[dropcap]C[/dropcap]ada dominicano, sin importar la clase socioeconómica a la que pertenezca, debería conocer mínimamente el significado de la palabra institucionalidad, es decir, la distribución político-administrativa de los poderes en un Estado de derecho.
La institucionalidad, que es lo mismo que respetar las instituciones, funciona cuando existe un Estado de derecho, propio de las sociedades democráticas en el que la Constitución garantiza la libertad, los derechos fundamentales, la separación de poderes, el principio de legalidad y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder (RAE, 2016).
¿Por qué el introito? Una docena de instituciones empresariales y sociales, lideradas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), haciendo uso de los derechos constitucionales que les asisten, creó lo que denominaron “Iniciativa por la institucionalidad democrática”, un espacio cuyo objetivo fundamental es impulsar las reformas que demanda República Dominicana en diversos ámbitos de su organización como Estado.
No importa si es la voz de Juan, el que vende aguacates en cualquier esquina de Santo Domingo o de otra ciudad dominicana, o si se trata del líder empresarial más influyente; todo ciudadano tiene derecho legítimo a exigir respeto a las instituciones.
Nadie, por más encumbrado que se sienta en un posición de dominio público, por demás electo o designado por voluntad del sistema democrático, está en capacidad de cuestionar la voluntad de un conjunto de organizaciones, muy diversas entre sí, de unirse para vigilar lo que en términos institucionales sucede en el país.
Felicitar esta iniciativa es un imperativo, pues surge con el objetivo de estimular a todos los actores políticos, estatales y sociales a que asuman el compromiso de dotar al país de una institucionalidad sólida que incremente la confianza social en los órganos del sistema democrático, del sistema de partidos y de las instituciones políticas y sociales en sentido general.
Y como lo plantean los empresarios y las organizaciones sociales que hacen sinergia en esta decisión, pero muy a propósito de un nuevo período constitucional del presidente Danilo Medina, es necesario que República Dominicana propicie la adopción de una nueva Ley de Partidos que garantice que estas agrupaciones asuman el mandato constitucional que les ordena establecer procesos institucionales transparentes y organizados; reglas claras para la selección de sus autoridades y los candidatos a posiciones electivas, respeto a la democracia interna y el debido proceso, la obligatoriedad de la formación política, ajustarse a sistemas de financiamiento públicos o privados que sean fiscalizados por los órganos competentes y crear mecanismos regulares de rendición de cuentas.
Es positivo para todos impulsar la aprobación de una Ley Electoral que marque las reglas de los procesos de manera clara y garantice que sean organizados, transparentes, equitativos e inclusivos, regulando los tiempos de duración de las campañas, garantizando la equidad en la colocación de publicidad y estableciendo medidas para evitar el uso ilegal de los recursos del Estado por parte de las agrupaciones políticas y sus candidatos. Ahora que el país no está en campaña es todavía más saludable hacerlo.
Pero tampoco tiene nada de malo que estas organizaciones den seguimiento al proceso de selección de los titulares de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral con la finalidad de garantizar la independencia de estos órganos y por tanto el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales.
Hablar de institucionalidad no sólo es saber que es una palabra con 17 letras. Predicar con el ejemplo es vital en este caso.
