Para bien o para mal (o ambas cosas a la vez), los políticos han sido parte del desarrollo social y económico de nuestra República Dominicana. Los aportes del sector privado quiero dejarlos para otro artículo, ya que mi enfoque ahora está en la necesidad de revisar nuestra administración política del territorio.
Estoy totalmente consciente de que un político mediocre y que piense sólo en función de sus intereses partidarios, aunque se lo explique con un Nacho, jamás estará de acuerdo con una reducción en el número de divisiones geopolíticas. ¡Ni pensarlo! Sus argumentos versarán en torno a la necesidad de la descentralización de la gestión pública para garantizar el desarrollo de los pueblos y una mejor distribución de los recursos públicos. Admito que esta justificación suena linda y convincente.
Ahora bien, lo que sí está demostrado es que la burocratización excesiva hace más daño que bien. Atomizar un territorio genera más burocracia y muchísimos empleos improductivos. ¿Botellas? Todos conocemos al asistente del asistente del asistente. Y lo peor: imposibilita la función fiscalizadora del Estado porque es muchísimo más difícil (casi imposible) vigilar 500 instituciones en vez de 150, sólo para poner un ejemplo. Y los quiero dejar claro: una cosa es la división política y otra es la gestión del territorio.
Sólo para recordar, República Dominicana tiene 48,442 kilómetros cuadrados. Entre 1844 y 1863, nuestro territorio estuvo dividido en cinco provincias y llegó a 11 en 1916. Otras 16 fueron adicionadas durante los 31 años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.
¿Y ahora? Nuestro país, para su administración política, está dividido en 10 regiones, que a su vez implican el Distrito Nacional, 31 provincias, 158 municipios y 235 distritos y cientos de secciones y parajes. Los que justifican esta “hiperfragmentación” del territorio dominicano dirán que la población ha aumentado y que es necesario facilitar el acceso a los servicios públicos. Repito: una cosa es la división política y otra, os recuerdo, la gestión o administración del territorio.
Sin embargo, no siempre una división política está relacionada con la cantidad de habitantes o algo parecido. Es harto conocido que Trujillo ha sido quien más provincias ha creado en la historia de nuestro país, pero posiblemente obedeció más a una estrategia de control territorial que a un aspecto meramente económico, demográfico y social. Todas las provincias de la frontera, por ejemplo, fueron creadas como estructuras justificativas ante la amenaza demográfica de Haití. En esta parte del país, a pesar de que fueron creadas hace más de 60 años, viven los dominicanos con menores posibilidades de desarrollo.
Sé que, sustentados en lo que constitucionalmente está establecido, hay quienes abogan por la creación de nuevas provincias. Aquí es bueno recordar que no todo lo legal es legítimo ni justo. Nuestro país tiene una población aproximada de 11 millones. Muchas de las razones que esgrimen quienes defienden la “hiperfragmentación” del territorio están relacionadas con la prestación de los servicios públicos. Sin embargo, nada más irracional que justificar una nueva estructura político-administrativa en que es necesario llevarle un juzgado de paz, tribunal de trabajo, oficina de impuestos o del Ministerio Público, entre otros, pues la descentralización de los servicios públicos no depende de la creación de una nueva jurisdicción.
Ahora viene la parte más importante de este artículo (y quizá la más difícil de plantear), la cual compete a quienes tienen la potestad de tomar decisiones, pero que, al mismo tiempo, se benefician del sistema de cosas actual. ¿Cómo pedirle a un diputado o a un senador que reduzcamos la cantidad de legisladores, que no sometamos un nuevo proyecto de ley para crear nuevas jurisdicciones políticas sólo por cuestiones de interés partidario o que impidamos la hiperfragmentación del territorio? Conocemos países con más población y con más kilómetros cuadrados y menos burocracia que República Dominicana. El Salvador, por ejemplo, tiene en proyecto reducir las alcaldías de 262 a 44 no sólo para ahorrar recursos públicos, sino para evitar la corrupción al hacer más fácil la fiscalización. ¿Quién se atreve a pararse en el Congreso y proponer una reforma al sistema político-administrativo del país? Dudo que haya algún valiente.
