[dropcap]E[/dropcap]n los últimos diez años, el Gobierno ha distribuido entre familias de escasos recursos más de RD$85,000 millones mediante los subsidios sociales. Se trata de las ayudas en alimentos, asistencia estudiantil, suministro de gas propano y de servicio de electricidad a menor costo, entre otros beneficios que son transferidos con una tarjeta electrónica.
En nuestra pasada entrega de La Escuela Económica, hablábamos sobre la necesidad de que el Gobierno conceda subsidios en forma más productiva y poníamos de ejemplo la promoción de empresas estatales para producir materia prima que supla a determinadas industrias nacionales, con base en un subsidio al costo operativo, especialmente el de la nómina, para que las personas beneficiadas sientan que reciben un pago con base en un trabajo realizado.
Actualmente, los subsidios sociales del Gobierno se conceden a cambio de asuntos como comprometerse a vacunar a los niños, mantenerlos en la escuela y otros aspectos que son meramente cotidianos, pero no a cambio de una labor específica realizada, por lo que terminan convirtiéndose en ayudas parasitarias que sólo sirven para mantener en la pobreza a gente que siente que si salen de ese estado dejará de recibir la ayuda.
Pero independientemente del aspecto clientelista y politiquero que pudiera tener, en parte, el programa de subsidios gubernamentales, también contiene elementos positivos, sobre los cuales me permito citar algunos.
Las estadísticas indican que las transacciones de suministro de alimentos con la tarjeta Progresando con Solidaridad se realizan por medio de alrededor de 6,000 comercios autorizados, es decir, colmados en barrios pobres.
Un aspecto positivo es que los dueños de esos comercios han adquirido un mayor nivel de organización administrativa, además de que sus ventas crecen con un activo que les permite expandirse, emplear a más personal y así contribuir con un mayor dinamismo de la economía. Eso sin contar con la permanencia en sí misma de esos comercios, pues al ser usados como intermediarios del Gobierno, se mantienen operando y no terminan en la quiebra y cierre.
Otra ventaja es para los consumidores, que tienen la posibilidad de comprar al detalle una canasta de productos básicos, lo cual hace que el dinero les rinda más, pues no es lo mismo comprar un paquete de cinco libras de arroz en el supermercado a pedir solo una libra en el colmado, o una lata de salsa en lugar de una fundita, con lo que el beneficiario adquiere más productos.
También está la ventaja de que la dotación de tarjetas de pago a personas de escasos recursos que nunca habían tenido acceso a un sistema electrónico transaccional, les puede motivar a bancarizarse, lo cual debe ser aprovechado por las entidades financieras que suplen el servicio de canalización de recursos en forma de subsidios en esos barrios.
La Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos (ALNAP), está aplicando un proyecto de inclusión financiera con familias beneficiarias de Progresando con Solidaridad. Lo mismo pueden hacer otras entidades de intermediación financiera involucradas como la Asociación Popular y la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.
Hay que tomar en cuenta que en esos segmentos de escasos recursos hay un movimiento económico, a veces, impresionante; lo que pasa es que se trata de actividades informales de la economía, que bien pueden ser formalizadas en parte por medio de la base de datos de alrededor de un millón de beneficiarios de los subsidios gubernamentales.
El hecho de que familias pobres, de zonas socialmente vulnerables, puedan acceder a la bancarización, es una contribución a la mejoría de su calidad de vida, con base en la ubicación de una entidad formalizada para depositar sus limitados ahorros, así como la posibilidad de acceder a créditos menos lesivos que el 20% quincenal que cobra el prestamista del barrio, haciendo más costoso el limitado acceso a dinero.
La plataforma de beneficiarios de los subsidios gubernamentales debe ser mejor aprovechada y utilizada para algo más que distribuir ayuda y condicionar el voto electoral de quienes la reciben. Es tiempo de que más de una década de ese programa contribuya con una reducción más efectiva de la pobreza.
