Hay decisiones de política pública cuyos efectos trascienden el ámbito tributario. Son decisiones que terminan impactando la protección de las familias, la inversión nacional, el empleo formal y la capacidad de una economía para construir riqueza de largo plazo. La aprobación de la Ley 30-26 constituye una de ellas.
Dentro de una reforma fiscal que incorpora nuevas cargas para distintos sectores económicos, existe una medida que merece ser reconocida por su visión de futuro: el desmonte gradual del impuesto al seguro de vida individual, reduciéndolo al 11% en 2027, al 6% en 2028 y eliminándolo definitivamente a partir del ejercicio fiscal 2029.
Para quienes formamos parte del sector asegurador, esta decisión representa mucho más que una modificación tributaria. Representa la corrección de una distorsión histórica que durante más de cuatro décadas limitó el desarrollo del seguro de vida individual en República Dominicana. Pero, sobre todo, representa una oportunidad para el país.
El seguro de vida no es un producto cualquiera. Es un instrumento de protección familiar, de estabilidad económica y de ahorro de largo plazo. Su propósito es permitir que, ante la pérdida de quien genera los ingresos de un hogar, la familia pueda continuar con su proyecto de vida, preservar la educación de sus hijos, mantener su patrimonio y enfrentar el futuro con mayor seguridad.
Precisamente por esa función social, la mayoría de los países incentivan su desarrollo mediante regímenes tributarios diferenciados. República Dominicana recorrió un camino distinto.
En la década de los 80 ya el seguro de vida tenía una leve carga impositiva, luego en 1992, con la entrada en vigor del Código Tributario, el seguro de vida sigue sufriendo nuevas cargas impositivas, bajo el errado entendimiento que el comportamiento de consumo seguiría igual, hasta quedar con una tasa del 16% de impuesto selectivo al consumo, permaneciendo vigente por estas últimas dos décadas.
América Latina y el mundo
Los países de la región reconocieron el valor social del seguro de vida y optaron por mantenerlo exento de este tipo de gravámenes. República Dominicana llegó a convertirse en una de las pocas naciones que mantenía gravado el ramo de vida mediante un impuesto específico sobre las primas.
Las estadísticas históricas muestran que el seguro de vida individual pasó de representar aproximadamente el 29% del mercado asegurador dominicano en la década de los ochenta a apenas una fracción de ese tamaño en la actualidad, a pesar de que durante ese mismo período la economía y el mercado asegurador crecieron de manera sostenida.
Lo que ocurrió fue que una parte importante de esa protección comenzó a contratarse fuera de República Dominicana. Miles de dominicanos continuaron adquiriendo seguros de vida, pero lo hicieron en otros mercados, trasladando también hacia el exterior importantes recursos financieros que pudieron permanecer invertidos en nuestra economía. Las estimaciones elaboradas por Cadoar muestran que más de US$300 millones salen anualmente de República Dominicana a buscar cobertura de vida en otros países.
La eliminación gradual de este impuesto abre la puerta para reconstruir un mercado con enorme potencial de crecimiento, y ese crecimiento trasciende al propio sector asegurador.
Cada póliza de vida emitida localmente genera reservas técnicas que permanecen en el sistema financiero nacional. Esas reservas posteriormente se convierten en inversión, financian proyectos productivos, respaldan emisiones de deuda pública, se canalizan hacia instrumentos del Banco Central, fortalecen el mercado de capitales y aportan liquidez al sistema financiero, contribuyendo así, indudablemente, al desarrollo económico del país.
En otras palabras, cuando el ahorro permanece en República Dominicana, también permanece su capacidad de financiar el desarrollo nacional. El seguro de vida no solamente protege personas. También crea capital para construir y proteger país.
Las familias
La mayor ganancia de esta decisión no será para las aseguradoras, será para las familias dominicanas. Más personas podrán acceder a protección financiera, más profesionales independientes podrán asegurar el bienestar de sus hogares, más emprendedores podrán proteger el patrimonio que han construido durante años, más familias podrán enfrentar situaciones difíciles sin depender exclusivamente de sus propios recursos o del presupuesto público y cada familia adecuadamente protegida representa también una menor presión futura sobre las finanzas del Estado.
Porque cuando existe protección privada suficiente, las contingencias personales dejan de convertirse, con tanta frecuencia, en necesidades que finalmente terminan siendo asumidas por toda la sociedad. Por eso el seguro de vida no debe verse únicamente como un producto financiero. Debe entenderse como un instrumento de resiliencia nacional.
Las oportunidades que se abren son igualmente importantes para el desarrollo económico nacional: República Dominicana vuelve a convertirse en un mercado atractivo para desarrollar el ramo de vida. Esto puede traducirse en nuevas inversiones, mayor innovación, nuevos productos, mayor competencia, más inclusión financiera, mayor educación aseguradora, más penetración del seguro, más empleo formal de calidad y una industria aún más sólida para respaldar el crecimiento económico del país.
Nuestro sector tiene además una característica que merece resaltarse, y es que somos una industria completamente formal, esto ayuda a seguir generando miles de empleos de calidad. Cumple rigurosamente con sus obligaciones tributarias y de seguridad social, invierte localmente y cada año aporta importantes recursos fiscales al Estado dominicano. Por tanto, el crecimiento del seguro de vida significa también crecimiento para toda esa cadena de valor.
Evidencia
Durante muchos años, desde Cadoar sostuvimos una posición técnica clara. Nunca planteamos la eliminación del impuesto como una reivindicación sectorial. La defendimos porque entendíamos que existía abundante evidencia económica e internacional de que gravar el seguro de vida terminaba produciendo el efecto contrario al buscado: menor producción local, menor ahorro nacional, menor inversión y protección para las familias.
Los datos históricos, la experiencia comparada y el análisis técnico respaldaban esa conclusión. Por eso es justo reconocer que esta decisión es también el resultado del diálogo institucional entre los sectores público y privado.
En tiempos donde con frecuencia se duda de la capacidad para construir consensos, esta medida demuestra que sí es posible avanzar cuando las decisiones descansan sobre evidencia, análisis técnico y una visión compartida de país.
La aprobación de la Ley 30-26 no representa el final de este proceso, representa su punto de partida. Durante años sostuvimos que, eliminando esta distorsión histórica, República Dominicana tendría la oportunidad de reconstruir un mercado de seguros de vida mucho más robusto, ahora corresponde al sector demostrarlo: innovar, diseñar soluciones más accesibles, llegar a segmentos históricamente desatendidos, aprovechar la tecnología, fortalecer la educación financiera, crear nuevos canales de distribución y hacer que millones de dominicanos descubran el valor de proteger aquello que más aman.
El verdadero éxito
El verdadero éxito será que, dentro de algunos años, podamos mirar hacia atrás y comprobar que más familias dominicanas están protegidas, que más ahorro permanece invertido en nuestro país, que el mercado asegurador se fortaleció, que llegaron nuevas inversiones, que se generaron más empleos formales y que el seguro de vida volvió a ocupar el lugar que merece dentro del desarrollo económico y social de República Dominicana.
Porque, al final, las mejores políticas públicas no son aquellas que simplemente recaudan más. Son aquellas que crean las condiciones para que las personas prosperen, las familias vivan con mayor tranquilidad y la riqueza que se genera en nuestro país permanezca aquí, financiando nuestro propio futuro.
Hoy no celebramos únicamente el desmonte gradual de un impuesto. Celebramos la oportunidad de iniciar una nueva etapa para el seguro de vida en la República Dominicana. Una etapa donde proteger a las familias, fortalecer el ahorro nacional e impulsar el desarrollo económico dejan de ser objetivos separados para convertirse en una misma visión de país.
Las instituciones no se construyen con discursos, sino con perseverancia. Este resultado no nació de una sola reunión ni de una sola reforma. Es el fruto de años de estudios, estadísticas, comparaciones internacionales, propuestas técnicas y un diálogo permanente entre el sector privado y las autoridades. Esa es la mejor demostración de que la institucionalidad, cuando trabaja con evidencia y propósito, puede producir cambios que benefician al país.
