La Superintendencia de Bancos (SB) tiene como obligación fundamental hacer cumplir la Ley Monetaria y Financiera 189-02 en todas sus partes. Sin embargo, hay responsabilidades adicionales que pesan directa o indirectamente sobre esa institución, que su titular, Alejandro Fernández Whipple, está decidido a hacer cumplir.
En su exposición durante el Foro Económico elDinero 2021, el pasado 7 de diciembre, el funcionario ofreció detalles sobre las medidas que adoptó la administración monetaria y financiera para mitigar los efectos del covid-19 sobre la economía, el impacto de la pandemia al sistema financiero, la respuesta de la banca aquí en comparación con otros países de la región, la estrategia de la SB para proteger a los usuarios financieros y lo que está haciendo para preservar la “integridad del sistema financiero”.
Fernández Whipple detalló a lo que se refería con la “preservación de la integridad del sistema financiero”, pues traducido de manera sencilla, a lo que se refiere es a la lucha contra el lavado de activos en la banca.
“Nuestro compromiso, en primer lugar, es dar cumplimiento a la Ley Monetaria y Financiera, pero sepan que en nuestra administración y en el Gobierno tendremos tolerancia cero a la criminalidad financiera y al lavado de activos”, dijo el superintendente.
Sin embargo, explicó que el rol de la Superintendencia de Bancos no es sancionar de manera directa las posibles acciones de lavado de dinero de procedencia ilícita en el sistema financiero, debido a que la Ley 155-17 determina los procedimientos para esos fines.
Procedimiento
Las actividades sospechosas que se generan sobre reportes de transacciones en efectivo, no llegan a la Superintendencia de Bancos, sino que los llamados “sujetos obligados” las canalizan de manera directa a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), una filial del Ministerio de Hacienda que, junto con la Procuraduría General de la República (PGR) establece los informes de investigación y los expedientes sobre los cuales se sustentan muchos de los casos que posteriormente son conocidos en el ámbito judicial.
“Si la UAF entiende que una entidad financiera no está en cumplimiento con los requerimientos de informaciones que deben hacer, lo informa a la Superintendencia de Bancos y entonces, establecemos sanciones”, dijo Fernández Whipple. “Si nosotros evaluamos directamente el sistema de prevención en las entidades y vemos debilidades, también sancionamos”, agregó.
En tanto que si la PGR requiere información sobre determinadas operaciones bancarias de los que están siendo investigados, entonces solicita la información a través de la Superintendencia de Bancos, con una previa orden judicial.
Pero en gestiones anteriores, esos procesos de investigación y de canalización y suministro de información, aparentemente no se realizaban de manera efectiva, incluso, hasta la Cámara de Cuentas tenía trabas en la Superintendencia de Bancos para obtener información en los casos que la solicitaba.
“Ahora el sistema está funcionando”, dijo el superintendente para luego preguntarse y responderse a sí mismo las razones de ese funcionamiento: “porque la Procuraduría está haciendo su trabajo y nosotros estamos haciendo nuestro trabajo”.
Recordó que los casos de acusaciones por lavado de activos que cursan en la actualidad son de acciones realizadas en administraciones pasadas, y que si la Superintendencia de Bancos, la Procuraduría y la propia UAF no actuaron en su momento, “vaya usted a ver por qué no lo hicieron”. “Pero nosotros hemos asumido esto de manera muy seria”, añadió durante su presentación en el Foro Económico elDinero 2021.
Protección del usuario
Otro objetivo del superintendente de Bancos en esta gestión es mejorar la atención a los usuarios del sector financiero, en cuanto a la defensa de sus derechos como clientes.
El superintendente afirmó que en la filosofía institucional y la agenda de la SB se otorga un lugar preponderante a los usuarios financieros, en consonancia con lo trazado por el presidente Luis Abinader.
Esta decisión se materializa en acciones que permiten la entrega de servicios más eficientes y educación financiera a los usuarios. Incluso, las respuestas a los usuarios del último año superan la suma de los cinco años anteriores.
El funcionario citó el desarrollo de la aplicación ProUsuario Digital, que a menos de dos meses de su lanzamiento registra más de 31,000 usuarios que tienen “los servicios de la SB en su bolsillo”. También, los canales alternos de la oficina de ProUsuario, mediante los que ya se asiste al 85% de los contactos recibidos.
Acciones en proceso
Para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) la Superintendencia de Bancos ha realizado las siguientes iniciativas:
Revisión temática del PLAFT 2021 sobre manejo de clientes de alto riesgo, el inicio de procesos sancionadores por incumplimientos, proyectos de asistencia técnica por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
También, un acuerdo con la Procuraduría General de la República y apoyo a la Fiscalía de delitos financieros, así como la emisión de una circular de canal de denuncias y responsabilidad de las entidades de intermediación financiera y un nuevo instructivo de debida diligencia, que está en consulta pública, para facilitar la apertura de cuentas y transacciones de los más pequeños y apretar la supervisión de los movimientos de dinero de los más grandes.
Asimismo, se ha desarrollado una “misión centinela” en contra de las entidades sin licencia que no solo operan de manera ilegal, sino que representan una competencia desleal para las que sí están al día en las regulaciones vigentes. La Superintendencia de Bancos ya tiene consensuada con la Procuraduría una circular para el proceso en casos de inmovilización de fondos y está en proyecto otra circular sobre origen del dinero.
