Los informes oficiales dan cuenta de que en República Dominicana la bancarización ronda alrededor del 51%. Es decir, de cada cien dominicanos con posibilidad de obtener una cuenta bancaria, solo 51 posee una o varias, mientras 49 no han accedido a sus beneficios.
Esa situación, que debería preocupar más a las autoridades del Gobierno y a los entes del sector privado, es el resultado de la elevada informalidad en la economía dominicana, tanto en lo relativo a la producción de bienes y servicios como en el ámbito laboral.
Las autoridades monetarias, en coordinación con los representantes del sector financiero nacional han hecho gestiones en procura de que se incremente la cantidad de personas con cuentas bancarias, pero se trata de iniciativas que poco han valido, más considerando varios factores.
Uno de ellos es que las normativas vigentes, como la Ley contra el Lavado de Activos, establecen requisitos de depuración que para determinados potenciales clientes resultan exagerados.
A eso se agregan otros impedimentos impuestos por el mal historial crediticio que puede tener un ciudadano, lo cual motiva la cancelación de sus cuentas y su ingreso en una especie de “lista negra”, donde ningún otro banco le da acceso a una cuenta.
Otra limitación es la que pesa sobre las personas con antecedentes penales, a quienes se les niega la posibilidad de tener una cuenta bancaria, mientras que los trabajadores informales que no tienen cómo justificar sus ingresos, generalmente en efectivo y sin factura que los sustente, también tienen las puertas cerradas a una cuenta bancaria.
Imagine a un plomero, quien realiza labores a particulares, tanto en condominios y torres de apartamentos, como a otras viviendas particulares e individuales. Posiblemente mueva ingresos por el orden de los RD$100,000 mensuales, pero no tiene una cuenta bancaria, es decir, no está bancarizado.
Él decide ir a un banco a abrir una cuenta para poder recibir pagos por transferencia y para convertirse, en algún momento, en sujeto de crédito dentro de la formalidad financiera.
Pero para abrirle la cuenta el banco le exige una carta constancia de trabajo que justifique sus ingresos o, en su defecto, la forma de comprobar, con documentos, un ingreso constante por lo menos durante tres meses seguidos. ¿Cómo puede hacerlo, si cobra en efectivo y ofrece servicios a personas, no a empresas formales?
A eso se agrega el hecho de que un joven de 18 años, es decir, ya mayor de edad, que no tiene empleo y se dedica a estudiar, no puede abrir una cuenta bancaria con 4,000 mil o 5,000 pesos, porque para ello, sus padres, o al menos uno, deben justificar mediante documentaciones que son los que sostienen económicamente al joven y les facilitan los recursos.
En cambio, si una persona, que no tiene antecedentes penales y un fatal historial crediticio, consigue un empleo formal, de inmediato se le abre una cuenta bancaria para el pago de nómina que recibirá de su empleador. Tal vez vaya a ganar salario mínimo, poco menos de 12,000 pesos mensuales, pero con sobrada justificación del origen de ese dinero.
Lo que se observa es que la economía dominicana, sus actores privados, sus autoridades gubernamentales y sus normativas vigentes, se enfocan en fortalecer la formalidad de los ya formalizados en lugar de ir tras los informales para que se formalicen.
Surgen productos de servicios y facilidades para los clientes de los bancos, no para quienes no son clientes a los fines de que en algún momento lo sean.
Lo mismo ocurre en el sector tributario oficial, donde los gobiernos se enfocan en los que pagan impuestos, porque ya están registrados en la formalidad, mientras que no hace nada o hacen muy poco para captar a aquellos que generan riqueza en la informalidad y por tanto no aportan con el pago de impuestos una parte de esos ingresos.
De no trabajar en algún mecanismo de captación de los informales, será difícil, muy difícil, reducir ese elevado indicador de 51% de personas sin acceso al sector financiero, así como la preocupante proporción de 56% de informalidad en las actividades económicas del país y el mismo porcentaje en la cantidad de personas que trabaja en República Dominicana; esto es, a lo internos del mercado laboral.
