendan claramente cuáles son los roles que les corresponden y cómo adaptarse a esa nueva disposición”, aseguró.
Para Dargam, la ley dicta procedimientos muy rigurosos en el sector privado y para las empresas, que anteriormente no eran sujetos obligados y que ahora tienen que introducir reformas en su manera de hacer negocios.
Su planteamiento es muy parecido al de Antonio Taveras, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), quien también afirmó que las exigencias que impone la ley para la movilidad del dinero pueden traer consecuencias colaterales que afecten los negocios.
“Lo que aspiramos es que esta ley sea aplicada en todos los casos, que no sea una ley para perseguir empresarios que están trabajando honestamente y que, por no poder explicar en un momento dado la movilidad de una suma de dinero, entonces se le vaya a perseguir por esto, mientras que los que realmente cometan los delitos se les deja sin sanción”, expresó.
Taveras resaltó que el lavado de activos se puede presentar en cualquier tipo de negocios, como por ejemplo empresarios que quieran evadir el pago del impuesto sobre la renta y “funcionarios que se roban el dinero del Estado y tratan de legalizarlo por cualquier vía”.
Es por eso que dijo que espera que esa ley sea aplicada con todas sus consecuencias a los que lavan activos a partir de la corrupción. Con relación al tema, el presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), Campos de Moya, consideró que el lavado de activos es una empresa criminal que afecta a la economía, especialmente a las empresas formales.
Expresó que ese delito constituye una amenaza permanente para las empresas, para el Estado y para la estabilidad social y política del país.
“Si no contamos con instituciones fuertes y con reglas de juego claras en las que no exista la discrecionalidad ni propósitos particulares o políticos en las decisiones, si no contamos con una justicia independiente, fuerte e imparcial, esta ley podría tener repercusiones negativas en las empresas, en la facilitación de negocios y en la atracción de inversiones y hasta podría convertirse en una cacería de brujas que más que bien haga daño a nuestra sociedad”, argumentó.
Sujetos obligados
La nueva normativa designa como “Sujetos Obligados no financieros” a las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades profesionales, comerciales o empresariales que por su naturaleza son susceptibles de ser utilizadas en actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La ley prohibe a toda persona, física o moral, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de efectivo, monedas y billetes, en moneda nacional o cualquier otra, así como a través de metales preciosos, según los siguientes umbrales: Constitución o transmisión de derechos sobre inmuebles, por un monto superior a un millón de pesos; sobre vehículos de motor, aeronaves y embarcaciones, por un monto superior a RD$500,000; así como de relojes, joyas preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte, por un monto mayor de RD$450,000 y otras transacciones que superen los RD$250,000.
Implicaciones de la ley
De acuerdo con Dulce María Luciano, procuradora general de Corte de Apelación del Distrito Nacional y especialista en el tema, las implicaciones para las empresas son muchas porque tienen empezar a disminuir el efectivo como medio de pago.
“Lo que busca la ley es que dejemos de usar el efectivo, porque a través del efectivo es que la criminalidad organizada puede hacer mejor su lavado de activos”. Luciano agregó que el sector empresarial lo debe tomar en cuenta, porque muchas personas no están bancarizadas y utilizan más el efectivo.
“Vivimos en un país donde todavía la gente entiende que el efectivo es su mejor manera de hacer pagos. Los que estamos trabajando en el tema debemos orientar a la ciudadanía a que se bancarice más y que use menos el efectivo”.
