Desde la aparición del libro “El Otro Sendero” de Hernando de Soto, en donde este autor exponía la realidad de la economía informal en América Latina –o Economía de la Sombra como le llaman algunos-, los negocios informales, y su dinámica de aparición y expansión permanente, han sido un tema de estudio, análisis y debate constante.
Los principales debates se han enfocado en explicar el origen de la informalidad, tratando de identificar las razones por las que cada vez más se consolida este fenómeno y el por qué las políticas públicas han sido comúnmente inefectivas para reducir su ritmo de crecimiento.
Sin embargo, fuera de las argumentaciones, lo cierto es que los negocios informales son una realidad en el mundo, pero principalmente en América Latina y, particularmente, en República Dominicana.
Pero, ¿qué es un negocio informal? Una respuesta inmediata podría ser que los informales son todos aquellos que no pagan impuestos, que no están registrados en algún organismo estatal y que tampoco responden a los códigos laborales, al tiempo que operan con baja productividad, escasos salarios, y no están bajo la gracia de la seguridad social.
De su lado, Loayza y Nagawara (2009) argumentan que la informalidad no solo es el resultado de una causa única sino de la combinación de las deficiencias de los servicios públicos, un régimen normativo gravoso y poca supervisión del Estado; mientras que el Banco Mundial (2010) arguye que los impuestos, las regulaciones del mercado laboral, la calidad, el estado de la economía, “oficial” (nivel de desempleo, crecimiento económico, etc.) constituyen los principales factores que conducen a la informalidad.
En un ranking elaborado por el Banco Mundial sobre la Informalidad, se determinó que a nivel de la economía mundial el promedio de informalidad por países es de un 17% como porcentaje del Producto Interno Bruto, seguida de los países de la OCDE de Ingresos Altos en donde es un 16% en promedio.
En el caso de América Latina y el Caribe, el ranking establece que la informalidad es de un 38% promedio por país, colocando a Bolivia como el país con mayor nivel de informalidad en su economía con un 66% como porcentaje del PIB, seguido de Panamá (64%), Perú (58%) y Haití (56%). República Dominicana aparece con un 32% de informalidad en función del tamaño de su economía, mientras Chile se revela como el país de la región con menos nivel de informalidad con un 19%.
En República Dominicana la informalidad se constituye en una respuesta de los sectores de menores ingresos a la poca capacidad de la economía formal de generar empleos, y de hacer que estos sean decentes e incluyentes. Y con una población económicamente activa que crecerá este 2015 un 2.8%, incorporando más de 97,000 nuevas personas buscando trabajo, es casi probable que muchas de ellas opten por la opción de la informalidad y hagan crecer aún el empleo de la sombra que actualmente allí se genera el cual, según el Banco Central, es de un 56%.
Vendedores ambulantes, transportistas, reparadores de inversores y de muchos otros artículos de uso doméstico, y hasta profesionales con ingenio, iniciativa y espíritu emprendedor, salen diariamente a las calles realizando una actividad ilícita con mercancía lícita, en tanto el Estado se empeña en “pescar” a estos informales con una carnada repleta de impuestos y de procesos administrativos tortuosos, lo que aleja la posibilidad de un encuentro fraterno entre ambos mundos. El problema es complejo y de difícil solución y no aun no parece haber un consenso en cómo controlar este fenómeno.
Finalizo con una reflexión de Hausmann que dice que el “El sector informal es en gran medida consecuencia de que la gente esté desconectada de las redes de producción moderna –una ineficiencia que no se resolverá simplemente reduciendo el costo de registrar un emprendimiento ni obligando a las empresas pequeñas a pagar impuestos. Para resolver este problema, no basta que los gobiernos dejen de hacer algunas maldades”. Tendrán que comenzar a hacer “lo que nunca se ha hecho” para atraer a estos informales.
El autor es economista con un doctorado en educación
