La Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) anunciaron un proceso de licitación para la contratación de una empresa que se encargaría de la inspección de los vehículos, conocida como “la revista”.
Ese tipo de inspección está establecido en la Ley de Tránsito del país, por lo que hacen bien las autoridades en implementarla. El tema está en su aplicación efectiva y completa. Se teme que su aplicación se convierta en un nuevo impuesto para los ciudadanos que andan en vehículos adecuados, mientras los destartalados y descuidados vehículos del transporte público de pasajeros y de carga siguen sin control alguno.
¿Qué garantías tenemos de que se va a aplicar la revista con la misma rigurosidad a transportistas y a conductores? ¿Cómo se aplicará el tarifario de la inspección? ¿Estaremos en las mismas de siempre, donde los “padres de familia” serían exonerados de la inspección?
