El 2 de abril de 2025 comenzó como cualquier otro día para Mariela (Mari) Montero. A las 4:00 de la mañana, vio a su esposo, Luis Miguel Bonifacio, de 39 años, alistarse para salir en su pasola hacia el trabajo en una planta de gas, mientras ella preparaba la comida. Se despidieron con la naturalidad de quienes esperan volver a verso tras la jornada laboral. Pero ese «hablamos ahorita», acompañado de un beso, se convirtió, sin saberlo, en el último.
Según relata su esposa, alrededor de las 2:30 de la tarde, hora en que él solía pasar a recogerla al trabajo, recibió la llamada que cambiaría su vida: Luis había sido atropellado y abandonado por el conductor responsable, en la avenida República de Colombia, en el Distrito Nacional. Aunque fue auxiliado por terceros, falleció ocho días después, dejando huérfanos a tres niños.
“La persona que lo chocó debía ser más humana y socorrerlo” , expresó Mari, aún marcada por el dolor y la indignación.
La muerte de Luis forma parte de las 2,976 víctimas fatales registradas en el asfalto dominicano durante 2025 , equivalente a un promedio de ocho fallecidos diarios por accidentes de tránsito terrestre. Más del 80% de las víctimas son hombres y cerca del 60% jóvenes entre 15 y 39 años, lo que evidencia el impacto socioeconómico y sanitario de la inseguridad vial en República Dominicana.
Más allá del impacto macroeconómico, estas muertes dejan una estela de orfandad, duelo y hogares en situación de vulnerabilidad. La pérdida de jefes de familia y padres jóvenes deja a miles de niños en desamparo, mientras la sociedad enfrenta un aumento de lesionados, discapacitados y secuelas emocionales. Expertos consultados por elDinero coinciden en que, pese a la reducción de muertes por accidentes de tránsito en un 4,4% respecto a las 3,114 víctimas mortales de 2024, el país se encuentra ante una crisis social, en la que la inseguridad vial no sólo arrebata vidas, sino que también erosiona el tejido familiar.
Durante el período 2016 a mayo de 2026, en el país se registraron al menos 30,522 muertes por siniestros viales , de acuerdo con datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial ( Opsevi ), del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) . En 2025 la tasa de mortalidad se situó en 27.2 por cada 100.000 habitantes. El 36.9% de las muertes ocurrieron los multas de semana (1,103 casos), mientras que el 48.5% se produjo en horario nocturno, principalmente en carreteras y avenidas. El 74% de los fallecidos se desplazaba en motocicleta (1,945 víctimas). En mayo de 2026, la cifra de fallecidos se situó en 705.
El ingeniero Arturo del Villar, rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) , atribuyó la alta siniestralidad vial en el país al crecimiento del parque vehicular, que pasó de 3.6 millones de vehículos en 2015 a 6.6 millones en 2026, la falta de un sistema de transporte público eficiente y el incumplimiento de las normas de tránsito debido a la escasa fiscalización. Según explicó a elDinero , en el país “no hay respeto por las leyes de tránsito porque no existen consecuencias severas” .
De su lado, el ingeniero Joel Gneco Gross, director de Tránsito y Vialidad de Intrant , coincidió en entrevista con elDinero que esta nación enfrenta un problema estructural de seguridad vial, marcado por el exceso de velocidad, la conducción imprudente, la baja fiscalización y una cultura vial aún débil. Explicó que los siniestros de tránsito no son hechos inevitables, sino consecuencia de factores como el irrespeto a las señales, el consumo de alcohol al conducir , las maniobras riesgosas ( carreras ilegales de motor) y el uso deficiente del casco protector .
Por su parte, Víctor González Germán, ingeniero civil experto en transporte , señaló que el problema del transporte es altamente complejo, ya que involucra infraestructura, vehículos, usuarios y autoridades. El profesor de investigación del Intec aseguró que los estudios realizados por esta institución muestran que alrededor del 70% de los accidentes involucran a motocicletas.
Las provincias Santo Domingo , Santiago, San Cristóbal , La Altagracia y La Vega concentran la mayor cantidad de muertes por siniestros viales en el país, según el Opsevi. Esta plataforma integra datos sobre fallecidos, lesionados y causas de la siniestralidad vial de diversas instituciones del sistema de tránsito, salud y emergencias, y está respaldada por la Ley núm. 63-17 sobre movilidad y seguridad vial , así como por el Reglamento Orgánico del Intrant (Decreto núm. 177-18).
De hecho, la siniestralidad vial en el país es tan elevada que llegó a superar las muertes provocadas por la pandemia del covid-19 . De acuerdo con estadísticas del Opsevi, entre 2020 y 2022 la pandemia dejó 4,384 fallecidos , mientras que los accidentes de tránsito cobraron 8,599 vidas , un 96% más.
Hernán Paredes, presidente del Sistema Inteligente de Transporte Dominicano (ITS-Dominicana) y exdirector del Opsevi del Intrant , calificó de alarmante la situación de la seguridad vial en el país.
“Tenemos la tasa más alta de muertes por accidentes de tránsito en Latinoamérica y la segunda más alta del mundo, según la Organización Mundial de la Salud”, citó . Indicó que las cifras equivalen a unos 3.000 fallecimientos al año, para un promedio diario de ocho muertes.
Paredes recordó un informe de la ONU sobre la guerra en Ucrania en el que se señalaba que allí morían, en promedio, seis civiles al día.
“ O sea, esto, en República Dominicana, es más que una guerra” , expresó a elDinero. Sin embargo, cuestionó que la seguridad vial nunca haya sido una prioridad en el presupuesto nacional.
“Uno de los mayores intentos por abordar esta problemática de manera integral y científica fue la Ley 63-17 de movilidad , pero, en los nueve años que lleva vigente, diría que ni siquiera un 50% se ha implementado en las calles ”, lamentó el también ingeniero civil.
Impacto al bolsillo de los hogares y sistema de salud
Los accidentes de tránsito representan un costo anual de aproximadamente US$3,000 millones para República Dominicana, equivalente al 2.21% del producto interno bruto (PIB), según explicó Benoit Lefevre, especialista líder en la División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país. A esto se suma el impacto de la congestión vehicular, que incrementa el consumo de combustible, reduce la productividad y genera sobrecostos logísticos que, en países con contextos similares, pueden alcanzar entre el 2% y el 4% del PIB.
Lefevre señaló que esta situación provoca pérdidas directas de productividad y capital humano , además de aumentar la presión sobre el gasto público en áreas como salud, subsidios y servicios operativos. También afecta la competitividad urbana, al generar ciudades menos eficientes para responder a las necesidades de la población.
“Aunque los ciudadanos asumen gastos individuales como combustible, pasajes y mantenimiento vehicular, el sistema produce costos colectivos relacionados con contaminación, congestión, largos tiempos de traslado y saturación de los servicios públicos, lo que evidencia la necesidad de mejorar el modelo actual de movilidad”, expresa Lefevre a elDinero.
Los hospitales traumatológicos Darío Contreras y Ney Arias Lora se han convertido en los epicentros de esta pandemia vial. El doctor Andy De León Valenzuela, director general del Hospital Dr. Darío Contreras , señala que los accidentes de tránsito constituyen un problema social que sitúa al país entre las naciones con mayor índice de siniestros viales, con una repercusión directa tanto en el núcleo familiar como en los costos económicos derivados de la atención a los pacientes lesionados.
“Si un paciente ingresa a una unidad de cuidados intensivos, el gasto diario resulta bastante elevado para el hospital y para la Red Nacional de Trauma. A esto se suma el costo de las intervenciones quirúrgicas o de las lesiones permanentes que pueda sufrir el afectado. Todo esto implica una gran cantidad de recursos que el Estado dominicano debe destinar para enfrentar este grave flagelo: los accidentes de tránsito, que generan lesiones de alto impacto económico”, resaltó De León a el Dinero.
En promedio, reciben entre 175 y 230 pacientes por día. Durante los feriados, la cifra aumenta, y el 76% de los casos corresponden a pacientes involucrados en accidentes de motocicleta, detalló el médico, mientras que el médico indicó que la mayoría queda con secuelas permanentes, según el doctor Jonathan Lara, subdirector médico.
Asimismo, el doctor Víctor Rosario Suaso, director general del Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora , especifica que diariamente a la emergencia de este centro de salud llegan entre 150 y 200 pacientes, de los cuales más del 80% corresponden a accidentes de vehículos de motor. De ese porcentaje, entre 10 y 15 presentan componentes de gravedad, producto de trauma craneoencefálico, fracturas graves de pelvis y traumas abdominales cerrados. Estos pacientes son intervenidos varias veces para garantizarles la vida”.
“Los accidentes de tránsito vienen a crear un problema extremadamente grave, no solamente para este hospital, sino para la nación, producto del crecimiento que ha tenido el parque vehicular. Nosotros recibimos aquí una cantidad considerable de pacientes, pero en los últimos meses, gracias a las acciones que se están tomando desde directrices superiores eso ha ido mermando un poco, aunque todavía el impacto no se puede medir”, precisó Rosario en entrevista a elDinero.
Desde el punto de vista del impacto económico, subrayó que al hospital le es muy costoso este tipo de pacientes, porque la mayoría consume materiales, medicamentos, hospitalización, cirugías y muchas veces implantes que son de muy alto costo. Detalla que el costo promedio por paciente asistido sólo por emergencia y despachado supera los RD$250,000 y RD$300,000 . En tanto, un paciente que va a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) supera el RD$1 millón o RD$1.2 millones por día. Solo en el último trimestre de 2025, este hospital exoneró o cubrió servicios de salud a la población por más de RD$200 millones.
“Si nosotros no tuviéramos el apoyo de las diferentes ARS (administradoras de riesgos de salud) que tienen los pacientes, entonces tendríamos una carga todavía mucho mayor”, destacó el director del Ney Arias Lora.
No obstante, tanto De León como Rosario resaltaron que la directriz del Gobierno Central, a través del Servicio Nacional de Salud (SNS) que dirige el doctor Julio Landrón, es que todo paciente que acuda al hospital tenga o no tenga, se le dé la atención oportuna. ¨Los pacientes politraumatizados también tienen un costo elevado en nuestros hospitales y el Estado y el SNS y el seguro subsidiado está cubriendo eso¨, expresó el director del Darío Contreras.
De acuerdo con cifras del portal Datos Abiertos del hospital Dr. Ney Arias Lora, de las 34,589 emergencias registradas en este hospital durante el 2025, el 36.6% corresponde a accidentes de tránsito, con 12,666 pacientes. De esa cantidad, el 97.8% sufrió traumas o heridas, con 12.511 personas.
El 23 de marzo de 2025, Fernando Arturo de la Rosa, alias Trator , de 36 años, cuenta la mezcla de ingesta de alcohol y conducir un motor casi le cuesta la vida a bordo de un motor. “No recuerdo el accidente, solo cuando me desperté en el hospital”, narra De la Rosa a elDinero. Su recuperación, incluida una cirugía, costó alrededor de RD$3 millones, gracias al apoyo económico de su padre.
En el bloque quirúrgico del hospital Ney Arias Lora se realizan diariamente entre 20 y 35 cirugías relacionadas con accidentes de tránsito, según explicó Juan Francisco del Orbe, encargado del área. Del total de pacientes intervenidos, alrededor del 60% corresponde a casos ambulatorios y el 40% a pacientes hospitalizados. Solo en la jornada de este día había 24 personas programadas para cirugía, la mayoría con edades entre 20 y 45 años.
Del Orbe señaló que siete de cada 10 accidentes atendidos involucran motocicletas, mientras que el resto corresponde principalmente a vehículos privados y, en menor proporción, peatones atropellados. Además, destacó que la mayoría de los pacientes son hombres, reflejando el fuerte impacto que los accidentes de motor tienen sobre la población masculina joven y en edad productiva.
El director general del Ney Arias indicó que entre un 5% y un 10% de los pacientes graves por accidentes de motocicletas llega a presentar discapacidad física, debido a que el trauma afecta la cabeza o la columna vertebral. “Cuando no son mortales, derivan en patologías discapacitantes”.
Tal es el caso de Manuel Antonio Ureña, de 40 años , cuya vida cambió drásticamente hace unos 19 años tras sufrir un accidente de tránsito. Pasó de ser una persona con todas sus facultades físicas a recibir un diagnóstico severo: hemiplejia espástica , una forma de parálisis cerebral que afecta un solo lado del cuerpo y provoca rigidez muscular (espasticidad) y debilidad, generalmente en el brazo y la pierna.
Con dificultad para hablar producto del trauma, Manuel relata que, mientras residía en Santiago, viajó a Puerto Plata junto a unos amigos. Una vez allí, se desmontó de un vehículo privado y, mientras cruzaba la calle en estado de embriaguez, fue impactado por una jeepeta. El accidente ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche y lo dejó tendido sobre el asfalto frío hasta que fue auxiliado por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.
Su tía, conocida como Nena, quien actualmente está a cargo de su cuidado en Santo Domingo, recuerda que Manuel permaneció casi tres meses en la UCI. “Pensábamos que lo perderíamos, porque constantemente querían desconectarlo, pero pudimos evitarlo. Su madre era enfermera y prácticamente se mudó al hospital. Fue muy difícil para toda la familia; sin embargo, mi hermana tuvo la posibilidad de permanecer junto a él, porque de lo contrario lo hubieran desconectado”, recuerda.
Hoy, Manuel lamenta no haber escuchado el consejo de su madre de no salir aquella noche. A pesar de depender completamente de terceros para realizar tareas cotidianas como comer, bañarse, caminar largas distancias o vestirse, agradece seguir con vida.
Toma área de la autopista Duarte, la carretera con mayor cantidad de muertes en República Dominicana. Video: elDinero.
El Estado dominicano, a través del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales ( SISALRIL ), implementa el Fondo Nacional de Atención Médica por Accidentes de Tránsito ( FONAMAT ), destinado a cubrir los gastos médicos de emergencia de los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS) de los regímenes Contributivo y Subsidiado afectados en accidentes de tránsito no laboral. La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) recordó que las víctimas cuentan con cobertura de hasta RD$1,300,000 en clínicas y hospitales, y que ningún centro de salud puede negarles atención ni exigir pagos por adelantado antes de estabilizarlas.
Entre el sustento y la tragedia: las motocicletas dominan las vías y las cifras de muerte en RD
Según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), al 2025 el país cuenta con 3,8 millones de unidades de motores, equivalente al 57,9% del total del parque vehicular. Es decir, que por cada dos dominicanos adultos que residen en esta nación hay una motocicleta. De esa cantidad, en el Gran Santo Domingo hay más de 111,090 dedicadas al transporte de pasajeros (movilizando 1.6 millones de pasajeros diarios ), 15,362 mensajeros y cerca de 30,000 conductores trabajando en plataformas de entrega, una actividad que creció 85.2% desde 2019, según Afamoto.
Darío Lama, presidente ejecutivo de Afamoto , indicó a elDinero que en 2019 la importación de motocicletas era de 164,154, mientras que al cierre de 2024 alcanzaba las 293,699. O sea, que aumentaron un 78,9%, colocando el promedio de importación anual de 196.471 con un aporte al fisco de US$97 millones, mientras que proyecta que para este año alcance las 200.000.
Sin embargo, ese crecimiento también ha venido acompañado de una crisis de seguridad vial. Las motocicletas representan el 87.5% de las muertes por accidentes de tránsito registrados en 2025, de acuerdo con el Opsevi. Solo hasta mayo de este año se contabilizaban 30.826 lesionados en siniestros viales a nivel nacional, de los cuales el 70,4% eran hombres. La combinación de informalidad, imprudencia y falta de educación vial mantiene a los motociclistas como las principales víctimas de la tragedia en las carreteras dominicanas.
Clinton Tavárez, de 30 años , salió de su casa rumbo al trabajo como cualquier otro día. Había hecho algunos viajes de Uber más temprano, se bañó, comió y tomó su motor, a alta velocidad, para dirigirse a una bomba de combustible donde trabaja. Pero en plena autopista Duarte, cerca de la 1:15 de la tarde, una yipeta giró de manera imprudente. Hoy, casi siete meses después, sigue recuperándose de varias cirugías por fracturas en la tibia y el peroné, además de arterias y tendones desgarrados. Él forma parte de los 144.276 lesionados en 2025, que han visto, además, mermar sus ingresos.
El ingeniero Gneco Gross señaló que las motocicletas tienen un peso determinante en la alta siniestralidad del país debido a su vulnerabilidad física y al crecimiento acelerado de este medio de transporte sin una regulación, formación y fiscalización suficiente. Indicó que muchos automovilistas utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo y sustento, pero sin pasar por procesos formales de capacitación y licenciamiento , por lo que insistió en fortalecer el uso del casco homologado , el registro y el ordenamiento del sector.
Cada fin de semana, las emergencias de los hospitales traumatológicos del país se convierten en escenarios de una lucha constante por salvar vidas marcadas, principalmente, por accidentes de motocicletas. La doctora Laura Tejada, cirujana especialista en trauma y cuidados críticos , asegura que cerca del 80% de los pacientes que reciben llegan por accidentes de tránsito y, de ese porcentaje, alrededor del 70% involucra motocicletas. “Los motores se han convertido en un problema nacional”, advierte Tejada a elDinero.
De su lado, el doctor Isidro Rodríguez, emergenciólogo y coordinador de Emergencias del Hospital Dr. Ney Arias , explica que el panorama se ha mantenido prácticamente igual durante la última década. El hospital atiende entre 100 y 115 pacientes diarios, cifra que aumenta los fines de semana y días festivos. Más del 90% de los casos corresponden a traumas por accidentes, siendo los jóvenes entre 18 y 40 años las principales víctimas. Fracturas múltiples, traumas craneales y lesiones graves forman parte de la rutina diaria del médico personal.
Ambos especialistas coinciden en que gran parte de los accidentes son prevenibles y están ligados a la imprudencia y la falta de educación vial . Para Tejada, República Dominicana enfrenta una verdadera crisis de salud pública.
“Cuando un país figura entre los de mayor mortalidad por accidentes de tránsito, estamos hablando de una epidemia”, sostiene la doctora Tejada.
Los médicos insisten en que sin educación vial y un régimen de consecuencias efectivas, las salas de emergencia seguirán llenándose de víctimas de motocicletas cada fin de semana.
Para muchos ciudadanos conducir o caminar por las aceras de las principales avenidas del Gran Santo Domingo se ha convertido en un acto de valentía. Un reciente estudio realizado por la Fundación Movilidad Vial Dominicana (Movido) reveló que el 58% de los ciudadanos considera que la falta de fiscalización en las vías públicas ha contribuido al incremento de conductas temerarias y agresivas en el tránsito del Distrito Nacional.
La investigación, enfocada en medir los niveles de miedo, inseguridad y vulnerabilidad en las calles, arrojó además que el 96% de los encuestados siente temor, inseguridad o miedo a represalias al desplazarse por las vías públicas, principalmente por conductas intimidatorias atribuidas a motociclistas, que representan el 57% de parque vehicular dominicano con alrededor de 3.8 millones de unidades.
Al respecto, el presidente ejecutivo de Afamoto afirmó que restringir la importación de motocicletas no resolverá la crisis de seguridad vial que vive el país . A su juicio, la verdadera solución pasa por hacer cumplir las leyes vigentes, fortalecer la fiscalización y garantizar que solo circulan motocicletas debidamente registradas y conducidas por personas aptas y con licencia. “La solución es que la ley se cumple de manera estricta”, enfatizó Lama, a elDinero.
Lama señaló que muchos accidentes ocurren por violaciones constantes a la normativa, como transitar en aceras, elevados o en vía contraria. Además, recordó que el Decreto 420-23 ya establece quiénes pueden importar y comercializar motocicletas, por lo que insistió en que las autoridades deben enfocarse en aplicar las regulaciones existentes y agilizar los procesos relacionados con placas y matrículas.
“No es necesario prohibir la importación de motocicletas; lo que hace falta es regular y fiscalizar”, subrayó Lama, al advertir que una prohibición afectaría tanto al mercado formal como a millas de familias que dependen de este sector para su sustento y movilidad diaria.
También indicó que la motocicleta sigue siendo uno de los principales medios de transporte y trabajo para gran parte de la población dominicana.
Durante el período 2018-2020, la Digesett impuso 2.431.590 infracciones, siendo el año 2019 en cual se registra la mayor cantidad, llegando a superar el millón inclusive. La mayor proporción de infracciones correspondió a las del no uso del casco protector en motocicleta con aproximadamente un 26%.
En tanto, la directora ejecutiva de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave), Yris Nelsi González , afirmó a elDinero que la reducción de los accidentes de tránsito en el país no depende de crear nuevas normativas, sino de hacer cumplir las disposiciones ya contempladas en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial . Señaló que el principal desafío es garantizar que todo conductor posea licencia válida, seguro obligatorio, matrícula y placa, así como fortalecer el régimen de sanciones y la fiscalización de motocicletas que circulan de manera irregular.
González sostuvo que uno de los ejes fundamentales para disminuir las fatalidades es la implementación efectiva de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) , contemplada en la legislación desde 2017. Explicó que estas evaluaciones permitirían verificar las condiciones técnico-mecánicas y las emisiones contaminantes de vehículos de dos, tres y cuatro ruedas, con revisiones periódicas según el tipo de uso. Acofave también aboga por que las inspecciones sean realizadas por entidades independientes, sin vínculos con el sector automotriz, para garantizar transparencia y credibilidad en las certificaciones.
La ejecutiva advirtió que el incumplimiento de las normas sigue agravando la crisis vial del país. Insistió en que las autoridades deben reforzar los controles sobre motocicletas sin documentación y sobre vehículos de carga que operan en malas condiciones o exceden los límites permitidos de peso y volumen , debido al alto riesgo que representan en las carreteras.
“Nuestro país necesita cumplir con su Ley de Tránsito y de Seguridad Vial 63-17. (…) Lo primero es cumplir con la ley: el que importa, el que comercializa el motor, el que conduce el motor y las autoridades fiscales”, expresó González, al subrayar que la seguridad vial solo mejorará mediante la aplicación estricta de la normativa y la supervisión de las condiciones técnico-mecánicas y de los motores que circulan en las vías públicas.
Al respecto, Gross señala que hay que intervenir puntos críticos, reducir velocidades en zonas urbanas sensibles, fortalecer la licencia por puntos, automatizar fiscalización , mejorar señalización , ordenar motocicletas y transporte público, y usar datos para priorizar dónde actuar primero.
Además, desde Intec desarrollaron investigaciones y simulaciones de tráfico para identificar puntos críticos de accidentes en zonas como Santiago, La Vega, Cotuí y la autopista Duarte, aunque varias de estas propuestas no fueron implementadas por las autoridades de gobiernos anteriores.
De su lado, Hannel Reynoso, usuario de motocicleta, propone la creación de “ciclomotos” en las principales avenidas del país como una forma de evitar los rebases entre motocicletas y automóviles.
“El motorista no tiene las mismas condiciones que los demás conductores, ya que está expuesto constantemente al sol, la lluvia y otras inclemencias. Si aquí existiera mayor conciencia sobre eso, como ocurre en otros países donde hay carriles exclusivos para motocicletas, la situación sería diferente. Aquí, en cambio, al motorista se le exige que no transite entre los carros porque puede llevarse los espejos.
Cita que, por ley, el motorista ocupa el mismo espacio que un automóvil; es decir, tendría que colocarse detrás de un vehículo, algo que no siempre es práctico por los factores que mencioné. Además, el conductor que viene detrás puede desplazarse a alta velocidad y atropellarlo. A esto se suma la alta congestión vehicular en horas pico”, expresó al ser consultado por elDinero.
Secuelas emocionales, heridas invisibles de los accidentes.
Reynaldo Germosén tenía 16 años cuando participó en una excursión escolar del colegio Juan Pablo Duarte, de Los Alcarrizos, en Santo Domingo, hacia Jarabacoa, en 2002. El viaje terminó en tragedia cuando el autobús en el que viajaban más de 40 estudiantes y profesores cayó por un precipicio en la zona conocida como El Codo o “la curva de la muerte”, presuntamente porque el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol. Más de 20 personas murieron, entre ellas su novia.
Él sobrevivió con graves heridas en la cabeza, el rostro y el cuerpo y pasó entre 15 y 20 días inconsciente. Narra que al despertar en el hospital Darío Contreras, no reconocía ni a su madre. Con el tiempo, las secuelas emocionales fueron más fuertes que las físicas: sufrió ansiedad, trauma y rechazo hacia su imagen por las cicatrices que le dejaron el accidente.
Se aisló. Se esconde bajo capuchas, lentes oscuros, rastas y ropa ancha para evitar las miradas y los comentarios de la gente. “Muchos pensaban que yo era un delincuente, que me habían macheteado o que venía de una pelea ”, rememora sobre las cicatrices permanentes pese a varias cirugías estéticas. Cuando intentó regresar al colegio, también se enfrentó a “bullying” por su apariencia. Las burlas lo llevaron a abandonar el bachillerato y comenzar a trabajar desde adolescente para sostener a la familia que había comenzado a formar años más tarde.
La psicóloga clínica Nadieska Núñez de Nova señaló que los accidentes de tránsito dejan secuelas que van mucho más allá de las lesiones físicas, ya que afectan la salud mental, la dinámica familiar y la estabilidad económica de quienes sobreviven o pierden a un ser querido.
Indicó que las consecuencias psicológicas pueden variar desde y miedo persistente hasta trastorno por estrés postraumático, especialmente ansiedad en personas que experimentan riesgo de muerte, pérdida de familiares o discapacidades permanentes.
“Las secuelas no son solamente físicas. Muchas veces el impacto emocional permanece, aunque las heridas visibles hayan sanado”, afirmó el especialista a elDinero, al insistir en la importancia de incluir la salud mental dentro de los procesos de recuperación de las víctimas.
La atención psicológica posterior a un accidente de tránsito en República Dominicana puede superar los RD$84,000, tomando en cuenta un promedio de 12 sesiones terapéuticas a RD$7,000 cada una , según explicó la psicóloga clínica de Nova. Advirtió que muchas víctimas enfrentan esta carga económica mientras también deben costar cirugías, medicamentos, terapias físicas y procesos de rehabilitación.
La psicóloga demostró que el país mantiene una deuda pendiente en materia de atención psicológica para sobrevivientes de accidentes de tránsito, debido a las limitaciones económicas de las familias y la baja cobertura de las ARS para terapias prolongadas. Además, pidió fortalecer los servicios públicos de salud mental y garantizar el acompañamiento integral tanto para las víctimas como para sus familiares.
Mari, indica que desde la muerte de su esposo la casa ya no es la misma. El ruido cotidiano se transformó en ausencia. Mari enfrenta sola la crianza de sus tres hijos —de 13, 8 y 3 años—, mientras intenta reconstruir una rutina que ya no encaja. Los niños preguntan, recuerdan, lo nombran. “Ellos lo mencionan a cada rato… lo extrañan”, menciona.
La pérdida no se limita al duelo. También alcanza lo material, lo que estaba por venir. Habían comprado un solar. Querían construir su casa.“Queríamos construir nuestra casa… hoy es un sueño que se esfumó”. La vida ahora transcurre en casa de su madre. Los ingresos no alcanzan. Las prioridades cambiaron. Incluso los pequeños tuvieron que dejar prácticas de béisbol. “Apenas alcanza para lo más básico”, expresa Mariela, viuda.
Pero es en los detalles donde la ausencia se vuelve más punzante. En lo cotidiano. En lo simple. Un antojo, una frase, un recuerdo inesperado. “Mami, tengo deseo de una comida de la que hacía papi”, rememora con profunda tristeza sin la esperanza de saber realmente las circunstancias en la que falleció su pareja por más de 16 años.
Infracciones, impunidad y choques: el círculo vicioso del tránsito en RD
Las infracciones de tránsito continúan evidenciando las debilidades de la seguridad vial en República Dominicana. Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE), con datos del Intrant, el 32.5% de las violaciones registradas en 2024 correspondió a conductas de alto riesgo , como conducir sin casco protector, transitar en vía contraria o circular por túneles y pasos a desnivel. También figuran manejar sin seguro (9,9%), sin licencia o con licencia vencida (8,8%), violar la luz roja (7,7%) y conducir sin luces o condiciones mínimas de seguridad (7,7%).
Entre 20224 y mayo de 2025, la Digesett registró 452,953 multas de tránsito en el país , según el portal de Datos Abiertos de la Institución. Asimismo, evidencia que el control del transporte de carga en las principales vías del país enfrenta un reto creciente. Entre 2018 y 2025, las multas por exceso de carga y dimensiones en vehículos pesados aumentaron de forma sostenida, alcanzando 8,335 sanciones en el último año, según registros de la Digesett.
Las consecuencias de estas imprudencias se reflejan diariamente en el Centro del Automovilista (CAA ), que recibe más de 100 reportes de choques al día a través de 17 aseguradoras , incluyendo Humano Seguros. Solo en abril de este año se registraron 4,300 actas de accidentes, un aumento interanual del 10%, y el 70% de los casos involucrados en motocicletas. Luis Torres, gerente general del CAA , advirtió a elDinero que muchos conductores abandonan la escena porque no tienen seguro y no temen sanciones. “Sin régimen de consecuencias esto seguirá generando violencia e impunidad”, afirmó.
La abogada y gerente de Operaciones del CAA, Yanaira García , explicó que las investigaciones se dificultan porque muchos vehículos no están legalmente traspasados y las direcciones registradas suelen ser incorrectas o inexistentes.
“Debe existir un verdadero régimen de consecuencias. Hay personas que se han acostumbrado a chocar y no asumir responsabilidades”, lamentó García, al señalar que muchas víctimas desisten de demandar debido al alto costo y la duración de los procesos judiciales.
Ante este panorama, Torres propuso legislar para impedir el traspaso de vehículos involucrados en accidentes cuyos conductores huyan de la escena , para obligarlos a responder ante las autoridades y completar el proceso legal. La iniciativa cobra relevancia debido a que más del 50% de los casos presentan fallas para localizar a los responsables por registros desactualizados o incompletos.
Tras ser atropellado en el puente Presidente Peynado, conocido como puente de Villa Mella, el panadero Sandy Cadette Colón fue trasladado por el 911 al hospital Ney Arias Lora junto a la persona que, según recuerda, lo impactó: un hombre caucásico de unos 50 años. Sin embargo, al acudir posteriormente a la Fiscalía de Tránsito para dar seguimiento a su caso, descubrió que el acta de la entonces AMET, hoy Digesett, identificaba como responsable a un joven de 25 años llamado Jacobo Villa, con quien sus abogados nunca lograron contactar.
Más de cinco años después del accidente, Sandy vive con una discapacidad motriz permanente y recuerda el largo proceso de recuperación que enfrentó: ocho cirugías, meses postrado en cama y casi tres años de consultas médicas constantes. Mientras tanto, su caso permanece atrapado en un “limbo judicial” marcado por inconsistencias y dificultades para identificar al verdadero responsable del hecho.
La magistrada Katerine A. Rubio, jueza de la Primera Sala del Juzgado de Paz de Tránsito del Poder Judicial , advirtió que cerca del 70% de los casos de tránsito que llegan a los tribunales involucran motocicletas, una situación que atribuye principalmente a la falta de educación vial ya la conducción temeraria. La jueza explicó que muchos conductores aprenden a manejar sin orientación adecuada y desconocen las normas básicas de circulación, lo que incrementa los riesgos de accidentes y lesiones graves.
Rubio señaló que el exceso de velocidad, la imprudencia y la conducción bajo efectos del alcohol figuran entre las principales causas de siniestros viales en República Dominicana. Indicó que, aunque la Ley 63-17 actualizó el marco legal del tránsito, el problema persiste por la ausencia de mecanismos preventivos y una débil cultura de respeto a las normas de conducción.
“Actualmente el Estado dominicano no tiene mecanismos efectivos de control para evitar que una persona ande conduciendo sin licencia y sin seguro”, expresó Rubio en entrevista concedida a elDinero.
De acuerdo con datos solicitados por el Dinero vía el Saip, en 2025 el Juzgado de Paz del Poder Judicial recibió 24,993 expedientes de asuntos de tránsito y 1,480 solicitudes de medida de coerción y apenas 219 condenas relacionadas a la Ley 63-17. La pena máxima en caso de accidente es de hasta tres años de prisión , partiendo de la no intención.
La magistrada sostuvo que endurecer sanciones no será suficiente para reducir los accidentes si no se fortalece la educación vial desde las escuelas y la capacitación de las autoridades encargadas de fiscalizar el tránsito. También parecía necesario mejorar la señalización y las condiciones de las vías para facilitar una conducción más segura.
“Tenemos que buscar la forma preventiva y esta forma preventiva viene a través de la educación vial, que es lo que actualmente en la República Dominicana hace mucha falta”, expresó Rubio, al insistir en que el país necesita una transformación cultural para disminuir la conducción imprudente y la alta siniestralidad vial.
De su lado, el juez suplente de tránsito de San Cristóbal, Edward Garabito, demostró que los accidentes causados por imprudencia, distracción y manejo temerario no deberían tratarse como faltas menores, sino con sanciones más severas que permitan frenar la crisis vial.
En la misma línea, Jhonattan Chevalier, director de Seguridad Vial del Intrant, reveló que en el país se emiten cerca de 1,4 millones de multas al año, pero apenas la mitad son pagadas. Según explicó a elDinero, esta situación refleja debilidades en el sistema de fiscalización y cobro, agravadas por la falta de mecanismos disuasorios y la prescripción anual de las multas.
Para revertir esta situación, el Intrant, bajo la dirección de Milton Morrison , presentó al Poder Ejecutivo una propuesta de reforma legal orientada a fortalecer el sistema de sanciones y cobro de multas, con el objetivo de garantizar un mayor cumplimiento de las normas y promover una cultura de respeto a la seguridad vial.
La entidad también planteó fortalecer el papel de las alcaldías en la gestión del tránsito , permitiéndoles colocar multas y utilizar policías municipales para apoyar la fiscalización vial. Para ello, propuso modificar la Ley 63-17 y redistribuir los ingresos por multas en partes iguales : 25% para la Procuraduría, 25% para el Intrant, 25% para las alcaldías y 25% para la Digesett.
Impacto al sector asegurador
La alta siniestralidad vial representa uno de los principales desafíos para las aseguradoras dominicanas , ya que entre el 65% y el 75% del costo técnico de las indemnizaciones del ramo vehicular se destina a cubrir accidentes de tránsito, sin incluir gastos administrativos, según explicó F Ranklin Glass, presidente ejecutivo de Cadoar. En los últimos tres años el ramo vehicular pagó RD$RD$46,900 millones por siniestros.
Solo en 2025, la siniestralidad total de todos los ramos ascendió a RD$62,170 millones, de los cuales el 26.2% correspondió al sector vehicular, equivalente a unos RD$16,300 millones.
El presidente ejecutivo de Cadoar indicó que la cobertura mínima del denominado “seguro de ley” ha quedado rezagada frente a la realidad actual. Precisó que los límites de cobertura oscilan entre RD$100,000 para motocicletas y RD$600,000 para autobuses públicos en casos de lesiones o muerte múltiple, montos que calificó como insuficientes para cubrir los costos reales generados por un accidente de tránsito. En ese sentido, señaló que una resolución reciente sobre el tema fue objetada y se espera que entre en vigencia en 2026 tras lograr consenso entre los sectores involucrados.
Glass también advirtió sobre la baja cobertura en el segmento de motocicletas, al destacar que apenas unos 345.000 motociclistas cuentan diariamente con seguro, cifra que representa menos del 10% del parque vehicular de motocicletas en el país. Asimismo, afirmó que más del 50% del problema de la siniestralidad está relacionado con la conducta de los conductores y las constantes violaciones a las normas de tránsito , por lo que indicó urgente impulsar un proceso de reeducación vial.
Adelantó que Cadoar, junto a la Fundación Movido , el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e Intrant , lanzará en mayo de 2026 un proyecto piloto de seguros para motociclistas que, por una cuota mensual de RD$350, ofrecerá cobertura integral contra robo, daños, gastos de salud, vida y responsabilidad civil, además de incluir programas de educación vial y licenciamiento. Asimismo, propone implementar el levantamiento de actas de tránsito “in situ” , con el fin de que las autoridades documenten los siniestros en el lugar de los hechos, como ocurren en otros países.
¿Amenaza al turismo dominicano?
El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Juan Bancalari , afirmó que el sector público y privado trabajan de manera conjunta para fortalecer la seguridad vial en el país, ante los desafíos que representan la alta siniestralidad.
Señaló a elDinero que, aunque la problemática no ha afectado hasta el momento la llegada de turistas a República Dominicana, sí representa una oportunidad para reforzar la educación vial, la capacitación y los protocolos de transporte turístico.
Bancalari destacó además la necesidad de garantizar que los vehículos destinados al traslado de visitantes operen con los permisos y condiciones de seguridad requeridas, en línea con las tendencias internacionales de mejora de la movilidad y prevención de accidentes.
Por su parte, el economista Huáscar A. Jiménez, presidente del Centro de Estudios de Turismo y Desarrollo Local (Cetdel), advirtió que la alta tasa de accidentes de tránsito representa un riesgo para la competitividad turística y la imagen internacional del país, especialmente en un contexto de diversificación de la oferta más allá del modelo de sol y playa.
Explicó que el turismo todo incluido reduce parcialmente la exposición a accidentes, ya que gran parte de la experiencia ocurre dentro de los complejos hoteleros. Sin embargo, modalidades como el turismo cultural, ecológico y de aventura requieren mayor movilidad por carretera, lo que aumenta la necesidad de fortalecer la seguridad vial.
“La seguridad vial debe asumirse como un componente estratégico para la sostenibilidad y competitividad del turismo dominicano”, expresó Jiménez, al señalar la necesidad de fortalecer la fiscalización, la infraestructura, la formación de conductores y la señalización vial para garantizar una movilidad más segura.
De hecho, el fundador del Grupo Puntacana, Frank Rainieri, ha señalado que aumentar el gasto promedio de los turistas requiere incentivar su desplazamiento fuera de los hoteles, algo que se dificulta cuando moverse por las vías representa un riesgo.
De su lado, Jorge Subero Medina, presidente ejecutivo de Cap Cana , expuso que el modelo de infraestructura y seguridad vial desarrollado en Cap Cana representa una referencia que podría replicarse en otras ciudades y polos turísticos de República Dominicana. Su planificación urbana basada en un “masterplan” integral ha permitido construir una red vial organizada, con baja densidad vehicular, servicios soterrados y sistemas tecnológicos que favorecen una movilidad más segura, eficiente y sostenible. Este enfoque demuestra que la seguridad vial no depende únicamente de sanciones o controles, sino también de una adecuada planificación territorial y del uso estratégico de la tecnología.
Uno de los aspectos más replicables es la incorporación de sistemas inteligentes de transporte para monitorear velocidades, gestionar flujos vehiculares y prevenir accidentes. Subero detalle que Cap Cana utiliza radares, cámaras de trazabilidad, reconocimiento de placas y herramientas de inteligencia artificial para fortalecer la seguridad física y vial. Además, la apertura de vías diseñadas sin cruces a la izquierda, junto con controles de acceso organizados y programas de educación vial, evidencia cómo la combinación entre infraestructura moderna, fiscalización y concienciación ciudadana puede reducir riesgos y mejorar la movilidad urbana.
La experiencia de Cap Cana también pone de relieve la importancia de integrar seguridad vial, sostenibilidad y calidad de vida dentro de una misma estrategia de desarrollo. El uso de centros de monitoreo, tecnologías de análisis de video y plataformas digitales para asistencia vial y control vehicular podría adaptarse en otras zonas urbanas y turísticas del país. Replicar este modelo requeriría inversión pública y privada, fortalecimiento institucional y una visión de largo plazo orientada a construir ciudades más ordenadas, seguras y resilientes frente al crecimiento del parque vehicular.
Otras soluciones integrales
El representante del BID afirmó que los corredores de autobuses representan una solución estructural para corregir problemas del transporte urbano en República Dominicana, como la fragmentación operativa, la competencia en las vías, la baja productividad y la alta siniestralidad. Explicó que el modelo combina mejoras en infraestructura, como carriles preferenciales y reorganización de rutas, con cambios en el esquema laboral de los operadores, quienes pasan de competir por pasajeros a recibir pagos por kilómetro recorrido.
“Los corredores son una política pública de alto retorno socioeconómico, al reducir costos sistémicos, mejorar la eficiencia del gasto público y contribuir a un sistema de transporte más seguro, inclusivo y sostenible”, asegura el representante del BID.
Asimismo, destacó que estas medidas permiten mejorar las condiciones laborales de los choferes, aumentar la disponibilidad de flota y ofrecer un servicio más seguro y eficiente para los usuarios. Añadió que el BID ha respaldado este proceso mediante el fortalecimiento institucional del Intrant, la estructuración del Fideicomiso de Movilidad y Transporte (FIMOVIT) y la reorganización de la OMSA, promoviendo modelos operativos más modernos y potencialmente electrificados.
Entre las soluciones planteadas tanto por Del Villar como Gonzáles figuran horarios laborales escalonados, recolección nocturna de basura, fortalecimiento del transporte público masivo y mayor participación del sector privado y académico. También se destacó el lanzamiento del Pacto Nacional por la Seguridad Vial , impulsado por el presidente Luis Abinader, cuyo objetivo es reducir en un 50% las muertes por accidentes de tránsito para 2030 mediante educación vial, fiscalización, reformas legales y colaboración público-privada.
De su lado, la organización Reducción de Siniestros Viales en la República Dominicana (Resevi-RD) propuso varias medidas para fortalecer la seguridad vial en la República Dominicana, entre ellas la creación de fiscales y juzgados de tránsito digitales con servicio 24 , el endurecimiento de las sanciones contempladas en la Ley 63-17, la formación de patrullas integradas por agentes de la Digessett y la Policía Nacional , así como la implementación de fiscalizadores civiles del Intrant. Además, planteó reforzar la educación vial, especialmente para conductores sin licencia y quienes violan normas como el respeto al semáforo y las aceras.
El ingeniero Gneco Gross afirmó que la nación debe adoptar un enfoque de “sistema seguro” en la gestión vial, diseñando vías, controles y normas que reduzcan el impacto de los errores humanos y eviten muertes en el tránsito. Señaló que las multas no bastan sin una fiscalización constante, basada en evidencia y acompañada de medidas como la licencia por puntos .
Asimismo, sostuvo que el país necesita una fiscalización más automatizada y menos discrecional, así como decisiones de infraestructura sustentadas en datos técnicos. Indicó que la reducción de la siniestralidad vial requiere una política sostenida que combine educación, tecnología , controles efectivos y obras que prioricen la seguridad y el respeto a la vida.
De su lado, el director general del hospital Darío Contreras considera necesaria la implementación de talleres de primeros auxiliares para estudiantes de bachillerato. Asimismo, esta propuesta podría extenderse a los conductores del transporte público.
De acuerdo con el informe “Respuesta posterior al accidente: apoyo a las personas afectadas por accidentes de tránsito” , de la Organización Mundial de la Salud, una encuesta realizada a conductores de mototaxis en la ciudad de Monte Plata, República Dominicana, reveló que dos tercios de los encuestados habían presenciado un accidente de tránsito y que el 41% había transportado a sobrevivientes.
Sin embargo, solo el 15.8% había participado alguna vez en un curso de primeros auxilios, mientras que el 84.5% manifestó interés en recibir capacitación si estuviera disponible.
En ese sentido, el doctor Ysmael Cruz Lluberes, jefe de Servicios Médicos Generales del hospital Darío Contreras , explicó que las primeras dos horas posteriores a un accidente son conocidas como las “horas doradas”, por lo que el tiempo transcurrido inmediatamente después de un siniestro puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
González consideró que la unificación tarifaria del transporte público incentivaría a los ciudadanos a utilizar el sistema integrado, al permitir traslados en autobús, teleférico y metro con un solo pago. Además, destacó que el transporte representa uno de los principales gastos de las familias dominicanas y valoró como positiva la integración de más corredores.
Innovación e Inteligencia Artificial
El presidente ITS-Dominicano aseguró que la crisis de seguridad vial en República Dominicana se debe principalmente a la falta de voluntad política y de recursos para aplicar medidas efectivas de prevención y fiscalización. Explicó que, aunque desde 2017 el país cuenta con una ley de movilidad y más de 20 reglamentos, aún existen debilidades en su ejecución.
Paredes señaló que el país necesita mayores inversiones en señalización, educación vial y herramientas tecnológicas . Entre las soluciones propuestas se mencionaron semáforos inteligentes, sensores, cámaras para detectar infracciones y sistemas de inteligencia artificial para monitorear el flujo vehicular en tiempo real . Paredes también destacó la importancia de integrar a expertos de distintas áreas, como urbanistas, economistas conductuales y representantes del sector motoconcho, para abordar el problema desde una perspectiva más amplia.
Los expertos coincidieron en la necesidad urgente de fortalecer la aplicación efectiva de la Ley 63-17, especialmente en aspectos como el control de velocidad, consumo de alcohol y uso obligatorio de cascos y cinturones de seguridad. Además, plantearon la importancia de mejorar la infraestructura vial y la señalización bajo criterios de “Sistema Seguro” y aplicando la economía conductual.
Asimismo, destacaron la necesidad de reforzar la educación y cultura vial desde edades tempranas , aumentar la capacidad de respuesta ante accidentes y ampliar el apoyo a las víctimas . También consideraron fundamental consolidar el rol del Intrant y garantizar un financiamiento sostenible para las acciones de seguridad vial.
Las soluciones más citadas por los expertos consultados por elDinero:
- Fortalecer la educación vial desde las escuelas y campañas permanentes de concienciación para conductores y peatones.
Impulsar una transformación cultural basada en el respeto a las normas de tránsito. - Aplicar un régimen de consecuencias más severas y efectivas para infractores reincidentes.
Los expertos consideran que la impunidad incentiva la conducción temeraria. - Automatizar la fiscalización con radares, cámaras y sistemas inteligentes de monitoreo vial.
La evidencia tecnológica permitiría reducir la discrecionalidad y mejorar el control. - Implementar plenamente la licencia por puntos contemplada en la Ley 63-17.
El objetivo es penalizar conductas peligrosas y retirar conductores reincidentes. - Fortalecer el uso obligatorio del casco homologado y cinturones de seguridad.
Las motocicletas concentran la mayoría de las muertes y lesiones graves. - Ejecutar la Inspección Técnica Vehicular (ITV) para verificar condiciones mecánicas.
La medida ayudaría a retirar vehículos inseguros y contaminantes de circulación. - Mejorar la señalización y rediseñar los puntos críticos de accidentes.
Especialistas plantean intervenir cruces peligrosos y reducir velocidades urbanas, aplicando la economía conductual. - Expandir corredores de autobuses y fortalecer el transporte público masivo.
Esto disminuiría la congestión, informalidad y competencia riesgosa en las vías. - Implementar tarifa integrada entre metro, teleférico y autobuses.
La unificación incentivaría el uso del transporte público formal. - Reforzar la regulación y fiscalización de motocicletas sin prohibir importaciones.
Expertos sugieren ordenar el sector y exigir licencias, placas y seguros. - Crear fiscales y juzgados de tránsito digitales con servicio las 24 horas.
La propuesta busca agilizar los procesos y reducir la impunidad en accidentes. - Levantar actas de tránsito en el lugar de los hechos (“in situ”).
Esto permitiría documentar mejor los accidentes y localizar a los responsables. - Impedir el traspaso de vehículos involucrados en accidentes cuyos conductores huyan.
La medida obligaría a responder ante las autoridades y víctimas. - Fortalecer la participación de alcaldías y policías municipales en la fiscalización vial.
Se busca descentralizar y ampliar la supervisión del tránsito. - Integrar inteligencia artificial, semáforos inteligentes y análisis de datos.
La tecnología ayudaría a monitorear flujos vehiculares y prevenir accidentes. - Desarrollar plan piloto con choferes de capacitación en primeros auxilios.
Las “horas doradas” posteriores al accidente pueden salvar vidas. - Ampliar la atención psicológica y rehabilitación para sobrevivientes y familias.
Expertos alertan sobre las secuelas emocionales y económicas invisibles. - Impulsar horarios laborales escalonados y recolección nocturna de basura.
Las medidas reducirían la congestión y mejorarían la movilidad urbana. - Fortalecer la implementación del Pacto Nacional por la Seguridad Vial 2025-2030.
La meta oficial es reducir en 50% las muertes por accidentes hacia 2030. - Cree “ciclomotos” en el centro solo para las motocicletas para evitar rebases.
- Replicar modelos urbanos como Cap Cana con tecnología y planificación vial.
El enfoque combina infraestructura moderna, monitoreo y movilidad segura.
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