Violencia de género e intrafamiliar: flagelo socioeconómico de alta prioridad para la Justicia dominicana

En un mundo donde el hogar debería ser el refugio más seguro, miles de mujeres enfrentan una aterradora realidad: la violencia de género e intrafamiliar. Este flagelo, que no conoce fronteras, acarrea un alto costo social, económico y psicológico a las víctimas y a la sociedad. Entre 2019 y 2023, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) registró 730 muertes de mujeres en condiciones de violencia, equivalente a casi tres asesinatos semanales a manos de parejas o exparejas, quienes son los principales perpetradores de estos crímenes.

La violencia intrafamiliar y de género, según lo define el Poder Judicial en su portal web, incluye cualquier acción u omisión que cause daño físico, sexual o psicológico a miembros del núcleo familiar o que responda a razones de género. Este concepto ha tomado relevancia en los últimos años; de hecho el 2022 se convirtió en un año crítico con 163 muertes, marcando el período más letal para las mujeres en el país.

Aunque entre enero y agosto de este año se ha reportado una disminución del 17.6% en comparación con el mismo período del año anterior—con al menos 34 mujeres víctimas de violencia machista— la situación sigue siendo alarmante. Esta nación es una de las latinoamericanas con las mayores tasas de feminicidios (2.7 por cada 100,000 habitantes).

En este contexto, la magistrada Sarah Veras, jueza de la Segunda Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, explicó a elDinero que los casos de violencia de género e intrafamiliar son considerados prioritarios dentro del grupo de vulnerabilidad del Poder Judicial. “No se puede hablar de igualdad en el servicio de justicia si no se toma en cuenta que no todos somos iguales, en el sentido de que hay personas con limitaciones físicas, con necesidades especiales o mujeres vulnerables”, afirmó.

“En 2019, el Poder Judicial dominicano, bajo la presidencia de Henry Molina, organizó mesas de trabajo para autoevaluar su funcionamiento y consultar a la comunidad sobre mejoras. De ahí surgió el Plan Estratégico Visión Justicia 2024, que busca hacer la justicia más ágil y accesible en beneficio de los grupos más vulnerables”, puntualizó la magistrada Sarah Veras, jueza de la Segunda Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

Veras también subrayó que, en el último cuatrienio, el eje de “justicia inclusiva”, como parte del Plan Estratégico Visión Justicia 20/24, ha dado lugar a una serie de iniciativas para un abordaje adecuado y facilitar el acceso a la justicia de esos grupos en condiciones de vulnerabilidad como personas con discapacidad, adultos mayores, así como mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género e intrafamiliar.

Órdenes de protección: ¿Qué criterios se utilizan?

La procuradora de corte y titular de la Dirección contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República (PGR), Ana Andrea Villa Camacho, especificó a elDinero que el Código Penal dominicano contempla una serie de medidas cautelares que van desde el desarme del agresor y presentación periódica hasta prisión preventiva y órdenes de protección. Esta última es una de las que más predominan en los casos de violencia de género e intrafamiliar.

Villa Camacho subraya que las órdenes de protección, conocidas popularmente como órdenes de alejamiento, son sólo una de las múltiples medidas inmediatas implementadas por la Procuraduría para salvaguardar a las víctimas de violencia. Estas órdenes prohíben a los agresores acercarse o comunicarse con las afectadas, bajo pena de medidas cautelares. Además, indicó que se contempla el acceso de mujeres sin recursos a asistencia legal.

Añadió que la prohibición total de acciones que pongan en riesgo a las mujeres y que cualquier incumplimiento puede ser denunciado ante la Procuraduría. Enfatizó que las víctimas no deben asumir el rol de “mensajeras” en estos casos, admitiendo que esta práctica era frecuente en el pasado, pero que está prohibida y puede denunciarse. Entre otras iniciativas, citó las casas de acogida para mujeres en riesgo y se permite que ellas soliciten indemnización por daños sufridos.

Para abordar este problema, indicó que se han implementado tres centros de intervención conductual para hombres agresores con un enfoque en “desmontar la masculinidad violenta” y un centro de atención a sobrevivientes, donde las mujeres pueden recibir apoyo emocional especializado.

Al respecto, la directora de Prevención y Atención a la Violencia del Ministerio de la Mujer, Jesica Croce, las órdenes de protección (de alejamiento) son herramientas importantes que el Ministerio Público utiliza en situaciones donde no se pueden judicializar los casos de inmediato. Sin embargo, recordó que es fundamental entender que su efectividad depende de múltiples factores. “Es crucial empoderar a la ciudadanía y a las mujeres para que reconozcan y denuncien las diversas manifestaciones de la violencia de género. La continuidad en el proceso de denuncia es clave”, expresó Croce a elDinero.

La Ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar establece que “el tribunal dictará orden de protección a favor de la víctima”, sin posibilidad de atenuantes para el agresor. Según estadísticas de la PGR, entre 2020 y 2023 se registraron 272,336 denuncias de violencia de género e intrafamiliar, los jueces emitieron 59,191 órdenes de protección. En 2023, las cifras son igualmente preocupantes: de 62,598 denuncias, se emitieron 30,088 órdenes de protección y 1,689 fueron medidas de coerción de las más de 2,000 solicitadas por los fiscales.

“La violencia machista tiene un alto costo: afecta a la mujer que la sufre, a sus familias y a los hijos que viven en un entorno violento. Además, impacta al Estado y también a los hombres que ejercen la violencia, ya que les cuesta su libertad y afecta su bienestar emocional y físico. En definitiva, es un problema que perjudica a toda la sociedad”, afirmó Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección contra la Violencia de Género Procuraduría General de la República (PGR).

En tanto, el abogado Jaime Senior Fernández destacó los esfuerzos de la Procuraduría y el sistema de justicia para apoyar a las víctimas de violencia, como la casa comunitaria de justicia, que busca “abrirle las puertas a la justicia”. Sin embargo, expresó a elDinero su preocupación por el seguimiento de las órdenes de protección, señalando que “sin ese seguimiento y sin esa implementación, las órdenes de protección quedan en ‘papel'”.

Escasas denuncias agudizan flagelo

En los primeros ocho meses de este año, las querellas de violencia de género e intrafamiliar alcanzaron las 40,533. De esa cantidad, 25,052 recibieron orden de protección. A pesar del esfuerzo visible por parte del sistema judicial, los jueces y los fiscales, la falta de denuncias agudizan la situación al limitar la persecución penal oportuna, según Villa Camacho.

Datos de la Encuesta Experimental sobre la situación de las Mujeres (ENESIM-2018) arrojaron que en el país el 98% de las víctimas de violencia de género guarda silencio, pues a menudo el miedo a denunciar puede ser mayor que el temor al agresor mismo. “Sólo en lo que va de año, se registraron 43 feminicidios íntimos, pero de esa cantidad el 90% de las féminas no había denunciado”, reveló Villa Camacho durante una entrevista a elDinero.

Agrega que “este fenómeno no toma vacaciones. Es una cultura que legitima y sostiene la violencia”, advirtió. Según un informe “Compendio de mujeres fallecidas en condiciones de violencia 2019-2023”, de las 730 muertes, el 49.1% fueron feminicidios íntimos perpetrados por cónyuges o exparejas.

La procuradora reconoce que “denunciar no es fácil” debido a que las víctimas “no hablan cuando quieren, sino cuando pueden”. Sin embargo, recordó que la denuncia es la única vía que tiene la víctima de entrar a la Justicia. Cada año, el Ministerio Público recibe alrededor de 87,000 denuncias de todo tipo de violencia a nivel nacional, posicionando la violencia contra las mujeres como el segundo delito más denunciado.

Villa Camacho enfatiza el papel del Ministerio Público como un “órgano persecutor”, aunque también trabaja en la prevención. “La violencia contra la mujer es cara para la mujer que sufre el impacto, para las familias involucradas, para los hijos afectados y para el Estado”, señala. “La violencia te roba los sueños”, advierte, resaltando que nadie puede hablar de progreso real mientras continúe este fenómeno.

La titular de la Dirección contra la Violencia de Género de la PGR reconoce que, aunque el sistema presenta desafíos significativos, se trabaja continuamente para mejorar la atención a las víctimas y se aspira a un futuro en el que la educación en igualdad sea prioritaria para erradicar la violencia machista desde la infancia.

“Las instituciones del sistema de protección a víctimas de violencia en República Dominicana llevan a cabo acciones para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esto incluye fortalecer el sistema de justicia, acortar los plazos de los procesos penales, capacitar en materia de género a los actores del sistema e incorporar tribunales especializados en estos temas”, resaltó Jesica Croce, directora de Prevención y Atención a la Violencia del Ministerio de la Mujer.

De igual forma, la representante del Ministerio de la Mujer sugiere mejorar la calidad de las denuncias para brindar un respaldo sólido a las víctimas, enfatizando que “este es un esfuerzo colectivo que involucra no solo a las instituciones, sino también a la sociedad en su conjunto”.

Dispositivo electrónico para robustecer medida

Carmen, nombre ficticio para proteger su identidad, solicitó en 2023 una orden de protección contra su expareja. Aunque al principio sintió esperanza, pronto se dio cuenta de que “el papel” no garantizaba su seguridad. Su agresor la acechaba en su barrio, transformando su vida en un constante “juego del gato y el ratón”, con el miedo como única compañía.

El senador del partido oficialista Franklin Romero destacó la “alarmante” ola de feminicidios en el país, principalmente a manos de parejas o exparejas. A pesar de las órdenes de protección, asegura que muchos feminicidios ocurren con estas vigentes. Romero señaló que los agresores a menudo se suicidan tras cometer el crimen, lo que indica que las órdenes de alejamiento no están funcionando. “Esta problemática afecta a todas las clases sociales”, resaltó el legislador a elDinero.

“La alarmante tasa de feminicidio en nuestro país afecta a casi todos los dominicanos, ya que muchos conocemos a alguien que ha sido víctima, ya sea una hija, una hermana, una madre, un vecino, un amigo. Es crucial prevenir el feminicidio, y para ello debemos utilizar la tecnología como herramienta para proteger a las víctimas del agresor”, enfatizó Franklin Romero, senador por la provincia Duarte.

Para abordar esta crisis, propone implementar dispositivos de vigilancia telemática, como grilletes o brazaletes, para monitorear a los agresores y prevenir acercamientos a las víctimas. “Lo más importante es evitar que nuestras mujeres sean asesinadas. Ese es el impacto que vamos a lograr con esta incorporación”, enfatiza Romero, criticando la efectividad de las órdenes actuales: “hemos visto que cuando un hombre tiene una orden emitida, esa orden no lo impide matarla y luego hasta decide acabar con su vida”.

Según un estudio del Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (OPD-Funglode), el 27.8% de los feminicidas o victimarios en el país se suicidan después de cometer el crimen. En casi la mitad de los casos, la víctima ya no mantenía una relación de pareja con su agresor, quien en promedio es 11 años mayor que ellas.

El proyecto legislativo busca modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para permitir que se soliciten estos dispositivos en casos de órdenes de protección. Aunque fue aprobado en el Senado, no avanzó en la Cámara Baja, pese a que el partido de gobierno es mayoría, por presuntas cuestiones presupuestarias. Romero cuestiona: “¿Cuánto vale la vida de una mujer? Es invaluable”, y menciona que países como Argentina y España han logrado reducir feminicidios hasta un 70% con medidas similares.

De acuerdo con el informe de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), en 2023 se asignaron RD$922.1 millones para la reducción integral de la violencia de género e intrafamiliar. Esta inversión forma parte de los programas y proyectos priorizados con financiamiento protegido, representando el 1.2% del total de este financiamiento, que alcanza los RD$74,692.7 millones.

En tanto, el abogado Senior advierte sobre los problemas de colocar dispositivos a acusados sin condena definitiva, señalando que “cualquier medida restrictiva de libertad debe ser evaluada y ponderada por un juez”. Sin embargo, reconoce la necesidad de medidas más contundentes para proteger a víctimas de agresores reincidentes y sugiere que una correcta aplicación de órdenes de protección podría disminuir la prisión preventiva. “Tenemos una oportunidad para disminuir los feminicidios y otros actos violentos contra la mujer”, puntualizó a elDinero.

Un estudio de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) titulado “Estimación del costo económico de la violencia contra la mujer en República Dominicana, periodo 2011-2015”, revela que el 73.8% de las mujeres dejó de asistir a su trabajo debido a la violencia sufrida, con un promedio de siete días laborales perdidos.

Desafíos

Un 69.35% de la población dominicana considera que los procesos judiciales son muy costosos, lo que contribuye a la inasistencia a los tribunales. El “Informe unificado de los estudios de percepción 2021” del Poder Judicial destaca que los altos costos económicos son la principal razón para no asistir.

Además, el 50% de los jueces señala que las reformas legislativas inadecuadas afectan al sistema judicial, mientras que un 77.1% identifica la disminución del presupuesto como el mayor desafío del Poder Judicial.

En ese tenor, la jueza de la Segunda Cámara Penal de la Corte de Apelación mencionó la urgente necesidad de una legislación efectiva sobre feminicidios, que aunque está tipificada, aún no se ha incluido en el Código Penal. Además, citó que la cibercriminalidad representa un grave problema que afecta a grupos vulnerables, especialmente a mujeres y menores, a través de modalidades como el “ciberacoso” y el “grooming”.

Destacó que el Poder Judicial dominicano trabaja en mesas de análisis para adaptarse a estos desafíos, pero se requiere acción inmediata. Añadió que la Escuela Nacional de la Judicatura sensibiliza a todos los actores sobre el trato hacia las víctimas y considera la interseccionalidad, reconociendo las múltiples dimensiones de vulnerabilidad que pueden enfrentar muchas mujeres víctimas de violencia de género.

Los daños colaterales de la violencia de género e intrafamiliar constituyen un desafío. El psicólogo Ricardo Pichardo destaca que la violencia intrafamiliar es un factor clave detrás de las uniones tempranas. En declaraciones a este medio, señaló: “Hay casos en que los adolescentes viven violencia en el seno de su familia y entienden que uniéndose a otra persona a temprana edad van a poder huir de su casa y salir de esa situación inadecuada”.

Trabajo en conjunto

La titular la Dirección contra la Violencia de Género de la PGR subrayó la importancia del respaldo tanto del Estado como de organismos internacionales en la lucha por los derechos de las mujeres. “El Ministerio Público no actúa en solitario; contamos con aliados estratégicos como el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional y el Poder Judicial. Somos múltiples actores que intervenimos en una ruta crítica, coordinando esfuerzos para garantizar que el Estado ofrezca respuestas efectivas a las necesidades de las mujeres”, afirmó Villa Camacho.

Por su lado, el Ministerio de la Mujer coordina un total de 18 casas de acogida o refugios en el país, establecidas por la Ley 88-03. Entre estas, destaca, según un reporte enviado a elDinero, una casa especializada para víctimas de trata, un centro nacional que alberga hasta 200 mujeres y sus dependientes, y un refugio especializado para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, gestionado por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

La entidad reveló a este medio que desde 2020 hasta la fecha 7,202 mujeres en situación de violencia y sus dependientes han encontrado protección en estas instalaciones, salvaguardando sus vidas ante situaciones de riesgo y vulnerabilidad social. La mayoría de las beneficiarias se encuentra en el rango de edad de 25 a 30 años, reflejando una realidad que requiere atención continua.

En tanto, el Poder Judicial dominicano destacó a elDinero los avances logrados en los últimos cuatro años en la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar. Entre las iniciativas más relevantes se encuentran los 15 centros de entrevistas, destinados a brindar un entorno seguro para que víctimas y testigos de delitos, especialmente mujeres y niños, puedan declarar sin temor a la revictimización. Estos centros operan en 11 departamentos judiciales y cuatro distritos del país.

Además, se aprobó el Protocolo de Actuación Contra la Violencia, Discriminación y Acoso en noviembre de 2022, que permite a usuarios y personal del Poder Judicial presentar denuncias de acoso de forma anónima. Este protocolo ha establecido un marco institucional que no tolera abusos y garantiza la protección de las víctimas.

También presentó la “Guía de Buenas Prácticas” para el manejo de casos de violencia doméstica e intrafamiliar y de género, destinada a jueces y servidores judiciales. “Este documento busca asegurar que los procesos se resuelvan rápidamente, protegiendo los derechos fundamentales de las víctimas y evitando su revictimización”, enfatizó el Poder Judicial a este medio.

Conforme con estadísticas de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), solo entre 2000 y 2013 ejecutaron 638 capacitaciones sobre violencia intrafamiliar y trata de personas a nivel nacional. De esa cantidad, 98 fueron a la comunidad jurídica nacional, 53 al defensor público y 154 a jueces.

Las estadísticas validan estos esfuerzos. El reciente “Análisis de las Sentencias dictadas por Órganos Judiciales de la República Dominicana en delitos de feminicidios, violencia sexual e incesto durante el período 2020-2022”, realizado por el Poder Judicial y la Embajada de España en el país, revelan que el 90% de los casos dictaminados por los tribunales colegiados resultaron en condenas, mientras que solo un pequeño porcentaje enfrenta consecuencias significativas por violar órdenes de protección; apenas un 1% fue condenado por este motivo.

Inteligencia artificial ¿una aliada?

En los últimos años, el Poder Judicial ha dado pasos significativos en temas tecnológicos y de acceso a la Justicia. Solo en 2020, en plena pandemia del covid-19- el 82.6% de las audiencias fueron virtuales. Esto, entre otros avances, son resaltados por la magistrada Veras como un logro hacia la justicia accesible e inclusiva.

Al respecto, el doctor en derecho y especialista en nuevas tecnologías, Pascal Peña, destacó a este medio que la inteligencia artificial (IA) es una herramienta clave en la prevención y apoyo a las víctimas de violencia de género. A través del análisis de grandes volúmenes de datos, la IA puede identificar “patrones de comportamiento, perfiles de agresores, zonas de alto riesgo, mensajes de ayuda en redes sociales o registros de llamadas de emergencia”.

Peña explica que “la IA puede ayudar a nuestras autoridades a discernir entre denuncias legítimas y falsas, determinar las medidas de protección más eficientes, ayudar en la vigilancia y el cumplimiento de estas, o ante riesgos de ataque intervenir de forma anticipada”.

Cita ejemplos internacionales como VioGén, en España, que asigna niveles de riesgo a denunciantes, eMonitor+, en Perú, que identifica discursos de odio, destacan su potencial. Sin embargo, Peña advierte sobre los desafíos en República Dominicana.

“El uso de la IA debe ir acompañado de una legislación robusta sobre protección de datos”, dado que la actual Ley 172-13 es insuficiente, aseguró Peña. Además, resaltó que “el uso de las tecnologías no es una solución mágica”, y que es necesario combinarla con capacitación y sensibilización en el sistema judicial, desde quien recibe la denuncia hasta el juez.

Si necesita ayuda u orientación, contacte la Línea Mujer *212, disponible 24/7. También puede llamar a la Línea Vida (809-200-1202) para denunciar violencia y maltrato.