En un contexto donde el lavado de activos se ha convertido en un tema relevante tanto para las autoridades como para el sector privado, República Dominicana enfrenta desafíos con la alta informalidad y el uso elevado de efectivo. En 2023, se registraron más de 6,000 operaciones sospechosas (ROS) ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), revelando la magnitud de un problema que trasciende el ámbito financiero.
Las implicaciones del lavado de activos no se limitan a las instituciones bancarias; sus efectos dañinos alcanzan en mayor medida a sectores como los casinos, las constructoras y los concesionarios de vehículos.
Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF, destacó en una entrevista con elDinero que estas áreas, junto a profesionales como abogados y con tasadores, son considerados sujetos obligados no financieros con un alto riesgo asociado a estas prácticas ilícitas.
A pesar de su contribución significativa a la economía local, generando cientos de empleos, estos sectores son vulnerables debido a sus operaciones en efectivo que facilitan la inclusión de fondos ilegales sin un control riguroso.
La Asociación de Casinos de Juegos (ADCJ) reportó que este sector aporta aproximadamente RD$3,211 millones anuales, con los casinos representando el 40% de esa cifra. Con 2,500 bancas deportivas y 70,000 loterías en el país, los casinos son responsables de una parte considerable de los tributos recaudados.
Guzmán Coste también subrayó que, aunque ha habido avances desde 2017 en la regulación de actividades y profesiones no financieras (APNFD), aún queda un largo camino por recorrer.
“Las APNFD, en general, siguen estando en la palestra con riesgos altos para ser utilizadas para la ilegalidad: casinos, constructoras, concesionarios de vehículos y, por último, los abogados, contadores y notarios, aunque no de manera tan preponderante. Sin embargo, sí siguen manifestándose en los nuevos niveles de riesgo”, recalcó la funcionaria.
Advirtió que “cualquier profesión o actividad puede ser utilizada para lavar dinero”, lo que plantea interrogantes sobre qué criterios determinan si una empresa o profesión es considerada sujeto obligado. La respuesta, indicó, radica en un ejercicio continuo de evaluación.
Otros sectores
Respecto al reporte de actividades sospechosas (RAS) de 2024, Guzmán Coste indicó que está en proceso y adelantó que las actividades más susceptibles al lavado de activos continúan siendo aquellas vinculadas a sujetos obligados no financieros que reportan directamente a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Aunque resaltó que “siempre el volumen, por el tamaño del sector y años de madurez”, recae mayormente en el sector financiero (banca, valores y un poco seguros).
La funcionaria también mencionó que este panorama podría cambiar. “En algún momento debe cambiar porque el universo de sujetos obligados no financieros es muy alto” y ha ido en aumento debido a la educación sobre los temas de prevención.
“Hemos recibido reportaría de calidad y hemos visto un incremento positivo en empresas constructoras. No lo esperado, pero sí hemos visto avances significativos en la erradicación del lavado de activos”, afirmó.
Guzmán Coste aclaró que cuando se incluye una profesión o actividad económica como sujeto obligado, es tras una evaluación pormenorizada y sectorial que determina su susceptibilidad para ser utilizada en actividades ilegales.
Manifestó que desde el 2023, la UAF, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, creó el Departamento de Ciberseguridad. “Ese es una novedad y un aporte que nosotros hemos hecho de cara a la importancia de la seguridad de la información en una institución en donde la “columna vertebral” es el manejo de la información”, resaltó Guzmán Coste.
Informalidad facilita lavado de activos
La alta informalidad, junto al elevado uso de efectivo en República Dominicana, continúan representando serios desafíos para el desarrollo económico del país, así como para la generación de mejores empleos y el acceso a la seguridad social.
Esta situación se convierte, además, en un riesgo significativo en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Así lo expresó Aileen Guzmán Coste, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), durante una reciente entrevista con elDinero.
“El manejo de efectivo es un problema que trasciende las fronteras de América Latina; es una preocupación global. En República Dominicana, el uso inadecuado del efectivo sigue siendo un tema crítico en materia de lavado de activos”, afirmó Guzmán Coste.
Para contrarrestar esta problemática, la funcionaria destacó la importancia de promover una mayor inclusión financiera, así como fomentar la bancarización y formalización de estas actividades económicas que son de mucho dinamismo en el país.
