El Estado dominicano ha destinado más de RD$930,000 millones a la educación preuniversitaria desde que en 2013 se inició la aplicación de la Ley 66-97 en lo que respecta al 4% del producto interno bruto (PIB). Rápidamente se puede afirmar que el avance más significativo ha sido en infraestructura, alimentación y un poco de tecnología.
El esperado efecto positivo de la llamada Tanda Extendida aún está por verse, toda vez que el currículo o programa escolar no ha sido lo suficientemente adecuado para esta nueva modalidad de docencia. Sólo hay que visitar un plantel para darse cuenta en qué se va el tiempo luego que los estudiantes almuerzan. Muchos centros escolares carecen de profesores suficientes para cumplir con el programa.
La calidad de la educación es la materia pendiente. República Dominicana ha reprobado en cuanto a mejorar los resultados. Tomando en cuenta que en este ejercicio fiscal se cumplen siete años de la aplicación del 4% del PIB para el sector educativo, entonar un mea culpa respecto al pobre retorno de haber invertido tantos recursos en este sector, es un imperativo que debería estar en la agenda nacional.
El dinero no sobra y las autoridades lo saben muy bien. Es necesario invertir en educación porque es la vía más idónea de sacar de la pobreza a la población con menos oportunidades, pero esa inversión jamás debe ser sobre la base de cumplir con una ley sin los mecanismos de fiscalización necesarios. Cuando se exigió cumplir con el 4% del PIB para educación también debió exigirse una revisión completa de las condiciones logísticas para su puesta en vigencia.
Mejorar la calidad del sistema educativo debió venir acompañado de la construcción de aulas. Lo más lógico es que con cada escuela nueva debió aplicarse un método, el que fuera, para que los maestros a cargo también tuvieran una visión holística del nuevo escenario en que se desempeñaría la educación. Escuelas nuevas, tanda extendida, comida y facilidades tecnológicas son inútiles sin los recursos humanos no están a la altura de las circunstancias.
Anhelar transparencia y mejoría en la calidad de la educación no puede ser un escudo para tirar el dinero público por la borda. Si es necesario revisar lo que se ha logrado a partir de la inversión realizada, aunque parezca impopular, es urgente hacerlo. Más tarde, luego de miles de millones de pesos invertidos, será peor y más pesada la carga para las finanzas públicas.
