El pasado 27 de febrero el presidente Luis Abinader anunció que sometería al Congreso un proyecto de modificación de la Ley 112-00 de Hidrocarburos para revisar los esquemas de cálculo y ver de qué forma se pudiera aliviar su aplicación en cuanto al precio final a los consumidores. No la sometió y tal vez hizo bien.
Pero ahora, ante la presión social por los altos precios internacionales del petróleo que se traducen en alzas en los combustibles en el mercado local, parece que se apresta a cumplir con esa promesa. Sin embargo, cualquier cambio en esa legislación pudiera ser un error. Los impuestos establecidos en esa ley son necesarios para el Estado y los demás componentes de costo serían difícil de modificar.
Lo ideal sería que se mantenga como está y que el Gobierno continúe aplicando compensación sobre los precios para no aumentarlos tanto como indican los cálculos. Lo mismo que el año pasado. Eso es menos complicado.
