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Eliminados nuestros privilegios, el diluvio (3 de 3)

Julio SantanaPorJulio Santana
18 November, 2021
en Hablemos de calidad
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No juzgue nada por su aspecto, sino por la evidencia. No hay mejor regla” –Charles Dickens.

De nuevo subrayamos en esta ocasión que, para transitar hacia un nuevo modelo económico con base en el conocimiento, la productividad y la sostenibilidad de sus pilares motores (sectores), debemos eliminar los privilegios existentes; los sobrecostos económicos sustentados en monopolios y oligopolios; la ausencia de una visión del desarrollo nacional de largo plazo efectivamente compartida por los principales grupos de interés y el gasto irracional e improductivo. Además, sería necesario el restablecimiento de la autoridad y el cambio radical de la naturaleza esencialmente clientelar del régimen político que está de trasfondo.

Igualmente, como hemos reiterado muchas veces, no es posible tal transición sin un sistema nacional de innovación que funcione, es decir, sin poner el mayor énfasis político en la producción de nuevas tecnologías o en el aprendizaje tecnológico oportuno, seleccionando escrupulosamente sectores, subsectores o empresas ambiciosas.

Al margen de esta gran tarea nacional muchos aspectos de la dinámica gubernamental requieren revisión objetiva, exhaustiva, imparcial y profunda. Uno de ellos es el gasto tributario. Este se refiere a un tratamiento impositivo preferencial al margen del definido en el sistema tributario, con el objetivo de beneficiar a determinadas actividades, sectores, zonas o contribuyentes.

Lo importante es que estos ingresos que el Estado puede realmente recibir cumplan la misión para las que están diseñados. Ellos incluyen los montos excluidos de la base imponible que reducen o eliminan el tributo correspondiente (exenciones); apropiación de la base imponible para favorecer empresas o sectores económicos concretos, como es el caso de la depreciación acelerada (deducciones); afectación directa de la cuantía del impuesto a pagar (sin perturbar la base imponible: créditos); tasas menores a la alícuota general del impuesto para beneficiar ciertas transacciones o a determinados sujetos (ITBIS o impuestos a los combustibles: tasas reducidas), y postergación parcial o total de una obligación impositiva (diferimientos de los impuestos aduaneros).

Si bien los cambios metodológicos (2013, 2018) hacen difícil la construcción de una serie temporal consistente, es posible tener una idea muy aproximada del comportamiento histórico del gasto tributario. Al margen de esos cambios, que impactan fuertemente el comportamiento de esta variable entre 2013 y 2017, su incremento absoluto fue de 109 mil 806 millones en el período 2011-2016 y de 63 mil 925 millones entre 2017 y 2022 (valor proyectado).

Así, la variable de referencia alcanzó un nivel máximo de 6.28% (2015) del PIB, colocándose en 2020 en su nivel más bajo (4.59%) para componer este año (2021) de reactivación 4.98%. La proyección del monto del gasto tributario 2022 muestra una leve reducción en términos relativos (como proporción del PIB) del orden de 0,09% en comparación con el año anterior.

Podemos afirmar que el hecho de que para cada 100 pesos producidos aproximadamente 5 dejan de captarse voluntariamente para los fines consabidos, es un rasgo típico de casi todas las economías de la región. Por ejemplo, los apoyos al sector productivo en Uruguay alcanzaron en 2017 la suma de 2,414 millones de dólares (137 mil 598 millones de pesos), cantidad que representó 19.6% de la recaudación estatal y el 4.1% del PIB de ese año.

Ahora bien, los infundios sirven de poca cosa para tener la osadía de proponer la eliminación total del gasto tributario mediante un apresurado proyecto de ley.

Afirmar que ese gasto es un regalo a los empresarios, mencionando de manera explícita al grupo de los industriales de Herrera, es una falacia atrevida. Sencillamente porque solo bastaría analizar las figuras impositivas asociadas a tal gasto en la Ley de Presupuesto 2022.

De hecho, una proporción considerable de las exenciones nuestras no resultan, como en el caso mencionado de Uruguay, de leyes de incentivos a la empresa privada, sino de un trato tributario preferencial a los consumidores (como se demuestra fehacientemente en un reporte reciente del economista y amigo Henry Hebrard).

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