La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) se ha convertido en una institución modelo en cuanto a cómo deben hacerse las cosas para garantizar transparencia. No se trata sólo de intención, lo que se necesitan son acciones que demuestren una coherencia entre lo que se predica y los hechos.
Cuando un Estado funciona cobijado bajo la sombrilla de la transparencia, en el que sus instituciones se convierten en un ejemplo a seguir, partiendo de que sus acciones están dirigidas a lograr eficiencia, es posible afirmar que también se lograrán ahorros importantes en los recursos que ingresan al erario para cumplir el sagrado compromiso de los gobiernos de garantizar servicios de salud, educación, seguridad y obras de infraestructuras que respondan a las necesidades de toda la población, ya sea que estén en las principales ciudades como el provincias con menor capacidad económica.
La transparencia desempeña un rol de primer orden cuando se trata de gestionar correctamente los recursos públicos. Un país como República Dominicana, cuya presión tributaria apenas llega al 14.5% del producto interno bruto (PIB), está obligado, por necesidad, a ser eficiente.
La aplicación de una legislación moderna, eficaz y que responda a las características particulares de la sociedad dominicana, tomando como referencia las exigencias de un entorno interconectado, es un imperativo.
Sólo hay que ver lo que ha sucedido con esta Dirección para notar que realmente ha habido avances importantes (y notables) en lo que compete a una gestión eficiente y transparente. No sólo se trata de tener la posibilidad de verificar en tiempo real todo lo que sucede en materia de contrataciones públicas, incluidos todos los procesos y la cantidad de licitaciones, oferentes y adjudicaciones, entre otros, sino de observar la disposición de un equipo técnico de altísima calidad que se muestra dispuesto a hacer un trabajo en favor del desarrollo del país.
Los dominicanos sabrán valorar, según los resultados y el legado de la actual gestión, la dimensión e impacto de las acciones del equipo que lidera esta institución estatal, la cual es fundamental para lograr transparencia y calidad en el gasto público.
Se requiere de manera urgente una ley con mayor fortaleza e incidencia de este organismo, a fin de convertirla en una entidad que aporte al desarrollo del país mediante la transparencia, eficiencia e igualdad de oportunidades.
Contrataciones Públicas necesita un instrumento legal que le permita mayor campo de acción, que la hagan una entidad más fuerte y con capacidad de aplicar consecuencias.
