[dropcap]N[/dropcap]o cabe dudas de que el tema del financiamiento de las campañas electorales cobra cada vez más relevancia en los países en donde impera la democracia, existen sistemas de partidos, y en donde es posible la alternancia en la administración del Estado.
Junto con la financiación está también el tema del gasto de la campaña, el cual se ha vuelto prácticamente ilimitado, carece de reglamentación, mientras los partidos y los candidatos han perdido el control de los costos vinculados a sus candidaturas, las cuales son esencialmente clientelares.
Y esto es aún más complicado cuando el sistema de partidos se convierte en un mercado en donde los candidatos tienen y ponen su precio, salvo algunas excepciones.
Así también, es obvio que las campañas electorales, sobre todo en República Dominicana, son cada vez más caras, sobre todo porque son extremadamente largas, tienden a responder a un sistema populista, clientelar, basado en el “denme lo mío”, y en la compra indiscriminada del voto, tanto a lo interno de los propios partidos como fuera de estos.
Y esta situación se torna compleja y difícil de manejar, pues ni el gobierno ni la oposición, y mucho menos la JCE, tienen los mecanismos e instrumentos reglamentarios –tal como una Ley de Partidos, con régimen de consecuencias incluido- como para controlar el financiamiento, y mucho menos el gasto de la contienda electoral.
Es tan así, que la oposición habla del uso de los recursos del Estado en la campaña por la reelección del Presidente como si estos estuvieran restringidos a los del Gobierno Central, dejando de lado que los gobiernos locales –de todos los partidos- y el Congreso, igualmente representado por todos los partidos políticos, los fondos que utilizan para hacer campaña, también provienen de ese mismo Estado. Es decir, que nadie está libre de pecado.
Lo que sí es cierto es que mientras más cara sean las campañas de los partidos, más diversificadas deberán ser las fuentes de financiamiento. Y mientras menos controles y regulaciones se tengan para normar el gasto -público y privado- de estos procesos, más posibilidades existirán de que el dinero sucio canibalice la contienda electoral, y empiecen a aparecer los sicarios cobradores de deuda.
Es por lo anterior que se precisa establecer nuevas reglas de juego en esto del financiamiento y el gasto de campaña, porque de otra manera estaríamos apostando, a la par con la poca credibilidad de muchos políticos, a la desaparición del sistema de partidos en República Dominicana.
