[dropcap]N[/dropcap]o siempre lo legal es justo, pero es lo legal y como tal debe aplicarse. El cumplimiento de las leyes, sean éstas justas o no, no está bajo cuestionamiento o duda en países donde funcionan las instituciones.
La administración del presidente Danilo Medina encontró un déficit muy amplio cuando se estrenó en 2012. El informe oficial lo estableció en 6.6% del producto interno bruto (PIB), equivalente a RD$153,803.2 millones.
Lejos de cuestionar las razones por las que se generó, República Dominicana se vio obligada a aprobar la Ley 253-12 para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, conocida como la “Reforma Fiscal”.
Quienes ahora piden que se viole una ley para que no se aplique el aumento del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), que pasará de 13% a 16% en aquellos productos que en los últimos tres años fueron afectados por la Reforma Fiscal de 2012, tienen consciencia de que la ley es la ley y debe cumplirse mientras no haya otra que la derogue.
Guste o no, la Reforma de 2012 manda a una aplicación escalonada del ITBIS hasta llevarlo al 16% en 2016.
Las autoridades sólo están cumpliendo con esta legislación, aunque en otras se hagan de la vista gorda.
Lo que sí debe reclamar la población es una mejoría en la calidad del gasto para evitar que se generen situaciones que obliguen a más “parches fiscales”, que sólo resuelven situaciones coyunturales.
Los que ahora piden que no se aplique la Ley 253-12, entre los que están políticos, representantes de organizaciones civiles, amas de casas y sindicatos de trabajadores, obvian que son ellos los que piden que se apliquen otras leyes.
No está en duda que la entrada en vigencia de este nuevo escalón de la Reforma Fiscal resultará un golpe muy duro para la economía de los trabajadores, quienes de por sí tienen salarios deprimidos ante los no aumentos de sueldos y salarios, pero esa es la ley.
Nadie podría estar de acuerdo con aumentos de impuestos, por las razones ampliamente discutidas en la opinión pública, pero no aplicar lo que manda la ley constituye una violación a una disposición emanada del Congreso Nacional, que es la única institución facultada para aprobar o derogar legislaciones.
El presidente Medina no tiene capacidad jurídica para dejar sin efecto una ley. Quienes se lo piden estarían jugando con la inteligencia de la gente y se aprovechan de la ignorancia de un pueblo que estaría de acuerdo con que se violente una norma porque sería en su provecho, aunque sea un delito.
Lo justo sería no aplicar el aumento de tres puntos porcentuales que manda la Ley 253-12 al ITBIS de algunos productos, pero no sería legal. Si lo que se busca es que no se aplique, no es al Presidente que debe pedírsele, sino al Congreso.
Los dominicanos necesitan ser informados con la verdad, sobre todo cuando se trata de aspectos tan importantes como los impuestos que deben pagar por los bienes y servicios que consumen diariamente. Los impuestos no son graciosos y jamás lo serán. Así es la ley.
