República Dominicana debe adoptar un marco común de competencia, que incluya normas sustantivas y de procedimiento, las cuales deben ser aplicadas de manera uniforme en todos los sectores.
Así lo recomienda el examen inter-pares, realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) a petición de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De acuerdo con María Elena Vásquez, presidente del Consejo Directivo de ProCompetencia, estos resultados representan una herramienta “muy poderosa, que se nos ha puesto en nuestras manos para lograr, si existe la voluntad, implementar modificaciones para mejorar nuestras normativas y políticas de competencia de conformidad con las mejores prácticas internacionales”.
“Este estudio plantea la necesidad de homogenizar las normativas que tienen que ver con la libre competencia en República Dominicana, a los fines de crear un marco común de competencias que incluya normas sustantivas y de procedimiento”, explicó Vásquez, al destacar que el país es el primero del Caribe en someterse al examen y forma parte del 36.3% de países de Latinoamérica.
La Ley General de Defensa de la Competencia 42-08, “no ha sufrido ninguna modificación” en los 16 años de haber sido aprobada. El estudio plantea una modificación a la Ley 42-08, en la cual se incorpore un control de concentraciones y que se aumente el plazo de prescripción. Vásquez señaló que la normativa establece un período “muy breve” para perseguir las conductas anticompetitivas, el cual es de apenas un año.
El documento señala que “ProCompetencia debería limitar sus investigaciones relacionadas con prácticas de competencia desleal a aquellas que afecten al interés económico público general, liberando recursos para las investigaciones de infracciones a la libre competencia”.
En una visita a elDinero, Vásquez destacó que gracias a las recomendaciones, pueden redactar una propuesta para la modificación de la Ley 42-08, ya que hace un análisis neutral y objetivo para hacer una reforma que traiga consigo una ley moderna.
Dentro de las recomendaciones está la necesidad de reforzar los recursos presupuestarios y humanos dedicados a la aplicación de la competencia en el país. Además, que se adopte un régimen general de control ante de las funciones en línea con las normas de la OCDE y las mejores prácticas internacionales.
Asímismo, exhorta permitir a ProCompetencia priorizar las acciones de aplicación y defensa basadas en criterios transparentes, incluyendo el poder de no tomar acciones de aplicación o cerrar investigaciones en función de sus prioridades y disponibilidad de recursos.
El documento invita a garantizar que las sanciones “tengan un efecto disuasorio suficiente”.
Controles
República Dominicana es el único país de la región que no tiene control de concentraciones. Según Vásquez, este es un “análisis previo cuando se dan los procesos de fusiones entre las empresas”.
El equipo evaluador, que estuvo compuesto por representantes de Costa Rica, Chile y México, resaltó la necesidad de que el país tenga este control, el cual sirve para determinar si una fusión puede tener un impacto en la libre competencia de los mercados, este proceso obliga a las instituciones a pasar por un análisis, el cual es de índole administrativa.
“Esto es importante porque previene conductas”, aseguró la funcionaria, al resaltar que no se puede esperar que haya abuso de posición dominante, “que es lo que puede generar una concentración que esté por encima del umbral”.
Indicó que una posición dominante puede ser lesiva para los consumidores y el Estado. Vásquez afirmó que se le tiene mucho miedo al control de concentraciones, no obstante, no hay nada que temer, porque lo que pretende es prevenir.
De acuerdo con la presidenta del Consejo Directivo de ProCompetencia, como el país no cuenta con el control de concentraciones se le excluye de ser consultado cuando se están fusionando empresas en el extranjero y que tengan incidencia en territorio dominicano. Para ello, explicó, se debe esperar que haya “abuso de posición dominante para nosotros poder perseguir cualquier conducta”.
“Estamos en una aldea global y, estando en una aldea global, tanto nuestros emprendedores como nuestros empresarios pueden invertir en el extranjero, pero igualmente puede venir capital extranjero a la República Dominicana e invertir en cualquier mercado”, destacó.
Ley
“Introducir multas disuasorias por falta de respuesta, respuestas tardías y el uso de información incompleta o engañosa en relación con las solicitudes de información de ProCompetencia”, recomienda el examen.
Las multas que establece la ley “no son disuasorias”, ya que van de 30 a 3,000 salarios mínimos del sector a que corresponda, es decir, unos US$900,000. “Para usted y para mí sería muchísimo dinero, pero para las grandes empresas, por ejemplo, Amazon o para estas empresas grandes realmente, no es significativo y eso hace que, en muchos casos, les resulte mejor incurrir en la práctica anticompetitiva que ser sancionados”.
En estos casos, “para ellos es más una sanción de índole reputacional”. Entonces, de ahí, la importancia, según la OCDE y los homólogos evaluadores, de que se incremente el monto de las multas para evitar que se cometan.
Otro aspecto que recomiendan es la incorporación de los programas de clemencia, los cuales, explicó, han dado muchos resultados en otras latitudes, ya que permiten que los que son miembros de un cartel, que es como se denomina cuando se ponen de acuerdo para fijar precios, “puedan denunciar a quien ha incurrido y que pueda, a partir de esa denuncia, no recibir la sanción o que su sanción sea más baja”.
En los hallazgos está la necesidad de que exista una mayor cooperación interinstitucional para lograr tener más información. Por ejemplo, si en el Congreso Nacional se plantea un proyecto de ley que pudiera generar alguna afectación a la libre competencia las entidades competentes deben evaluarlo para evitar que se creen barreras que limiten la inversión.
