El Gobierno de dominicano, bajo la dirección del presidente Luis Abinader, ha puesto en marcha un ambicioso plan de reforma fiscal para optimizar los recursos públicos mediante la fusión de ministerios y la eliminación de varias direcciones generales y comisiones. Esta estrategia, como parte de una política de austeridad y eficiencia, busca reducir el gasto público y mejorar la prestación de servicios sin comprometer la calidad.
Entre las fusiones más destacadas se encuentra la integración de los ministerios de Hacienda con el de Economía, Planificación y Desarrollo, así como el de Educación (Minerd) con el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). La intención detrás de estas medidas es clara: reducir la duplicidad de funciones, simplificar la burocracia y liberar recursos para áreas críticas del Estado, como la salud y la seguridad. Sin embargo, aunque el gobierno ha proyectado ahorros significativos de hasta RD$25,000 millones, existen dudas sobre si estos ahorros se materializarán por completo o si el ajuste terminará trasladándose al ámbito tributario, afectando directamente a los contribuyentes.
Por otro lado, la fusión del Minerd con el MESCyT ha sido una de las decisiones más controvertidas en esta reforma. Estas dos instituciones son pilares fundamentales en el desarrollo del capital humano del país, y aunque su unificación podría llevar a una mayor coherencia en las políticas educativas, también plantea desafíos. Según las proyecciones oficiales, el presupuesto del Minerd alcanzará los RD$324,531 millones en 2025, una cifra que no difiere significativamente de los recursos actualmente asignados a ambos ministerios de manera conjunta. Esto sugiere que el ahorro proyectado provendría principalmente de la contención del crecimiento del gasto, en lugar de una reducción efectiva. En este contexto, “reformar el Estado no debe centrarse exclusivamente en la reducción del gasto, sino en la creación de un sistema administrativo capaz de ofrecer servicios eficientes y equitativos, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas” (Tirole, J. 2017. La economía del bien común, Barcelona: Taurus).
Asimismo, más allá del ámbito educativo, el gobierno ha anunciado que los recursos liberados por las fusiones se destinarán a otras áreas prioritarias. Sin embargo, esto plantea una preocupación adicional: si bien se espera que las fusiones generen ahorros, es posible que esos recursos sean reasignados a otras partidas, lo que podría dificultar la reducción del déficit fiscal.
Según Richard Musgrave (1959), “el desafío en la política fiscal es lograr la armonía entre las necesidades económicas y las presiones políticas”. En este sentido, el ajuste podría traducirse en un aumento de la carga tributaria, afectando a los sectores más vulnerables.
Por otro lado, la experiencia de otros países que han implementado reformas administrativas similares ofrece valiosas lecciones para la República Dominicana. Seis países han sido particularmente relevantes en este ámbito: Nueva Zelanda, Reino Unido, España, Brasil, Canadá y México.
En primer lugar, en la década de 1980, Nueva Zelanda emprendió una de las reformas más radicales, fusionando agencias gubernamentales y privatizando empresas estatales. Estas medidas redujeron la deuda pública del 70% del PIB al 30% en una década, pero a un costo social considerable. La eliminación de entidades ineficientes y la consolidación de funciones mejoraron la eficiencia operativa del gobierno, pero generaron despidos masivos y un aumento de la desigualdad (Evans, 1996; Dalziel, 2002).
En segundo lugar, en 2020, el Reino Unido fusionó su Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) con el Ministerio de Relaciones Exteriores y del Commonwealth, creando el Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO). Esta reforma, diseñada para optimizar el uso de recursos y mejorar la coherencia de la política exterior, generó ahorros estimados en decenas de millones de libras. No obstante, algunos críticos señalaron que la fusión comprometía la independencia de la política de ayuda internacional, lo que podría afectar los programas destinados a combatir la pobreza en los países en desarrollo (The Guardian, 2020; BBC News, 2020).
Del mismo modo, durante la crisis financiera global de 2008, España implementó medidas de austeridad que incluyeron la fusión de ministerios y la reducción de direcciones generales y subsecretarías. Estas reformas lograron ahorros significativos, estimados en 2,000 millones de euros anuales, lo que ayudó a estabilizar la deuda pública y reducir el déficit. Sin embargo, los recortes en el gasto público aumentaron la desigualdad y el desempleo, generando tensiones sociales y protestas masivas (El País, 2010; European Commission, 2014).
En 2019, Jair Bolsonaro redujo los ministerios en Brasil de 29 a 22, fusionando el de Agricultura con el de Pesca y el de Planificación con el de Economía. Se estimó que estas fusiones generaron ahorros de 2,000 millones de reales brasileños anuales, aunque algunos críticos advirtieron que la fusión de ministerios con funciones tan diversas podría afectar la gestión de sectores clave, como la agricultura (Folha de S.Paulo, 2019; Estadão, 2019).
Asimismo, en 2013, Canadá fusionó el Ministerio de Relaciones Internacionales y Comercio con la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, formando el Ministerio de Asuntos Globales. Aunque no se divulgaron cifras sobre los ahorros, la consolidación mejoró la coherencia en la política exterior y permitió una mejor asignación de recursos, sin grandes controversias ni impactos negativos (The Globe and Mail, 2013; Brown, 2017).
Algo semejante ocurrió en México, en 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó varias dependencias gubernamentales, incluyendo el Consejo de Promoción Turística, con el objetivo de reducir el gasto público. Estas medidas generaron ahorros de aproximadamente 7,500 millones de pesos mexicanos anuales (375 millones de dólares), que fueron redirigidos a programas sociales prioritarios, aunque algunos sectores criticaron la eliminación de entidades clave para el desarrollo económico, como el turismo (El Universal, 2019; BBC News, 2019).
En conclusión, las fusiones propuestas por el gobierno de Luis Abinader representan un punto crucial en la estrategia fiscal de la República Dominicana. Si bien las intenciones detrás de estas medidas son claras -optimizar los recursos, reducir la duplicidad de funciones y mejorar la eficiencia administrativa- su éxito dependerá de la habilidad del gobierno para gestionar los impactos sociales y económicos que puedan surgir. La experiencia internacional ha demostrado que, aunque las fusiones pueden generar ahorros significativos, es crucial que los costos no recaigan sobre los sectores más vulnerables ni afecten la calidad de los servicios esenciales.
Por último, más allá de los ahorros proyectados, el verdadero desafío radica en transformar estas reformas en una herramienta de crecimiento y equidad. La consolidación de ministerios y direcciones debe ser vista como una oportunidad para fortalecer la capacidad del Estado, no solo para reducir gastos, sino para garantizar que los servicios públicos sean más eficientes y accesibles.
Como sugiere Joseph Stiglitz (2000), “el crecimiento económico sostenible no es posible sin equidad”, y cualquier medida que aumente la carga tributaria sobre los sectores más vulnerables podría desencadenar efectos adversos a largo plazo. La clave estará en equilibrar la eficiencia fiscal con la responsabilidad social, asegurando que la reforma beneficie a todos los ciudadanos y no solo al aparato estatal.
