A raíz de los acontecimientos ocurridos en el fin de semana recién pasado, en donde un grupo de exfuncionarios del pasado gobierno de Danilo Medina fueron encartados y sometidos a la justicia, acusados de desfalcar al Estado dominicano por un volumen de recursos jamás visto en la historia del país, nos abocamos a realizar un análisis sobre la economía de la corrupción o, mejor, examinarla desde una óptica económica.
En efecto, más allá de las “implicaciones éticas, políticas, sociales y legales que tiene la corrupción”, lo que se pretende en este artículo es observar si la corrupción es parte de un ecosistema mafioso o fraudulento a partir de cuál un grupo de individuos rentabiliza su paso por el gobierno o, si más bien es una cultura que vive enraizada en el ADN de los políticos, la cual se potencializa una vez se obtiene un cargo público.
En cualquier caso, se sabe que la corrupción es un flagelo que afecta la economía, el desenvolvimiento de las instituciones y tiene efectos negativos sobre los agentes económicos. Por ejemplo, según un estudio de Transparencia Internacional de 1999, citado por Soto (2003), la corrupción generalmente reduce la efectividad y calidad de las políticas económicas, distorsiona el diseño y aplicación de las regulaciones, y entraba y ensucia el accionar de la justicia.
Otro autor sugiere que la corrupción puede tener un efecto negativo en los niveles de inversión, crecimiento, igualdad y bienestar de una economía (Mauro, 1995). Así también, Soto hace una reflexión interesante cuando plantea que el problema no es cuando en una sociedad hay casos aislados, sino cuando en esa sociedad la corrupción es generalizada.
Un problema adicional que plantea Soto sobre este tema, es entender las posibles situaciones que llevan a los individuos a actuar de manera corrupta y a las sociedades a tolerar, e incluso fomentar, las prácticas corruptas.
Partamos de que la corrupción, tal y como lo concibe Friedrich (1990), “se produce cuando un servidor público al que la sociedad le ha dado atribuciones para cumplir un determinado deber, realiza actividades en beneficio personal que reducen el bienestar social o dañan el interés público”. Así, tenemos diferentes formas de corrupción, entre las que se citan: el robo abierto, la apropiación indebida de fondos o propiedad estatal, el nepotismo y la obtención de favores a amigos o familiares, y el abuso de la autoridad pública con el fin de obtener pagos o beneficios personales”.
De su lado, Monteverde (2013) plantea que “la corrupción requiere la interacción entre dos actores, uno de los cuales tiene un papel dentro del sistema político o es empleado del Estado, quien es corrompido, y otro que los corrompe: “La corrupción tiene lugar en la interacción entre los sectores público y privado. Cada vez que un empleado oficial tiene poder discrecional respecto a acciones distributivas que afecten al sector privado, se crean oportunidades de soborno”.
Se dice que, a nivel de Latinoamérica y buena parte de Europa, “la corrupción ha envenenado a una parte significativa de las clases política, empresarial, administrativa, sindical y de cargos institucionales públicos y privados con poder de influencia”, aunque no se puede decir que es un fenómeno generalizado ni que se tiene un nivel patológico de corrupción, según lo apunta el español Gómez Yáñez (2014).
En República Dominicana, sin embargo, históricamente la corrupción se ha llevado entre las uñas miles de millones de dólares que muy bien pudieron ir a parar a servicios hospitalarios, educación, a mejorar la calidad de vida de la gente, dotarles de agua potable y saneamiento, construirles viviendas y, en sentido general, a reducir la pobreza y la indigencia.
Ojalá y los sometimientos que se están realizando actualmente, constituyan un punto de inflexión que permita, sino eliminar totalmente la corrupción en el Estado, por lo menos mitigarla de manera significativa.
