El Poder Ejecutivo se ha propuesto la modificación de la Ley de Hidrocarburos 112-00 y, para ello, ha sometido una iniciativa legislativa que busca, entre otras cosas, hacer más transparente el proceso de establecimiento de los precios de los combustibles, los cuales varían cada semana, así como una reorganización integral del sector.
Por demás, este proyecto del gobierno trata de dar respuestas a las condiciones del entorno internacional, en donde los precios del barril del petróleo han venido experimentando alzas sistemáticas durante el último año, lo que se ha agudizado con la guerra entre Rusia y Ucrania.
Como se sabe, República Dominicana es un importador neto de combustibles, por lo que cualquier variación de los precios de referencia (por ejemplo, el del West Texas Intermediate), provocará, indefectiblemente, una modificación en los precios internos, sin que se tengan alternativas viables para contrarrestar esta situación.
Otro elemento importante a destacar en este tema de los hidrocarburos es que el principal proveedor de derivados del petróleo del país lo constituyen los Estados Unidos, nación que tuvo, durante 2021, una de las más altas tasas de inflación de los últimos 40 años, lo que también influyó para que los precios del petróleo que adquiere el país aumentaran aún más.
Todo este panorama ha generado ansiedad e incertidumbre entre los agentes económicos y, principalmente, en las familias, ya que sufren las consecuencias de los incrementos en los precios de los combustibles, viendo disminuir su poder adquisitivo.
Por todo lo anterior, se entiende que esta iniciativa del gobierno es plausible y pertinente, y ofrece la oportunidad de que amplios sectores de la población no solo conozcan la fórmula que se utiliza para la determinación de los precios de los hidrocarburos, sino de que también se entere de cómo funciona la cadena de valor en ese renglón, el rol de los importadores, el papel de la Refinería Dominicana de Petróleo, los canales de distribución y comercialización existentes y, finalmente, el margen de comercialización que tienen los detallistas de combustibles.
En ese mismo sentido, al propio gobierno le conviene la revisión y/o modificación de la Ley de Hidrocarburos, sobre todo por el sacrificio económico que está representando para las finanzas públicas el subsidio de alrededor de RD$1,354 millones semanales para mantener los precios sin variación. Aunque en el mediano plazo este subsidio se plantea como insostenible para el Gobierno, en el corto plazo representa un alivio para toda la población dominicana y para los choferes del volante.
Conviene decir, finalmente, que la modificación de la Ley de Hidrocarburos debe realizarse en un contexto de evaluación de los beneficios que ha tenido hasta ahora su implementación, y no partir de sus limitaciones y debilidades en su operación.
Solo así se podrá obtener una ley que se asemeje a las mejores prácticas mundiales en materia de importación, distribución, comercialización y consumo de combustibles. Por último, la modificación de esta Ley debe ser para mejorarla y para que los diferentes sectores productivos entiendan su estructura, instrumentos y mecanismos de funcionamiento.
