Estoy harto de insistir en que la violación de la ley por parte del Estado, a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), es la principal responsable de tantas muertes y lesiones en nuestras vías.
La Ley 63-17 establece de forma clara que no se puede otorgar permisos de circulación a vehículos que no hayan pasado una revisión técnica y que carezcan de seguros de responsabilidad civil contra daños a terceros.
Acuerdos con sindicatos y empresas. Existen múltiples factores que contribuyen a los accidentes de tránsito, y es imprescindible atacarlos para reducirlos o eliminarlos. Considero que las autoridades deben priorizar las causas de mayor incidencia y aquellas que sean más sencillas de abordar.
Es evidente, como todos hemos constatado en las carreteras, que los vehículos pesados son frecuentemente imprudentes, violando las normas de tránsito y la prudencia básica. Muchos circulan sin neumáticos en buen estado, sin luces reglamentarias y con un estilo de conducción temerario. Ante esta realidad, se requiere un programa integral en colaboración con sindicatos, empresas de transporte y organizaciones con flotillas de vehículos. Estas entidades deben comprometerse a cooperar para implementar gradualmente los requerimientos de la ley.
Propuesta para la revisión técnica vehicular. En cuanto a la revisión técnica vehicular, propongo que las aseguradoras asuman un papel proactivo certificando la inspección de los vehículos bajo sus pólizas complementarias. Esto es viable, ya que estas empresas tienen un interés directo en reducir los accidentes. Sin embargo, esto requiere un acuerdo con la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar) para que adapten sus procesos a los requisitos del Intrant.
El desmonte irresponsable del Pemus. El gobierno anterior había implementado un Plan Estratégico de Movilidad Urbana Sostenible (Pemus) con vigencia de 2017 a 2030. Este plan fue descontinuado por la administración actual, una acción que constituye una grave violación a la continuidad del Estado. Esta decisión ha generado una crisis en la movilidad urbana y rural, incrementando los costos en vidas humanas y bienes materiales.
En lugar de eliminar el plan, el gobierno debería haberlo revisado para realizar ajustes necesarios. Sin embargo, la demagogia y la falta de capacidad gerencial de los funcionarios han conducido a esta incongruencia, afectando gravemente al país.
Pactos vacíos y falta de acción. Los acuerdos y pactos firmados por los funcionarios sobre asuntos que ya están contemplados en las leyes no son más que gestos populistas que buscan desviar la atención de sus deficiencias. Un ejemplo es el acuerdo firmado por el Presidente y el director del Intrant en noviembre pasado, que generó titulares llenos de falsas esperanzas, pero sin resultados concretos.
Mientras tanto, nuestra gente sigue muriendo y sufriendo lesiones en nuestras carreteras y calles. La falta de voluntad política para ejecutar planes efectivos, incluso de manera paulatina, demuestra la incapacidad del Estado para abordar esta crisis. Es necesario actuar con urgencia, comenzando con medidas de impacto inmediato como las propuestas aquí y en otros artículos.
