Los clientes y afiliados se prestan, consciente o inconscientemente, a que las bandas de mafiosos estafen a las aseguradoras, y muchas veces ellos también se benefician, como dije en el artículo anterior. Pero hoy hablaremos de las formas más utilizadas en nuestro mercado para realizar las estafas en la que se involucran muchos funcionarios y empleados de instituciones del Estado como la DIGESETT, ayuntamientos, Procuraduría, médicos legistas, Policía Nacional y hospitales, así como también empleados de las mismas aseguradoras, aprovechando las debilidades del sistema y la falta de sanción e impunidad que nos afecta, y que lacera la transparencia que deberíamos fomentar para el buen funcionamiento de una buena democracia, a la que todos estamos obligados.
Los fraudes que usualmente vemos en los casos de lesionados son:
- Tiempo de curación no real (si la lesión es de 21 días, el certificado es hecho por 3 meses).
- Lesiones falsas, dicen tener fracturas cuando solo tienen traumas leves o laceraciones.
- El referimiento médico tratante es falso y, por ende, la homologación del legista de esas supuestas lesiones, son irregulares.
- Los lesionados que indican las actas no han sido parte del accidente y los colocan solo para cobrar indemnización, con documentos irregulares.
- Muchos de los lesionados desconocen que forman parte de un acta o son pagados por los bufones para que den sus cédulas e incluirlos en accidentes creados. Estas incidencias también afectan a instituciones que deben trabajar con lesionados, como el Ministerio de Trabajo y la ARL. No es un asunto exclusivo de los seguros.
En las últimas investigaciones realizadas, hemos descubierto que por Manganagua hay una banda que compra cédulas a mil pesos y con esas personas se hacen certificados médicos. También, los médicos legistas o sus asistentes son parte de esta red, pero existen otros grupos que falsifican todos los documentos utilizando datos de médicos y falseando sus firmas y sellos, y lo peor de todo esto es que son los profesionales del derecho que generalmente encabezan la lista de los delincuentes, que tienen sus tentáculos en el propio Poder Judicial donde cuentan con aliados.
El problema para las aseguradoras es que esta incidencia es tan grande en los costos y la frecuencia de las indemnizaciones producidas por los fraudes, que agravan su siniestralidad, por lo que deben tomar medidas desde el incremento de las primas, como el cuidado y celo con la suscripción de las coberturas, en busca de mantener los resultados positivos de la inversión.
Hacemos un llamado a las instituciones del gobierno y, por qué no también, a las instancias privadas afectadas que debemos tomar acciones en conjunto para cerrar el paso a los fraudes que afectan los bolsillos de nuestra gente. No podemos dejar el campo libre a las acciones de los delincuentes como que nada importa. Tenemos una responsabilidad que asumir, porque de tanto delitos, fraudes, crímenes que enferman la sociedad, y no podemos dejarle este maldito legado a nuestros hijos.








