La recién promulgada Ley 30-26 de medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional tendrá un impacto “mixto” sobre la industria aseguradora dominicana, aunque favorable para el seguro de vida, producto que se perfila como el principal beneficiario de las modificaciones introducidas por la nueva legislación local.
De acuerdo con el análisis “Matriz explicativa de impactos de la Ley 30-26 sobre la industria de seguros”, de la firma de Starta a la cual elDinero tuvo acceso, el mayor impacto positivo para el sector es la eliminación gradual del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado a los seguros de vida. La normativa establece una reducción progresiva de este gravamen, que pasará al 11% en 2027, al 6% en 2028 y quedará completamente exento a partir de 2029.
Según explica el documento, esta decisión modifica significativamente el precio relativo del producto, creando condiciones para ampliar su penetración en el mercado y fortalecer su competitividad frente a otros instrumentos de protección y planificación financiera. Asimismo, destaca que abre espacio para que las aseguradoras desarrollen nuevas estrategias comerciales orientadas a incrementar la colocación de pólizas y ampliar el acceso de las familias a mecanismos de protección económica de largo plazo.
La matriz, elaborada por el economista y extitular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Guarocuya Félix, señala que la reducción del impuesto no solo representa un alivio tributario para el producto, sino que también puede traducirse en una mayor persistencia de las pólizas, un incremento de las ventas y una mejora en la percepción de valor por parte de los consumidores.
La Cámara Dominicana de Aseguradoras y Reaseguradores (Cadoar) había estimado en el reportaje “Elevada carga tributaria limita el crecimiento del sector seguros”, publicado en mayo por elDinero, que los dominicanos compran en el extranjero más de US$350 millones anuales en seguros de vida, por lo que la eliminación gradual del ISC sobre este segmento, a juicio de expertos consultados, corrige una distorsión tributaria que durante décadas ha encarecido un instrumento esencial para la protección financiera de las familias dominicanas.
Sin embargo, advierte que el sector deberá adaptar sus estructuras tarifarias, sistemas de facturación, esquemas de comisiones y materiales comerciales para acompañar adecuadamente el calendario de reducción impositiva establecido por la ley. De acuerdo con datos de la DGII, desde 2020 a abril de 2026, el Estado ha recaudado por ISC al sector seguros RD$ 65,626.80 millones.
Otro de los elementos que refuerza la posición del seguro de vida dentro de la reforma es la permanencia de la exención del impuesto sucesoral para las indemnizaciones derivadas de estos contratos. Félix destaca que la Ley 30-26 mantiene como exentos del impuesto sucesoral los seguros de vida del causante, una disposición que preserva el atractivo del producto como herramienta de protección familiar y planificación patrimonial.
A juicio del economista, esta medida adquiere especial relevancia en un contexto donde la transmisión ordenada del patrimonio y la protección económica de los beneficiarios cobran cada vez mayor importancia dentro de las estrategias financieras de las familias dominicanas.
No obstante, advierte que la comunicación comercial de estos beneficios debe realizarse con prudencia y apego al marco regulatorio, evitando promesas o interpretaciones que puedan depender de condiciones específicas relacionadas con los beneficiarios, la titularidad de las pólizas o requisitos documentales establecidos por las autoridades competentes.
Félix, socio fundador de Starta, explicó que el propósito del análisis es “ordenar técnicamente los principales efectos de la Ley 30-26 sobre la industria de seguros, distinguiendo entre impactos directos, efectos indirectos, oportunidades, riesgos operativos y asuntos que todavía requieren validación reglamentaria o jurídica”.
Nuevos desafíos
Aunque el seguro de vida emerge como el principal ganador de la reforma, el experto en materia tributaria sostiene que el resto de la industria deberá enfrentar importantes retos derivados de nuevas cargas tributarias, obligaciones de cumplimiento y costos operativos.
La evaluación sectorial subraya que el impacto general de la ley es mixto debido a que los beneficios otorgados a determinados productos conviven con medidas que incrementan los costos de operación para aseguradoras, corredores, intermediarios y proveedores de servicios vinculados al negocio asegurador.
Entre las disposiciones que generan mayor preocupación figura el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas, cuya tasa se eleva a 0.002, equivalente a 2.0 por mil.
Según el análisis, esta medida afecta directamente a toda la cadena de valor del seguro, incluyendo el cobro de primas, el pago de siniestros, las comisiones a intermediarios, los reembolsos, los pagos a proveedores y las operaciones vinculadas al reaseguro.
Félix considera que este impuesto constituye la medida más distorsiva para la industria debido a la alta intensidad transaccional que caracteriza al negocio asegurador. La disposición incrementa los costos operativos y obliga a las empresas a cuantificar cuidadosamente el impacto financiero que tendrá sobre sus operaciones diarias.
Presiones de liquidez
Otro de los aspectos identificados como críticos es el nuevo esquema de anticipos del Impuesto Sobre la Renta (ISR). La Ley 30-26 dispone que determinadas empresas medianas y grandes deberán realizar anticipos mensuales calculados en función de sus ingresos, lo que, según Félix, podría generar tensiones de caja para actividades como la aseguradora, donde los volúmenes de primas no necesariamente representan márgenes económicos efectivos.
El documento advierte que esta situación es especialmente sensible para compañías que manejan elevados montos de primas, reservas técnicas y operaciones de reaseguro, por lo que recomienda analizar cuidadosamente la forma en que se aplicará la base imponible en cada caso.
La normativa también contempla cambios en la tributación corporativa que podrían afectar a las aseguradoras de mayor tamaño. La ley establece una tasa general de ISR de 27% y una sobretasa temporal de 30% para el período 2026-2028 aplicable a contribuyentes con ingresos iguales o superiores a RD$1,000 millones.
De acuerdo con Félix, esta disposición podría influir en la rentabilidad de las grandes compañías, afectar sus planes de crecimiento y modificar decisiones relacionadas con inversiones, dividendos y expansión de operaciones. “El impacto debe medirse por entidad, resultado técnico, resultado financiero, reservas, siniestralidad, costos regulatorios y capacidad de trasladar precios”, recomienda.
Respecto a las nuevas exigencias para servicios tecnológicos y pagos al exterior. Considera que uno de los puntos de mayor complejidad identificados es el tratamiento tributario de los servicios contratados fuera del país. La Ley 30-26 amplía el alcance del concepto de asistencia técnica y considera gravados determinados servicios utilizados en territorio dominicano, aunque sean prestados desde el extranjero.
Explica que esta disposición puede impactar áreas fundamentales para la industria aseguradora, tales como modelación actuarial, análisis de riesgos catastróficos, plataformas tecnológicas, sistemas core de seguros, servicios de nube, ciberseguridad, inteligencia artificial, consultorías especializadas y manejo de datos.
Asimismo, la normativa establece retenciones sobre diversos pagos realizados al exterior, incluyendo licencias de software, publicidad digital, almacenamiento de datos y determinados servicios tecnológicos. Para Félix, esta realidad obliga a aseguradoras, corredores y grupos empresariales a revisar sus contratos internacionales, estructuras de costos y mecanismos de cumplimiento tributario para evitar contingencias futuras.
Impacto sobre actores
La reforma también incorpora cambios relevantes para corredores, agentes de seguros y profesionales independientes vinculados al sector. La introducción de una retención de 15% sobre honorarios, comisiones y servicios prestados por personas físicas afecta directamente a corredores individuales, ajustadores, peritos, tasadores, actuarios, abogados y consultores.
Aunque estas retenciones operan como pagos a cuenta del impuesto correspondiente, el informe advierte que pueden generar presiones temporales sobre la liquidez de estos actores y requerir ajustes en los procesos administrativos de las aseguradoras encargadas de realizar los pagos.
Segmento exportador
Dentro de las medidas favorables para determinados nichos del mercado asegurador, el análisis destaca la posibilidad de que las empresas exportadoras obtengan el reembolso del ISC pagado sobre seguros. La ley reconoce este derecho para exportadores que operen en terceros mercados, permitiéndoles recuperar parte del costo tributario asociado a sus coberturas.
Según Félix, esta disposición puede estimular una mayor demanda de seguros dentro del segmento exportador y crear nuevas oportunidades comerciales para aseguradoras y corredores especializados en riesgos corporativos.
El documento también aborda otros aspectos de la reforma con incidencia indirecta sobre el sector, incluyendo cambios relacionados con el sistema de salud, activos digitales, regímenes simplificados de tributación y mecanismos de regularización fiscal.
Particular atención merece la reasignación de recursos hacia el Servicio Nacional de Salud (SNS) y las administradoras de riesgos de salud (ARS), una medida que podría modificar flujos dentro del ecosistema sanitario y requerirá seguimiento por parte de las aseguradoras con productos complementarios de salud.
Igualmente, la ley incorpora nuevas reglas para activos digitales y criptoactivos, amplía los mecanismos de control fiscal y establece procedimientos de amnistía tributaria que podrían resultar de interés para empresas con contingencias pendientes. En general, la Ley 30-26, que abarca un conjunto de medidas, permitirá al Estado captar entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones adicionales, recursos que serán utilizados para fortalecer la economía, preservar programas sociales.
Acción para el sector
Como recomendación, el informe sostiene que la Ley 30-26 obliga a la industria aseguradora a iniciar un proceso de adaptación que abarca áreas fiscales, comerciales, operativas y tecnológicas.
El economista considera que las aseguradoras deberán actualizar sistemas de facturación, estructuras de retención, contratos con proveedores internacionales, modelos de precios, estrategias comerciales y matrices de riesgos tributarios antes de la entrada en vigor de varias de las disposiciones previstas por la legislación.
A pesar de estos desafíos, el análisis destaca que el seguro de vida sale fortalecido de la reforma fiscal, gracias a la eliminación progresiva del ISC y a la preservación de la exención sucesoral, dos medidas que consolidan su papel como instrumento de protección familiar, ahorro de largo plazo y planificación patrimonial dentro del mercado dominicano.
